«Estoy viva porque mi familia me acompañó»

El duro testimonio de Mariela, una policía que denunció abuso y dice haber sido abandonada por la institución.

La frase no pertenece a un expediente ni a un informe técnico. Es el testimonio crudo de una mujer policía que decidió volver a hablar luego de leer la reciente denuncia de abuso sexual ocurrida en Capitán Bermúdez.

«Estoy viva porque mi familia me acompañó en el proceso, pero la institución policial, desde los jefes hasta los médicos y psicólogos, fue una mierda».

Según relató a APROPOL Noticias, en 2015 denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de dos superiores que se desempeñaban en la misma dependencia policial. Asegura que la denuncia fue presentada formalmente, pero que con el tiempo su situación laboral y personal se deterioró profundamente.

«No es otro caso. En 2015 sufrí abuso sexual por un subjefe y por el secretario del jefe (Alfredo R. y Sergio C.) en la misma comisaría de Capitán Bermúdez” (recordando lo que le sucedió a leer nuestra nota: «Capitán Bermúdez: denuncian a un jefe policial por presunto acoso y reclaman que sea apartado de la dependencia»). Agrega que “Denuncié ante el fiscal , Dr. Juan Carlos Ledesma que ahora esta destinado en Villa Gobernador Gálvez, encajonaron mi denuncia, me sacaron la pistola y me dieron carpeta psiquiátrica. A ellos les dieron licencia obligatoria», afirmó.

La denuncia fue tapa del periódico Rosario 12 del 14 de Octubre de 2019.

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La mujer sostiene que debió mudarse a unos 500 kilómetros de su familia porque tenía miedo y se sentía amenazada. «Me vine a vivir lejos por mis hijos. En la actualidad ellos tienen jerarquía y yo quedé estancada en los ascensos», señaló.

Consultada recientemente sobre el estado del expediente, manifestó que la causa continúa abierta y que no registra movimientos desde 2019 (CUIJ 21-06419825-1). También aseguró que su abogado el Dr. Kucich dejó de representarla y conservó documentación vinculada al caso.

«No creo conseguir nada a esta altura. Mi vida se derrumbó por culpa de ellos, pero estoy viva. Hay chicas que no pueden», expresó.

El relato vuelve a poner en discusión una cuestión incómoda y recurrente: qué ocurre con las mujeres policías que denuncian violencia o abuso dentro de estructuras fuertemente jerarquizadas.

Porque aun cuando la Justicia tenga la última palabra sobre los hechos denunciados, existe otra pregunta que no puede eludirse: ¿qué hace la institución mientras tanto?

¿Protege a quien denuncia o la convierte en sospechosa?

¿Acompaña o aísla?

¿Investiga con celeridad o deja que el tiempo desgaste a las víctimas?

La experiencia comparada muestra que muchas veces el daño más profundo no proviene solamente del hecho denunciado sino del recorrido posterior: la pérdida de confianza, el aislamiento laboral, las licencias prolongadas, los obstáculos en la carrera profesional y la sensación de haber quedado sola frente a una estructura inmensamente más poderosa.

Por eso cada nuevo testimonio merece ser escuchado con respeto y seriedad.

Porque detrás de los expedientes hay personas.

Y porque cuando una mujer afirma que sobrevivió gracias a su familia y no gracias a la institución a la que dedicó su vida, la pregunta deja de ser individual para transformarse en un problema institucional.

¿Qué hacer hoy ante estos casos?

Los hechos relatados ocurrieron en 2015, cuatro años antes de la entrada en vigencia del Protocolo de Actuación para la Prevención y Atención frente a Situaciones de Violencia de Género en el Ámbito Laboral, establecido por el Decreto N.º 008/2019 de la provincia de Santa Fe.

La existencia de este instrumento representa un avance significativo. El protocolo prevé mecanismos de asesoramiento, asistencia integral gratuita, confidencialidad, acompañamiento y medidas de protección para quienes atraviesan situaciones de violencia o maltrato en el ámbito laboral.

Por eso, más allá del dolor que transmiten testimonios como éste, es importante recordar que hoy las trabajadoras policiales y penitenciarias cuentan con herramientas institucionales que antes no existían. Ninguna mujer debe resignarse al silencio, al aislamiento o al miedo a las represalias.

Desde APROPOL alentamos a todas aquellas personas que pudieran estar atravesando situaciones de violencia, acoso o discriminación a ejercer sus derechos, solicitar asistencia y utilizar los canales previstos por la normativa vigente. Denunciar no debería ser una carga individual sino el primer paso para activar una red de protección y construir instituciones más justas, más humanas y libres de cualquier forma de violencia.

(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.

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