Un ex juez santafesino describe como funciona la “tortura judicial”

A un año de la renuncia de Santiago Banegas, las advertencias siguen vigentes y el sistema parece haber empeorado.

El exjuez penal de Santa Fe dejó el Poder Judicial después de casi 18 años de carrera y más de seis como magistrado. Un año después, en una extensa entrevista, volvió sobre las presiones, el uso expansivo de la prisión preventiva, los juicios abreviados y el deterioro de las garantías. Su relato obliga a revisar cuánto cambió realmente el sistema desde su salida.

Hace un año, Santiago Banegas dejó el Poder Judicial de Santa Fe después de casi 18 años de trayectoria, más de seis de ellos como juez penal. Su renuncia no fue presentada como un retiro cómodo ni como el cierre natural de una carrera, sino como la consecuencia de una acumulación de presiones, desacuerdos con el funcionamiento cotidiano de la Justicia y una sensación creciente de que el rol judicial se estaba alejando de aquello que él entendía como su función constitucional.

Doce meses después, Banegas volvió a hablar en el programa Inteligencia Artesanal que conducen los Dr. Lucas M. Richmond y Gabriel Roldan, donde describió un escenario que, lejos de haberse corregido, aparece para él todavía más deteriorado. Dijo que la presión sobre los jueces se acrecienta cada año y sostuvo que se pretende que los magistrados penales funcionen como “meros escribanos” del Ministerio Público de la Acusación, avalando prisiones preventivas, condenas y restricciones a la libertad sin ejercer con suficiente intensidad su función de control.

La frase puede sonar extrema, pero no proviene de un observador externo. Viene de alguien que pasó casi dos décadas dentro del sistema y que, cuando todavía era juez, había advertido sobre esas mismas prácticas.

La renuncia no resolvió aquello que la provocó

Banegas contó que llegó a un punto en el que ejercer la función judicial de la manera que consideraba correcta se había vuelto cada vez más difícil. En su relato, los jueces que insistían en respetar estrictamente la Constitución, las convenciones internacionales y las garantías procesales terminaban convertidos en una anomalía dentro del propio sistema.

El problema no era solamente jurídico, sino también político y mediático. Banegas recordó casos en los que decisiones judiciales impopulares derivaron en pedidos de juicio político, suspensiones y campañas públicas, y mencionó expresamente declaraciones del gobernador contra magistrados identificados como “garantistas”.

A un año de su salida, aquella discusión no parece haberse apagado. Por el contrario, el lenguaje político sobre la Justicia se volvió todavía más duro, las prisiones preventivas continúan ocupando un lugar central dentro del proceso penal y el debate sobre garantías suele quedar atrapado entre consignas simplificadoras: de un lado, la exigencia de respuestas rápidas; del otro, cualquier límite judicial presentado como indulgencia.

El resultado es un clima en el que respetar una garantía puede terminar siendo interpretado como una forma de debilidad.

La prisión preventiva como mecanismo de presión

Uno de los puntos más severos de la entrevista fue la descripción que Banegas hizo del uso de la prisión preventiva dentro del sistema acusatorio santafesino.

Según su experiencia, muchas investigaciones avanzan mediante una lógica en la que el imputado queda detenido desde una etapa temprana y esa situación termina condicionando posteriormente la aceptación de un juicio abreviado. En su explicación, cuanto mayor es el tiempo de encierro preventivo, mayor puede ser también la presión para aceptar una condena negociada y evitar el riesgo de recibir una pena significativamente superior en juicio.

La afirmación es grave porque toca uno de los puntos centrales del modelo acusatorio.

El juicio abreviado fue pensado como un mecanismo legítimo dentro del proceso penal, pero pierde buena parte de su sentido garantista si la negociación se realiza desde una situación de encierro prolongado que convierte la libertad en moneda de cambio.

Banegas lo explicó también al recordar una audiencia en la que decidió liberar a un imputado porque, después de nueve meses de prisión preventiva, la Fiscalía prácticamente no había avanzado en la investigación. Señaló que no podía mantener indefinidamente a una persona presa mientras el expediente permanecía en el mismo estado.

Ese episodio terminó convertido en uno de los momentos que fueron deteriorando definitivamente su vínculo con la función.

Cuando controlar al acusador se convierte en un problema

La arquitectura del sistema acusatorio supone una separación clara de funciones. El fiscal acusa, la defensa contradice y el juez controla.

Pero si el juez comienza a sentir que controlar a la acusación puede poner en riesgo su carrera, el equilibrio institucional se modifica profundamente.

Banegas relató uno de los episodios que precipitó su renuncia. Durante una causa en la que se habían ordenado allanamientos sobre estudios jurídicos y dispositivos electrónicos, él estableció condiciones específicas destinadas a preservar el secreto profesional y garantizar controles durante los procedimientos. Según contó, esas condiciones no fueron respetadas y, cuando intervino para frenar los allanamientos, recibió posteriormente información de que existían gestiones para lograr su destitución.

