De El Helicoide a Piñero: cuando las cárceles llegan a los tribunales internacionales

La sentencia contra Venezuela deja una advertencia que también debería ser escuchada en Argentina.

La reciente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenando el cierre de El Helicoide, uno de los centros de detención más cuestionados de Venezuela, representa mucho más que una condena al régimen chavista. Constituye una señal de alerta para toda América Latina sobre las consecuencias que pueden tener las crisis institucionales prolongadas cuando los Estados dejan de corregirlas a tiempo.

La sentencia fue dictada en el caso Rojas Riera y otra vs. Venezuela y determinó que el Estado venezolano fue responsable por detenciones arbitrarias, torturas y graves violaciones a los derechos humanos. Como parte de las medidas de reparación, la Corte ordenó el cierre de El Helicoide en un plazo de dieciocho meses.

La decisión posee un enorme valor jurídico porque no se limita a responsabilizar a determinados funcionarios. La Corte concluye que existen situaciones donde el problema deja de ser individual para transformarse en institucional. En otras palabras, cuando una organización estatal produce de manera sistemática vulneraciones de derechos humanos, la responsabilidad alcanza a la propia estructura.

Ese es probablemente el aspecto más trascendente del fallo.

Cuando una institución se convierte en el problema

Durante décadas, El Helicoide fue denunciado por organismos nacionales e internacionales como un lugar donde se practicaban torturas, malos tratos, detenciones arbitrarias y otras formas de violencia institucional.

La Corte entendió que no se trataba simplemente de episodios aislados sino de un patrón persistente.

La conclusión es contundente: existen circunstancias en las cuales la reparación ya no consiste únicamente en sancionar responsables o indemnizar víctimas. Puede requerir la transformación profunda o incluso el cierre de una institución.

La pregunta entonces deja de ser venezolana.

Pasa a ser latinoamericana.

Y también argentina.

Argentina no es Venezuela, pero no está exenta

A diferencia de Venezuela, Argentina reconoce plenamente la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otorgó jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos.

Esto significa que una eventual sentencia de la Corte tendría efectos jurídicos obligatorios para el Estado argentino.

Si una cárcel, una alcaldía, una dependencia policial o cualquier establecimiento de detención fuera señalado durante años por torturas, hacinamiento extremo, violencia sistemática, falta de atención médica o ausencia de controles efectivos, y el Estado no corrigiera esas situaciones, el caso podría eventualmente llegar al Sistema Interamericano.

Y si se comprobara que las violaciones responden a fallas estructurales y no a hechos aislados, las consecuencias podrían incluir reformas obligatorias, supervisión internacional e incluso la clausura o reconversión del establecimiento.

La experiencia regional demuestra que estas situaciones no aparecen de un día para otro.

Son el resultado de problemas acumulados, advertencias ignoradas y soluciones postergadas durante años.

Una mirada inevitable hacia Santa Fe

En ese contexto, la sentencia sobre El Helicoide obliga a observar con atención algunas experiencias argentinas recientes.

Particularmente aquellas vinculadas al sistema penitenciario.

Durante años, distintos sectores advirtieron sobre la situación de las cárceles santafesinas, especialmente en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero. Motines, homicidios intramuros, fugas, ataques a trabajadores penitenciarios, sobrepoblación, deterioro edilicio y pérdida de control institucional formaron parte de una secuencia de hechos que trascendió las fronteras provinciales.

Mucho antes de que el tema llegara a organismos internacionales, APROPOL denunció públicamente que la situación estaba evolucionando hacia una crisis estructural. No sólo respecto de las personas privadas de libertad sino también respecto de las condiciones laborales y de seguridad del propio personal penitenciario.

Aquellas advertencias no apuntaban únicamente a la seguridad pública.

Advertían sobre la posibilidad de una futura responsabilidad institucional del Estado.

Con el tiempo, parte de esas denuncias fueron incorporadas a presentaciones efectuadas ante mecanismos internacionales vinculados al sistema de Naciones Unidas, demostrando que las crisis penitenciarias ya no son observadas exclusivamente como problemas administrativos o de gestión.

También son evaluadas como posibles cuestiones de derechos humanos.

La lección que deja Venezuela

Sería un error comparar directamente a Piñero con El Helicoide.

Las realidades políticas, institucionales y jurídicas son completamente diferentes.

Sin embargo, ambos casos permiten observar una misma enseñanza.

Las instituciones no llegan a ser cuestionadas internacionalmente de manera repentina.

Antes existen informes, advertencias, denuncias, recomendaciones, informes técnicos e intervenciones judiciales. Señales de alarma que muchas veces son minimizadas porque resultan incómodas para los gobiernos de turno.

La sentencia contra Venezuela demuestra que cuando esas advertencias son ignoradas durante demasiado tiempo, el problema deja de ser local y cuando eso ocurre, ya no sólo intervienen jueces nacionales o autoridades administrativas, comienza a intervenir la comunidad internacional.

Una advertencia para el futuro

La decisión de la Corte Interamericana debería ser leída como una advertencia institucional para toda América Latina.

Las democracias modernas no son evaluadas únicamente por la legalidad formal de sus normas.

También son evaluadas por el funcionamiento real de sus cárceles, comisarías, organismos de inteligencia y sistemas penitenciarios.

Lo ocurrido en Venezuela demuestra que una institución puede terminar sentada en el banquillo internacional de los acusados.

Y lo ocurrido en Santa Fe demuestra que las advertencias suelen aparecer mucho antes de que estalle la crisis.

La verdadera discusión no es qué ocurrió en El Helicoide.

La verdadera discusión es si los Estados son capaces de escuchar las señales de alarma antes de que sea demasiado tarde.

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«Quien quiera oír que oiga»

(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP),  «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV), «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI) y «Gobernar mediante la sospecha».

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