Buenos Aires – Dos casos separados por más de una década muestran cómo registros producidos por ciudadanos, periodistas y organizaciones pueden reconstruir operativos de seguridad, identificar a sus protagonistas y aportar elementos que terminan llegando a juicio.
Dos episodios separados por más de una década muestran una transformación cada vez más visible en los procedimientos de seguridad: las imágenes tomadas por periodistas, ciudadanos y organizaciones ya no sólo permiten observar una intervención estatal, sino también reconstruirla después, contrastar versiones y, en algunos casos, aportar elementos que terminan incorporándose a causas judiciales. El comandante de Gendarmería Juan López Torales, conocido como el “gendarme carancho”, irá a juicio por un episodio ocurrido en 2014, mientras que también fue elevada a juicio la causa contra el prefecto Sebastián Emanuel Martínez por las gravísimas lesiones sufridas por un manifestante frente al Congreso en marzo de 2025.
Una cámara puede registrar apenas algunos segundos, pero cuando esas imágenes se conservan, se comparan con otros registros y son incorporadas a una investigación, pueden terminar reconstruyendo mucho más que una escena aislada y modificar de manera decisiva la forma en que se determina qué ocurrió, quién intervino y bajo qué condiciones se produjo una actuación estatal.
Eso es precisamente lo que aparece detrás de dos causas que alcanzaron ahora una instancia decisiva y que involucran a integrantes de fuerzas federales de seguridad.
Según informó Infobae, la Corte Suprema rechazó un planteo de la defensa del comandante de Gendarmería Juan López Torales, conocido públicamente como el “gendarme carancho”, y dejó despejado el camino para que sea juzgado por un episodio ocurrido durante una protesta de trabajadores de la autopartista Lear sobre la Panamericana en julio de 2014.
La causa pudo reconstruirse, en buena medida, porque la secuencia quedó filmada y las imágenes mostraron a López Torales corriendo hacia un vehículo y arrojándose sobre su capó, mientras posteriormente sostuvo que había sido atropellado. El conductor, Cristian Romero, terminó detenido y denunció haber sido golpeado por integrantes de Gendarmería.
Más de doce años después de aquel episodio, López Torales llegará al debate acusado de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia y falso testimonio.
Una cámara cambió la historia que podía contarse
El caso resulta especialmente significativo porque permite observar qué ocurre cuando el procedimiento estatal deja de quedar encerrado exclusivamente dentro del relato producido por quienes participaron institucionalmente de él y aparece un registro externo capaz de ser revisado por periodistas, abogados, organizaciones y tribunales.
Si aquella escena no hubiera quedado filmada, la discusión habría dependido mucho más intensamente de testimonios enfrentados entre el funcionario que afirmaba haber sido atropellado y el ciudadano que sostenía que el accidente había sido simulado para justificar su detención.
La existencia de imágenes introdujo una diferencia sustancial, porque permitió revisar una y otra vez la secuencia material del hecho y confrontar la versión sostenida por el agente con lo que mostraba el registro audiovisual.
En términos sencillos, el vigilado también había conseguido observar al vigilante.
Doce años después, la memoria documental sigue allí
Otro aspecto del caso merece atención porque el episodio ocurrió en 2014, atravesó procesamiento, revisiones judiciales, una elevación a juicio, planteos de prescripción y finalmente llegó hasta la Corte Suprema, mientras el registro audiovisual sobrevivió al acontecimiento que lo originó y continuó disponible como parte de la reconstrucción.
La protesta terminó, la Panamericana volvió a habilitarse y los móviles se retiraron, pero las imágenes permanecieron y conservaron capacidad para intervenir muchos años después en la discusión judicial sobre lo ocurrido.
Ésa es una de las transformaciones más importantes del escenario contemporáneo: un procedimiento estatal ya no necesariamente termina cuando concluye el operativo, porque puede continuar existiendo como archivo, prueba, reconstrucción periodística y memoria judicial durante largos períodos.
El prefecto Martínez: otra reconstrucción que terminará en juicio
El caso presenta una conexión evidente con otra causa que APROPOL Noticias abordó recientemente.
La jueza federal María Servini dispuso la elevación a juicio oral de Sebastián Emanuel Martínez, oficial de la Prefectura Naval Argentina acusado de disparar una lanzadora de gas pimienta contra un manifestante durante el operativo del 12 de marzo de 2025 frente al Congreso, provocándole la pérdida de la visión de un ojo.
Martínez quedó imputado por lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función.
Aquella jornada fue también la del ataque que dejó gravemente herido al fotógrafo Pablo Grillo y se convirtió posteriormente en uno de los ejemplos más claros de cómo fotografías, videos, imágenes aéreas y reconstrucciones independientes pueden comenzar a conectarse para reconstruir diferentes momentos de un operativo y avanzar desde el ejecutor visible hacia la estructura dentro de la cual actuó.
El trabajo publicado por elDiarioAR sobre la identificación de integrantes de las fuerzas federales muestra precisamente hasta qué punto periodistas y organizaciones civiles vienen reconstruyendo estas intervenciones mediante fotografías, filmaciones y registros producidos desde diferentes lugares. El medio señala que, ante la ausencia de identificaciones nominales oficiales en numerosos procedimientos, organizaciones civiles han ido poniendo nombres y estructuras institucionales detrás de actuaciones inicialmente visibles sólo como imágenes aisladas.
