Fuentes vinculadas al foro rosarino cuestionan que el Colegio de Abogados de Rosario no haya fijado hasta el momento una posición pública frente a las declaraciones de Maximiliano Pullaro sobre abogados que integrarían organizaciones criminales.
El contraste con el pronunciamiento crítico del Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe y los vínculos públicos de la actual conducción rosarina con sectores del oficialismo provincial reabrieron una discusión incómoda sobre la independencia institucional de la entidad.
Hay silencios que pasan inadvertidos y otros que, por el lugar desde donde provienen, adquieren un significado propio. Eso es lo que distintas fuentes vinculadas con el foro rosarino comenzaron a plantear en las últimas horas frente a la ausencia, hasta ahora, de un pronunciamiento público del Colegio de Abogados de Rosario después de las declaraciones del gobernador Maximiliano Pullaro sobre profesionales que, según sostuvo, formarían parte o prestarían colaboración a organizaciones criminales.
El episodio tuvo como escenario la propia ciudad de Rosario. Durante las Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales, Pullaro reclamó avanzar sobre las estructuras económicas que sostienen al crimen organizado y mencionó específicamente a “abogados, contadores y escribanos”. Frente a los cuestionamientos surgidos desde sectores de la abogacía penalista, respondió que “no se hagan los zonzos” y aclaró posteriormente que no se refería al legítimo ejercicio del derecho de defensa, sino a profesionales que efectivamente integrarían estructuras criminales.
El problema, naturalmente, no radica en que un gobernador reclame investigar a un abogado, contador o escribano cuando existen indicios concretos de participación delictiva. Ninguna matrícula profesional concede inmunidad penal. La cuestión comienza cuando desde la máxima autoridad política de una provincia se formulan expresiones generales capaces de proyectar sospechas sobre profesiones cuya independencia resulta indispensable para el funcionamiento del sistema de Justicia.
Santa Fe habló; Rosario, hasta ahora, no
El contraste se volvió particularmente evidente porque el Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe sí decidió intervenir públicamente en la controversia.
La institución aclaró que no pretende defender ni encubrir comportamientos ilícitos y que cualquier profesional que participe de actividades criminales debe ser investigado y, eventualmente, sancionado conforme a la ley. Al mismo tiempo, advirtió que la condición de abogado no puede convertirse por sí misma en una presunción de criminalidad y reclamó que cualquier imputación se sustente en hechos concretos y sea canalizada por las vías institucionales correspondientes.
La diferencia es fundamental. Defender el ejercicio profesional no significa proteger corporativamente al abogado que delinque, sino impedir que miles de profesionales que cumplen legítimamente su función queden alcanzados por una sospecha genérica, especialmente cuando esa función consiste en representar a personas acusadas de delitos graves.
Sin embargo, al momento de esta publicación no aparece un pronunciamiento equivalente del Colegio de Abogados de Rosario referido específicamente a las declaraciones de Pullaro. Y es precisamente esa ausencia la que comenzó a generar malestar e interrogantes dentro de sectores de la matrícula local.
Una institución creada para “afianzar la justicia”
El silencio llama todavía más la atención cuando se observa la propia historia del Colegio rosarino.
La entidad fue fundada el 4 de junio de 1917 por un grupo de profesionales reunidos en la Biblioteca Argentina, con el objetivo de salvaguardar los intereses del gremio, colaborar con la eficaz administración de Justicia y contribuir al mejoramiento de las leyes. Desde entonces construyó una presencia central dentro de la vida jurídica de Rosario y adoptó como lema una expresión extraída directamente del Preámbulo de la Constitución Nacional: “Afianzar la justicia”.
Esa definición no es ornamental.
Afianzar la Justicia no consiste solamente en organizar cursos, jornadas académicas o actividades profesionales. Supone también intervenir cuando determinadas expresiones provenientes del poder político pueden afectar la independencia del ejercicio profesional, el derecho de defensa o la percepción social sobre la función de los abogados.
El Colegio dispone, además, de una de las estructuras académicas más importantes del país en materia jurídica, con decenas de institutos y comisiones dedicados a prácticamente todas las ramas del Derecho. Por eso el interrogante no pasa por determinar si posee capacidad técnica para pronunciarse.
