La oficial retirada de la Policía de Mendoza Alejandra Rey presentó públicamente la conformación de la Unidad de Fuerzas de Seguridad de las Provincias Argentinas, un espacio que busca articular los reclamos salariales, laborales, sanitarios y profesionales de policías y penitenciarios de distintas jurisdicciones.
La dirigente fue entrevistada por el periodista Diego Echevarría en FM 106.7 Radio Liberada, de Casilda. Durante la extensa conversación sostuvo que la organización ya cuenta con representantes de la mayoría de las provincias y que su propósito es llevar un planteo nacional directamente ante el Gobierno federal.
APROPOL Noticias publicará junto con esta nota el video completo de la entrevista, para que cada lector pueda escuchar las declaraciones en su contexto original.
Una organización que busca alcanzar a todo el país
Según explicó Rey, el nuevo espacio surgió después de que diferentes protestas policiales y penitenciarias se desarrollaran de manera simultánea o sucesiva en varias provincias.
La entrevistada mencionó los reclamos realizados en Mendoza, Santa Fe, Santa Cruz y Misiones, así como la instalación de la denominada Carpa Azul en Rosario. Afirmó que, frente a la falta de respuestas provinciales, distintos referentes decidieron comenzar a coordinarse a escala nacional.
“Hemos logrado, por consenso general, tener un representante por provincia”, afirmó.
De acuerdo con sus declaraciones, inicialmente se habían integrado dieciocho provincias y posteriormente se sumó Tierra del Fuego. El objetivo declarado es completar la representación de las veinticuatro jurisdicciones.
La organización se encontraría trabajando en la redacción de su estatuto y en la obtención de personería jurídica.
“Somos policías defendiendo policías”
Rey remarcó que la Unidad pretende mantenerse independiente de partidos políticos, sindicatos, mutuales y otras organizaciones.
“Somos policías defendiendo policías”, sintetizó.
La afirmación expresa una voluntad de construir una representación surgida directamente de integrantes activos y retirados de las fuerzas. Sin embargo, la consolidación de ese espacio dependerá de su capacidad para constituir una estructura democrática, transparente y jurídicamente reconocida.
La historia del sindicalismo policial argentino demuestra que la unidad nacional puede resultar decisiva, pero también que no alcanza con una suma de referentes: hacen falta reglas claras, representación legítima y mecanismos de rendición de cuentas. La unión hace la fuerza, pero sin organización suele hacer apenas ruido.
Salarios por debajo de las necesidades familiares
Uno de los principales ejes de la entrevista fue el deterioro de los salarios.
Rey sostuvo que numerosos policías no superarían los 900.000 pesos mensuales de bolsillo y que los componentes no remunerativos tienen una incidencia limitada sobre el haber básico, la jubilación y las futuras pensiones.
Según su descripción, los agentes deben complementar sus ingresos mediante servicios extraordinarios, seguridad privada, transporte de pasajeros u otros trabajos realizados fuera del horario institucional.
“El policía sigue patrullando las calles, pero tiene que recurrir a trabajos extras para poder llegar a fin de mes”, aseguró.
También cuestionó que suplementos, adicionales y pluses puedan ser suspendidos o distribuidos discrecionalmente, lo que convierte esos conceptos en herramientas de presión disciplinaria.
Jornadas extensas y falta de descanso
La oficial retirada describió jornadas que, en algunos casos, alcanzarían entre treinta y dos y treinta y seis horas consecutivas.
A esa sobrecarga se sumarían:
- falta de descanso suficiente;
- demoras o negativas para otorgar licencias;
- ausencia de racionamiento;
- traslados solventados por el propio personal;
- compra particular de uniformes y equipamiento;
- reducción del tiempo destinado a la familia.
La entrevistada definió el resultado como un trabajador agotado, mal alimentado y obligado a actuar en situaciones críticas sin una recuperación física ni psicológica adecuada.
Ese cuadro no solo afecta al agente. También debilita la calidad de la seguridad pública, porque ningún sistema puede funcionar correctamente si depende de personas exhaustas y permanentemente recargadas.
Chalecos, municiones y móviles en condiciones deficientes
Durante la entrevista también se denunciaron deficiencias en el equipamiento policial.