Ya no alcanza con preguntar quién estaba frente a la cámara
La transformación va incluso más allá de identificar al funcionario que aparece materialmente ejecutando una acción, porque una vez individualizado el agente la reconstrucción puede continuar hacia preguntas sobre la unidad a la que pertenecía, quién conducía el operativo, qué instrucciones había recibido, cuáles eran las reglas para utilizar determinado dispositivo, qué supervisión existió y qué ocurrió antes y después de la escena registrada.
El propio relevamiento de elDiarioAR muestra cómo la investigación social y periodística ha comenzado a reconstruir no sólo nombres de agentes, sino también jefaturas, dependencias, funciones y cadenas operativas alrededor de los procedimientos desplegados frente al Congreso.
Esto no significa que pertenecer a una cadena de mando convierta automáticamente a todos sus integrantes en responsables de una conducta individual, pero sí implica que la cámara ya no tiene por qué detenerse conceptualmente en el último uniforme que aparece dentro del cuadro.
De la filmación aislada a la reconstrucción colectiva
Durante años se habló del teléfono celular como un elemento capaz de “controlar” a la policía, aunque el fenómeno actual resulta bastante más complejo porque la potencia real del registro aparece cuando diferentes actores pueden conservar, comparar y conectar materiales inicialmente dispersos.
Un ciudadano puede registrar una escena, un fotógrafo obtener otro ángulo, un periodista conservar una secuencia anterior, una organización identificar uniformes, placas o posiciones, otro video permitir establecer horarios y un documento institucional aportar información sobre quién comandaba determinada unidad.
De ese modo, fragmentos originalmente independientes pueden comenzar a formar una secuencia inteligible.
El caso Pablo Grillo aceleró especialmente esta metodología de reconstrucción colectiva. Según el informe de elDiarioAR, organizaciones como Mapa de la Policía y el colectivo Áncora vienen utilizando imágenes y registros acumulados para identificar integrantes de distintos operativos, incluso detectando la presencia reiterada de determinados agentes en jornadas diferentes.
La diferencia central aparece cuando el registro deja de ser una simple imagen y comienza a convertirse en una reconstrucción.
El uniforme tampoco garantiza el monopolio sobre la versión de los hechos
Esto plantea un desafío profundo para las propias fuerzas de seguridad porque, durante mucho tiempo, una parte importante de la reconstrucción formal de un procedimiento dependía de actas, partes, comunicaciones y testimonios producidos por la misma institución que había intervenido.
Esos documentos siguen siendo indispensables, pero hoy pueden coexistir con imágenes que la fuerza no produjo, no conserva y no controla.
El caso del llamado “gendarme carancho” resulta especialmente ilustrativo en ese sentido, porque el funcionario sostuvo haber sido atropellado mientras existía un registro externo capaz de ser confrontado con esa versión.
La existencia de registros independientes tampoco debería ser interpretada automáticamente como una amenaza para el policía, ya que una filmación completa puede acreditar un abuso, pero también puede demostrar que un funcionario actuó correctamente o que una acusación omitía hechos ocurridos inmediatamente antes.
La trazabilidad puede comprometer al que actuó ilegalmente, pero también puede proteger al que actuó conforme a derecho.
El problema aparece cuando la mirada empieza a subir
La discusión se vuelve todavía más incómoda para el poder cuando la reconstrucción deja de preguntar únicamente quién ejecutó una conducta y comienza a examinar cómo se llegó hasta ella, quién definió el dispositivo, qué órdenes existieron y qué responsabilidades pueden corresponder a otros niveles de conducción.
En los operativos frente al Congreso aparecen agentes de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de la Ciudad, junto con responsables de unidades, comandos operativos y autoridades políticas.
El informe de elDiarioAR reconstruye parte de esa arquitectura e identifica responsables de distintos niveles de las fuerzas involucradas. También muestra que varios funcionarios aparecen reiteradamente en procedimientos desarrollados en fechas diferentes, algo que permite formular preguntas que una fotografía aislada nunca podría responder.
La responsabilidad penal continuará siendo individual y deberá probarse en cada expediente, pero la responsabilidad institucional exige mirar más lejos que el último ejecutor y reconstruir, cuando la evidencia lo permita, la secuencia completa de decisiones que rodeó la intervención.
El vigilado comenzó a producir su propio archivo
Los casos López Torales y Martínez tienen fechas, protagonistas y acusaciones diferentes, pero existe entre ambos una continuidad difícil de ignorar: la intervención estatal quedó registrada por actores externos y esos registros sobrevivieron al procedimiento, fueron utilizados para reconstruirlo y terminaron formando parte de causas que llegaron a juicio oral.
Es una modificación importante de la relación tradicional entre vigilancia y poder, porque las fuerzas de seguridad continúan observando, identificando, filmando y registrando ciudadanos, mientras los ciudadanos, periodistas y organizaciones también producen registros sobre quienes ejercen esas facultades.
Cuando esas imágenes pueden preservarse y conectarse con otras fuentes, la mirada comienza a recorrer el camino inverso, desde el manifestante hacia el agente, del agente hacia la unidad, de la unidad hacia la conducción y de la escena visible hacia las decisiones que contribuyeron a hacerla posible.
El viejo esquema en el que el Estado observaba mientras la sociedad era simplemente observada resulta cada vez menos suficiente para describir lo que ocurre en procedimientos que pueden quedar registrados desde múltiples ángulos y reconstruidos mucho después de que el operativo haya terminado.
El vigilante continúa vigilando, pero cada vez con mayor frecuencia debe asumir que él también puede ser observado, identificado y reconstruido por una sociedad que ya no depende exclusivamente de la versión institucional de los acontecimientos.
(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.
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