La tiene sobradamente.
La pregunta es por qué todavía no lo hizo.
Una conducción con vínculos públicos con el oficialismo
La discusión adquiere una dimensión adicional cuando se analiza la conformación política de la actual conducción.
Consenso Gremial, el espacio que retuvo la presidencia del Colegio con Alejo Molina, obtuvo durante la última elección respaldos públicos provenientes de sectores de Unidos para Cambiar Santa Fe, el frente que gobierna la provincia, además de apoyos vinculados con La Libertad Avanza. La elección fue reñida y la lista oficialista logró conservar la conducción por una diferencia cercana a los 150 votos frente a Más Abogacía.
A ello se agrega un antecedente político imposible de ignorar: el presidente saliente, Lucas Galdeano, fue candidato por el espacio conducido por Maximiliano Pullaro en las elecciones de convencionales constituyentes, una participación partidaria que incluso provocó cuestionamientos dentro del propio foro. Su hermano, Julián Galdeano, es dirigente de la Unión Cívica Radical y funcionario directo con el gobernador en la Secretario de Vinculación Institucional.
Dentro de Consenso Gremial también participaron profesionales con vínculos reconocibles con sectores que integran el oficialismo provincial. Entre ellos figura Gabriela Menegozzi, militante socialista e hija de Clara García, presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, además de abogados cercanos a referentes de La Libertad Avanza.
El actual presidente, Alejo Molina, también proviene del radicalismo y posee una extensa trayectoria gremial e institucional. Fue secretario general parlamentario del Concejo Municipal de Rosario, integró anteriormente el Directorio del Colegio y desempeñó funciones dentro de la Caja Forense.
Nada de esto permite afirmar que el Colegio reciba órdenes del Gobierno provincial ni que cada uno de sus directivos responda políticamente a la administración de Pullaro. Tampoco sería serio sostener, sin pruebas, que el silencio haya sido acordado con el Ejecutivo.
Pero los vínculos políticos existen, son públicos y forman parte del contexto.
Y precisamente por eso resulta legítimo preguntar cuánto pesan esas proximidades cuando llega el momento de formular una crítica institucional al propio gobernador.
El contraste con Santa Fe vuelve más incómodo el silencio
La comparación resulta inevitable.
Mientras el Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe consideró necesario expresar públicamente su preocupación, la institución rosarina —en cuya ciudad se produjeron las declaraciones que originaron la controversia— continúa sin una respuesta equivalente.
Para las fuentes del foro que hicieron llegar esta preocupación, no se trata de exigir que el Colegio se transforme en una organización opositora al Gobierno provincial ni de reclamar una posición partidaria. Lo que se demanda es coherencia institucional.
Si el Colegio reivindica históricamente la independencia profesional, si adoptó como lema “Afianzar la justicia” y si sostiene que la abogacía debe poder ejercer libremente frente a los poderes políticos, económicos y judiciales, entonces resulta difícil explicar que permanezca en silencio precisamente cuando la máxima autoridad política de Santa Fe formula expresiones que alcanzan directamente al ejercicio profesional.
La conducción 2025-2027 y la continuidad institucional
El actual Directorio está encabezado por Alejo Molina, acompañado por Susana Andrea Gabinetti en la Vicepresidencia, Jorge César Resegue como secretario y Gabriela Menegozzi como tesorera, además de los vocales que completan la conducción para el período 2025-2027.
La llegada de Molina tampoco representó una ruptura con la administración anterior. Por el contrario, la propia institución presentó el recambio como la continuidad de un proyecto y destacó que la nueva conducción buscaría profundizar las políticas desarrolladas durante la presidencia de Lucas Galdeano.
Esa continuidad institucional adquiere relevancia frente al debate actual porque fue precisamente durante aquel proceso de renovación cuando se reivindicó públicamente la defensa de la independencia profesional frente a los poderes políticos, económicos y judiciales.
Por eso el silencio actual genera una contradicción difícil de ignorar: una cosa es proclamar la independencia como principio institucional y otra demostrarla cuando esa independencia exige marcar una diferencia con el poder político.
