Los acontecimientos ocurridos ayer frente al Congreso serán muy difíciles de explicar para Alejandra Monteoliva. La ministra deberá responder quién impartió la orden de iniciar el avance, cuáles fueron sus fundamentos y qué riesgo concreto pretendía neutralizar. También tendrá que explicar por qué se aplicó semejante nivel de contundencia contra una movilización en la que coexistían pequeños grupos violentos, manifestantes pacíficos, periodistas y transeúntes.
La presencia de personas que arrojaron piedras u otros objetos contra los efectivos podía justificar una intervención dirigida a neutralizar esas agresiones. Lo que no explica, por sí solo, el empleo generalizado de gases, proyectiles de impacto cinético y camiones hidrantes contra una concentración heterogénea. La obligación profesional consistía en individualizar a los agresores y graduar la respuesta, no en tratar a todos los presentes como integrantes de un mismo bloque hostil.
Cuando dispersar se transforma en perseguir
El aspecto más llamativo comenzó después de la dispersión inicial. Las fuerzas federales persiguieron a manifestantes durante más de medio kilómetro, mucho más allá del perímetro cuya protección podía vincularse razonablemente con la seguridad del Congreso.
Desde el punto de vista táctico, dispersar era en esa ocasión separar una concentración, recuperar una zona y neutralizar una amenaza. Cuando las personas ya se encuentran en retirada y el personal continúa avanzando para alcanzarlas a varias cuadras del objetivo protegido, la operación cambia de naturaleza.
Ese desplazamiento territorial constituye un indicio claro de exceso que deberá investigarse. La intervención ya no parece dirigida exclusivamente a despejar el área o impedir una agresión inmediata, sino que adquiere características compatibles con una lógica de persecución y cacería de manifestantes.
Esto no significa afirmar que todos los agentes actuaron con ese propósito. Pero las imágenes y la extensión del avance obligan a determinar quién ordenó continuar, hasta dónde debía llegar el dispositivo y bajo qué reglas se utilizó la fuerza contra personas que se encontraban retrocediendo.
Monteoliva deberá exhibir las órdenes operativas, las comunicaciones de mando, los registros audiovisuales y la ubicación de cada unidad. Una cosa es restablecer un perímetro frente a incidentes concretos y otra muy distinta perseguir ciudadanos durante más de quinientos metros.
La primera acción puede responder a una necesidad de seguridad. La segunda se aproxima peligrosamente a una operación de castigo. Ningún protocolo compatible con una democracia autoriza a transformar una maniobra de dispersión en una cacería.
El policía como fusible político
En este punto aparece la categoría del policía como fusible político de la excepcionalidad, desarrollada en Gobernar mediante la sospecha.
La conducción nacional construye el clima de confrontación, define al adversario, diseña el protocolo y ordena el despliegue. Sin embargo, son policías, gendarmes y prefectos quienes ponen el cuerpo y absorben el riesgo físico, jurídico, disciplinario y social.
Si el operativo consigue despejar la calle, el Gobierno capitaliza la imagen de autoridad. Si termina con heridos, disparos injustificados o una persecución de manifestantes durante más de medio kilómetro, las responsabilidades comienzan a descender hasta el agente individualizado en una filmación.
El poder político conserva el beneficio de la decisión, pero transfiere hacia los ejecutores el costo de sus consecuencias.
La responsabilidad no puede terminar en el agente
No se trata de justificar abusos ni de invocar una obediencia debida incompatible con el sistema democrático. Cada efectivo debe responder por sus propios actos y tiene la obligación de negarse a cumplir una orden manifiestamente ilegal.
Pero esa responsabilidad individual no puede utilizarse para ocultar quién ordenó iniciar el avance, quién autorizó semejante contundencia, qué mandos supervisaron el desplazamiento y quién dispuso continuar cuando la concentración ya había sido dispersada.
Si un agente se apartó de las directivas, deberá determinarse. Pero si numerosos efectivos avanzaron coordinadamente en una misma dirección durante varias cuadras, la explicación basada exclusivamente en supuestos excesos individuales resulta insuficiente.
Una conducta aislada puede constituir una infracción personal. Una actuación generalizada puede revelar una orden, una tolerancia de los mandos o una doctrina operativa.
La transferencia vertical del riesgo
Allí funciona la transferencia vertical del riesgo institucional: la decisión se concentra arriba y sus consecuencias se descargan abajo.
La ministra define el protocolo. Los funcionarios establecen la estrategia. Los mandos superiores conducen el dispositivo. El agente ejecuta la orden, queda registrado por las cámaras y luego enfrenta personalmente la denuncia, el sumario o el expediente judicial.
La conducción conserva el discurso; el trabajador uniformado absorbe las consecuencias.
Como sintetiza Gobernar mediante la sospecha: la excepcionalidad asciende como doctrina y desciende como expediente.
“Quien quiera oír que oiga”
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV), «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI) ,«Gobernar mediante la sospecha», «Ciudadanía de Segunda Clase (CSC)». y ¿En nombre del odio?
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