Rey y el conductor mencionaron la existencia de chalecos vencidos, municiones fuera de término, vehículos con fallas y herramientas tecnológicas que no funcionarían correctamente por problemas de conectividad, actualización o mantenimiento.
También se realizaron cuestionamientos sobre licitaciones y adquisiciones de móviles. Algunas afirmaciones incluyeron acusaciones concretas contra funcionarios y proveedores. Por su gravedad, esas manifestaciones deben ser consideradas declaraciones de los entrevistados y requieren documentación e investigación independiente antes de establecer responsabilidades.
La falta de recursos adecuados, no obstante, constituye un reclamo recurrente en distintas provincias: vehículos entregados sin mantenimiento suficiente, uniformes comprados por el propio personal y elementos de protección que no siempre son renovados a tiempo.
Obras sociales que descuentan, pero no responden
Otro de los puntos centrales fue el funcionamiento de las obras sociales.
Rey afirmó que en Mendoza se realizan descuentos elevados sobre los haberes, incluyendo aportes adicionales por integrantes del grupo familiar, sin que exista una cobertura proporcional.
También denunció dificultades para acceder a medicamentos, tratamientos y prestaciones vinculadas con discapacidades producidas durante el servicio.
La organización nacional plantea incluir entre sus reclamos:
- auditoría de los descuentos;
- cobertura efectiva;
- medicamentos para retirados y pensionados;
- tratamientos para lesionados en servicio;
- atención psicológica y psiquiátrica especializada.
El aporte obligatorio sin prestación suficiente termina funcionando como una reducción salarial encubierta.
Salud mental y suicidios policiales
La entrevista dedicó un tramo importante a la salud mental.
Rey sostuvo que policías y penitenciarios están sometidos a una presión constante, agravada por las extensas jornadas, la exposición a la violencia, el hostigamiento jerárquico, la incertidumbre económica y la falta de descanso.
Mencionó una elevada cantidad de suicidios en Mendoza durante el último año y medio. Esa cifra, al igual que otros datos estadísticos expresados durante la entrevista, debe ser contrastada con registros oficiales antes de presentarse como un dato consolidado.
Más allá del número exacto, el problema es real y demanda políticas específicas. No alcanza con realizar una evaluación psicológica en el ingreso y abandonar después al trabajador durante veinte o treinta años de exposición profesional.
“Abajo de un uniforme hay un ser humano, que tiene hijos y tiene familia”, expresó la entrevistada.
La Unidad anunció que buscará impulsar programas permanentes de prevención, asistencia y acompañamiento para el personal activo, retirado y sus familias.
El derecho de los policías a expresarse
Rey sostuvo que no existe una prohibición constitucional general que impida al personal policial expresarse o realizar reclamos.
Citó los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y cuestionó las órdenes internas, memorandos y disposiciones disciplinarias que, según afirmó, serían utilizados para silenciar al personal.
El asunto requiere una precisión jurídica. Los policías conservan sus derechos constitucionales, pero están sometidos a regímenes especiales que pueden establecer límites relacionados con el servicio, la disciplina, la reserva institucional y la continuidad operativa. La discusión no es si tienen o no derechos: los tienen. La cuestión es hasta dónde pueden ser restringidos y si esas restricciones son razonables, legales y proporcionales.
Una orden interna no puede estar por encima de la Constitución. Pero tampoco toda expresión queda automáticamente exenta de responsabilidad disciplinaria. Ese debate debe resolverse mediante reglas democráticas claras y no por amenazas informales.
El objetivo es llegar a la Casa Rosada
La entrevistada afirmó que la organización pretende presentar sus reclamos directamente ante el Gobierno nacional.
“Nuestro primer objetivo es llegar a la Casa Rosada”, señaló.
Entre los puntos que llevarían se encuentran:
- recomposición salarial;
- incorporación de suplementos al básico;
- regularización de obras sociales;
- provisión de uniformes y elementos de protección;
- mejora de los sistemas de racionamiento;
- prevención del suicidio;
- reconocimiento de enfermedades y lesiones profesionales;
- revisión de los regímenes disciplinarios;
- fortalecimiento de la formación policial;
- respeto por la libertad de expresión y asociación.
Aunque la administración de las policías provinciales corresponde principalmente a cada jurisdicción, una organización nacional podría impulsar estándares comunes, promover legislación federal y colocar en la agenda pública problemas que se repiten de un extremo al otro del país.
(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.
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