La denuncia sobre esas presiones pertenece a Banegas y deberá ser evaluada en los ámbitos correspondientes, pero el dato institucional es difícil de soslayar: un juez afirma haber sentido que cumplir una función de control sobre la Fiscalía podía costarle el cargo.

Ese es precisamente el escenario que una Justicia independiente debería evitar.

El punto de quiebre

Banegas también relató el impacto personal de aquellas circunstancias. Durante una audiencia en la que debía limitar la apertura de dispositivos electrónicos y establecer controles sobre la investigación fiscal, contó que terminó quebrándose emocionalmente porque sentía una presión “insoportable”. Al día siguiente presentó su renuncia.

No fue solamente una decisión profesional. Según explicó, la situación ya estaba afectando su salud y había llegado a necesitar medicación para dormir. Cuando presentó la renuncia, sintió un alivio inmediato.

El dato humano importa porque permite comprender algo que suele perderse cuando se discuten instituciones en abstracto: los sistemas también disciplinan a través del costo personal que imponen sobre quienes se apartan de una lógica dominante.

Un año después, el problema sigue siendo el mismo

Lo más preocupante de la entrevista no está necesariamente en cada caso particular mencionado, sino en la continuidad del diagnóstico.

Banegas sostiene que la Justicia penal santafesina se alejó progresivamente de su función contramayoritaria, aquella que obliga al juez a poner límites incluso cuando hacerlo resulta impopular. También advierte que el término “garantista” terminó convertido en una descalificación, cuando en realidad garantizar derechos debería constituir una condición elemental del ejercicio de la magistratura.

A un año de su renuncia, no aparecen señales claras de que aquel conflicto haya sido resuelto. El crecimiento del encarcelamiento preventivo, la centralidad de los procedimientos abreviados, la presión pública sobre decisiones judiciales y la confrontación política con magistrados que adoptan resoluciones impopulares continúan formando parte del paisaje institucional.

Incluso podría decirse que el problema se profundizó porque aquello que hace algunos años aparecía como una tensión excepcional comienza a normalizarse.

No se trata de jueces “blandos” o “duros”

La discusión tampoco debería quedar atrapada en esa falsa dicotomía.

Un juez no está para ser duro ni blando. Está para aplicar la ley, controlar la legalidad de la investigación y garantizar que nadie sea condenado sin pruebas suficientes.

Eso puede significar mantener detenida a una persona cuando existen fundamentos legales para hacerlo y también disponer su libertad cuando esos fundamentos desaparecen.

El problema comienza cuando la respuesta esperada deja de depender del expediente y empieza a estar condicionada por la reacción que esa decisión pueda generar en el gobierno, los medios o la opinión pública.

Banegas resumió esa preocupación al afirmar que un sistema penal incapaz de distinguir correctamente entre inocentes y culpables deja de ser justo.

La advertencia que quedó pendiente

La renuncia de Santiago Banegas pudo haberse leído hace un año como un episodio personal, una diferencia profesional o incluso una decisión individual frente a una función desgastante.

Hoy resulta más difícil hacerlo.

Su nuevo testimonio reconstruye una serie de hechos y prácticas que muestran que aquella salida formaba parte de una discusión institucional mucho más profunda sobre qué tipo de Justicia penal está construyendo Santa Fe.

Una Justicia fuerte no es aquella que condena más, encarcela más rápido o confirma sistemáticamente lo solicitado por una fiscalía. Es aquella que puede investigar y castigar con eficacia, pero también detener al propio Estado cuando éste excede los límites que la Constitución le impone.

Si un juez siente que ejercer ese control puede terminar con su carrera, el problema ya no pertenece al juez.

Pertenece al sistema.

Y si un año después las mismas prácticas continúan, con mayor presión punitiva y menor espacio para discutir garantías sin ser señalado, la renuncia de Banegas deja de ser solamente una historia del pasado y se convierte en una advertencia que todavía espera respuesta.

10 conceptos de Banegas

• “Un sistema penal que no logra distinguir un inocente de un culpable y lo condena igual, no es un sistema justo”.
• “Se pretende que los jueces penales sean meros escribanos del Ministerio Público de la Acusación”.
• “Un juez no garantista es un oxímoron: el juez justamente está para defender las garantías”.
• “Vos vas preso y estarás preso hasta que firmes un abreviado”.
• “La prisión preventiva termina siendo el arma que se pone sobre la cabeza del imputado para que acepte un abreviado”.
• “Hoy en día el Poder Judicial no está ejerciendo esa función de control y garantías”.
• “La presión que hay sobre el Poder Judicial se acrecienta cada año”.
• “Respetar la Constitución, las convenciones y los tratados internacionales parecía una rebeldía”.
• “Yo no puedo sostener indefinidamente a una persona presa cuando la Fiscalía no hizo nada”.
• “Tenía una presión insoportable”.

(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.

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