Tras el escándalo en la ciudad de Esperanza (Santa Fe) y denuncias de presuntos sobrecobros en otros puntos de la provincia, legisladores y asesores analizan una reforma: crear una Dirección General de Verificación Automotor en el Ministerio de Justicia y Seguridad e incluso estudiar un traslado de funciones hacia los centros privados de Revisión Técnica Vehicular.
La investigación judicial por presuntas irregularidades en el puesto verificador de Esperanza, sumada a denuncias recibidas en otras localidades sobre eventuales sobreprecios, reabrió el debate sobre quién debe controlar la verificación física de vehículos y bajo qué sistema de trazabilidad.
Legisladores de la oposición y sus equipos técnicos comenzaron a evaluar la elaboración de un proyecto para crear una Dirección General de Verificación Automotor, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad y separada de la órbita de la Policía de Santa Fe. También se estudia, como alternativa, si parte de la tarea puede ser realizada por centros autorizados de Revisión Técnica Vehicular Obligatoria.
Por el momento, se trata de propuestas en análisis y no de un proyecto formalmente ingresado a la Legislatura.
Un problema conocido, no una novedad
El caso Esperanza no irrumpió en un terreno virgen. La concentración de tareas de verificación, cobro, control técnico y trato con gestores dentro de estructuras policiales fue advertida durante años como un foco potencial de discrecionalidad y recaudación irregular. También hubo proyectos y planteos anteriores que propusieron profesionalizar, digitalizar o separar esa función de la misión policial estrictamente operativa.
El antecedente de Córdoba exhibe la persistencia del problema. En 2015, la Justicia investigó a 15 policías verificadores del Puesto 1 de barrio Las Palmas por una presunta sobrefacturación de servicios a concesionarias, mediante una maniobra que, según las sospechas de entonces, terminaba trasladando costos indebidos a compradores de vehículos.
En 2016, la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de segunda nominación imputó a personal policial por 140 hechos de defraudación calificada reiterada. La investigación describió presuntas manipulaciones de la máquina timbradora y de los Formularios 12 para registrar montos inferiores a los realmente abonados y apropiarse de la diferencia.
Casi una década después, en 2025, Córdoba volvió a modificar su sistema al advertir que, pese a que los turnos aparecían ocupados, solo se utilizaba el 20 por ciento de la capacidad de las plantas. El Gobierno provincial suspendió los turnos express y las verificaciones externas, limitó los turnos por CUIL y anunció medidas de digitalización. La información periodística de entonces describió un circuito de gestores y verificaciones paralelas con valores muy superiores a la tarifa oficial.
La sucesión de casos no prueba que en Santa Fe exista una maniobra idéntica ni permite trasladar responsabilidades individuales de una provincia a otra. Pero sí demuestra que no se trata de una hipótesis extravagante: cuando un trámite obligatorio se maneja con escasa transparencia, pagos opacos, controles débiles y zonas grises entre función policial, adicionales y gestores, las condiciones para una caja negra aparecen.
De Esperanza al resto de la provincia
La causa de Esperanza puso bajo investigación un presunto entramado de cobros irregulares vinculado con verificaciones de automóviles y motos. En ese expediente hay policías y particulares involucrados, entre ellos gestores, y la Justicia deberá determinar responsabilidades individuales y el eventual alcance institucional de los hechos.
Fuera de esa causa, este medio recibió denuncias y testimonios sobre posibles sobreprecios en otros puestos verificadores. Esos datos no integran, hasta ahora, una investigación judicial pública ni permiten extender las responsabilidades del caso Esperanza a otras jurisdicciones. Pero justifican una auditoría provincial integral y urgente.
La inquietud no apunta solamente al cobro. También alcanza la falta de información pública consolidada sobre aranceles, turnos, cantidad de verificaciones realizadas, ingresos, rechazos, denuncias y controles internos. Un sistema que maneja información sensible sobre vehículos, titulares, transferencias y posibles adulteraciones no puede depender de criterios dispares según la dependencia o la jefatura de turno.
Una Dirección General fuera de la Policía
La alternativa que se analiza consiste en trasladar la conducción del sistema a una Dirección General de Verificación Automotor bajo el Ministerio de Justicia y Seguridad, con personal técnico especializado, aranceles públicos, expedientes digitales y auditorías externas.
El cambio no implicaría que la Policía deje de intervenir ante adulteración de numeraciones, robo automotor o documentación apócrifa. Esas son materias de investigación penal y operativa. La propuesta busca diferenciar tareas: verificación técnica y administrativa bajo una estructura civil profesional; persecución del delito, en manos de las áreas policiales y judiciales competentes.
Para que la reforma no sea solo un cambio de dependencia, debería incluir registro digital obligatorio de cada actuación, identificación del técnico interviniente, comprobante oficial de pago, cámaras en los puestos, publicación de aranceles, control de turnos y un canal protegido de denuncias.
La alternativa de la RTV
La documentación oficial de la Revisión Técnica Vehicular Obligatoria muestra que las plantas privadas autorizadas por la Provincia, bajo supervisión de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, ya controlan frenos, dirección, suspensión, iluminación, emisiones y estado general de los vehículos. También verifican la identificación del automotor —motor, carrocería, chasis y patente— en relación con la documentación presentada.
Sin embargo, trasladar la verificación automotor a esas plantas exigiría un diseño legal cuidadoso. La RTV tiene una finalidad vinculada a la seguridad vial y las condiciones mecánicas; la verificación previa a transferencias puede tener consecuencias registrales y penales. No son procedimientos idénticos.
La discusión, en definitiva, no es solamente si la función debe quedar en manos de la Policía, del Ministerio o de prestadores privados. La cuestión central es que cada control sea trazable, cada pago sea oficial, cada decisión pueda auditarse y ninguna estructura pueda convertir un trámite obligatorio en una fuente de recaudación clandestina.
AMPLIAREMOS.
(*) Director y fundador.
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