Defender al abogado no significa defender al delincuente
El eje debería ser sencillo.
Si un abogado lava dinero, participa de extorsiones, integra una asociación ilícita o utiliza su profesión para facilitar delitos, debe ser investigado y responder ante la Justicia exactamente igual que cualquier otra persona.
El título profesional no protege frente al Código Penal.
Pero ejercer la defensa de una persona acusada de narcotráfico tampoco transforma al abogado en narcotraficante. Asesorar jurídicamente a un sospechoso no convierte automáticamente al profesional en integrante de su organización, del mismo modo que representarlo técnicamente frente al Estado no puede ser utilizado por sí solo como indicio de complicidad.
Ese principio no protege solamente a los abogados.
Protege a todos los ciudadanos.
Porque el día en que un defensor pueda ser colocado públicamente bajo sospecha simplemente por representar a determinada persona, el derecho de defensa comienza a erosionarse mucho antes de que exista una sentencia.
El poder político debe individualizar, no generalizar
Pullaro aclaró posteriormente que sus expresiones no cuestionaban el derecho de defensa y que estaban dirigidas a aquellos profesionales que efectivamente formarían parte de estructuras criminales. Esa aclaración debe ser considerada.
Pero precisamente porque quien habla es el gobernador de la provincia, el estándar de precisión debería ser especialmente alto.
Si existen abogados concretos sospechados de integrar organizaciones criminales, corresponde individualizar conductas, reunir pruebas y llevar esos casos ante fiscales y jueces.
Lo que no debería ocurrir es que una categoría profesional completa quede sometida a un clima general de sospecha.
Mucho menos dentro de una concepción de la política criminal en la que el propio gobernador ha utilizado reiteradamente expresiones como “garantismo bobo”, “romantización del delito” o la necesidad de mantener “el pie sobre la cabeza del delito”.
Las palabras del poder producen efectos. Construyen climas institucionales, legitiman determinadas prácticas y establecen fronteras entre quienes aparecen como colaboradores y quienes comienzan a ser considerados obstáculos.
Y precisamente por eso los colegios profesionales existen también para marcar límites.
¿Para qué existe un Colegio profesional?
Un Colegio de Abogados no existe solamente para administrar una matrícula, organizar capacitaciones, discutir honorarios o brindar servicios profesionales.
También existe para garantizar las condiciones institucionales dentro de las cuales sus matriculados ejercen.
El propio Colegio rosarino ha reivindicado que la independencia de la abogacía constituye un pilar del Estado de Derecho. Difícilmente pueda imaginarse una situación más vinculada con ese principio que aquella en la que un gobernador menciona públicamente a abogados como integrantes de estructuras criminales y responde con un “no se hagan los zonzos” frente a las objeciones formuladas desde el propio foro.
El Colegio de Santa Fe entendió que correspondía hablar.
El de Rosario, hasta ahora, eligió el silencio.
Un silencio que necesita explicación
No corresponde atribuir intenciones sin pruebas.
Puede ocurrir que el Colegio esté preparando un pronunciamiento, que exista una discusión interna, que sus autoridades consideren suficientes las aclaraciones posteriores de Pullaro o que simplemente hayan decidido no intervenir públicamente.
Pero la ausencia de una explicación también produce consecuencias.
Especialmente porque la controversia nació en Rosario, afecta directamente a profesionales de esta circunscripción y encuentra a una conducción cuyos vínculos con sectores del oficialismo provincial son conocidos públicamente.
Las fuentes del foro que hicieron llegar esta preocupación no reclaman impunidad profesional ni pretenden colocar a los abogados por encima de la ley.
Preguntan algo mucho más elemental: ¿Quién defiende la independencia del abogado cuando la sospecha comienza a construirse desde el propio poder político?
Una institución con más de un siglo de historia, decenas de institutos especializados y miles de profesionales representados seguramente tiene herramientas para responder esa pregunta.
Y precisamente por eso, cuando decide no hacerlo, el silencio deja de ser simplemente ausencia de palabras.
Adquiere significado.
Es un silencio que duele.
(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.
https://apropol.com.ar/donde-esta-la-linea-seguridad-sospecha-y-poder-en-la-santa-fe-de-pullaro/
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