Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Pasajeros filmaron y cuestionaron una intervención policial en el subte, en una nueva muestra del creciente control ciudadano sobre los procedimientos en espacios públicos.
Un video registrado en una estación de la línea D muestra a pasajeros que filman, preguntan y cuestionan una intervención policial sobre un hombre que se encontraba junto a su hijo con discapacidad. La escena vuelve a mostrar un fenómeno creciente: ciudadanos que ya no se limitan a observar los procedimientos, sino que intervienen frente a controles que consideran abusivos.
La secuencia dura apenas unos minutos, pero resulta significativa por aquello que muestra alrededor del procedimiento. Según quien realizó la filmación, efectivos policiales se acercaron a un hombre que se encontraba con su hijo en una estación de la línea D del subterráneo porteño y comenzaron a interrogarlo. La situación despertó la atención de otros pasajeros, algunos de los cuales decidieron permanecer cerca, observar y formular preguntas a los agentes mientras otra persona registraba todo con su teléfono.
Una mujer aparece en el centro de esa intervención ciudadana preguntando cuáles eran los motivos objetivos que justificaban la actuación policial y cuestionando que se intentara apartar a quienes observaban el procedimiento. El propio autor del video presenta la escena como una especie de instructivo espontáneo frente a lo que denomina violencia institucional: acercarse, registrar, permanecer como testigos y evitar que la persona sometida al control quede aislada frente al dispositivo estatal.
No corresponde determinar únicamente a partir de esas imágenes si existió un abuso policial ni convertir un fragmento de video en sentencia contra los efectivos intervinientes. Para hacerlo habría que conocer qué había ocurrido previamente, qué información manejaban los agentes, qué instrucciones habían recibido y cuáles fueron las circunstancias que motivaron el procedimiento. Pero precisamente por eso el episodio resulta interesante: la discusión ya no queda confinada entre el policía y la persona controlada, porque la sociedad comienza a incorporarse físicamente como tercer actor del operativo.
Ese cambio no es menor.
Durante décadas, el policía ejerció una enorme ventaja narrativa sobre aquello que sucedía durante una intervención. El parte, el acta y eventualmente el testimonio de otros funcionarios constituían buena parte del registro disponible. Hoy cualquier procedimiento puede quedar documentado simultáneamente desde varios teléfonos, transmitirse en tiempo real y ser discutido públicamente antes de que termine el turno de servicio.
Viene señalando este proceso como una verdadera trazabilidad social del operativo: fotografías, grabaciones y transmisiones permiten reconstruir conductas, identificar funcionarios y confrontar el relato institucional con registros independientes. Esto puede demostrar abusos, pero también proteger al propio policía frente a acusaciones falsas, porque la cámara no pertenece necesariamente a ninguna de las partes.
Todo cambia aún más cuando esa vigilancia social deja de ser solamente observación y comienza a transformarse en interpelación directa.
De espectadores a participantes
Eso es precisamente lo que muestra el episodio del subte. Los pasajeros no permanecen a distancia esperando que termine la intervención, sino que se aproximan, preguntan, filman y hacen sentir a los agentes que aquello que están realizando está siendo observado por personas dispuestas a intervenir verbalmente.
En trabajos anteriores advertíamos que algunos operativos comenzaban a adoptar, por momentos, la forma de una “asamblea popular espontánea”, donde ciudadanos intentan hablar con quienes están detrás del uniforme, recordarles que también son trabajadores y reclamarles que evalúen la proporcionalidad de aquello que están ejecutando.
Lo que ocurre ahora en espacios como el subterráneo porteño parece profundizar aquel fenómeno.
Ya no se trata exclusivamente de una manifestación política organizada, donde esa interpelación resulta previsible. Puede suceder durante un procedimiento cotidiano, en una estación, frente a pasajeros que hasta unos minutos antes no se conocían entre sí y que, sin embargo, se agrupan espontáneamente cuando interpretan que una intervención estatal está excediendo límites razonables.
El ciudadano dejó de comportarse únicamente como objeto del control.
También controla a quien controla.
El costo de una política de seguridad basada en la sospecha
La Ciudad de Buenos Aires viene desarrollando durante la gestión de Jorge Macri una política caracterizada por controles intensivos sobre determinadas poblaciones visibles en el espacio público: vendedores ambulantes, personas en situación de calle, quienes piden dinero, trapitos y otros sectores asociados discursivamente con el desorden urbano.
El problema político aparece cuando el objetivo de recuperar el orden comienza a confundirse con la construcción sistemática de determinadas personas como sospechosas antes de que exista una conducta delictiva concreta.
En un trabajo reciente señalábamos precisamente que en Rosario y en la Ciudad de Buenos Aires esta lógica comienza a desplazarse hacia quienes son pobres, visibles o considerados molestos en determinados espacios. No significa equiparar esta política con experiencias represivas de otros períodos históricos, algo que sería incorrecto, sino observar una estructura contemporánea donde un sujeto puede empezar a ser tratado como amenaza antes que como ciudadano.
El resultado puede ser eficaz durante algún tiempo desde una perspectiva estrictamente operativa: más controles, mayor presencia policial y recuperación visual de determinados espacios.
Pero existe un costo que ninguna estadística policial puede ocultar indefinidamente.
La pérdida de legitimidad.
Una policía puede ejercer autoridad porque posee facultades legales y medios coercitivos, pero su verdadera capacidad para trabajar cotidianamente depende también de algo mucho más difícil de construir: que la comunidad considere razonable su presencia y confíe en que utilizará esas facultades de manera proporcional.
Cuando cada intervención comienza a generar teléfonos levantados, vecinos rodeando al personal, abogados espontáneos preguntando fundamentos y ciudadanos que interpretan la presencia policial como potencial amenaza antes que como protección, existe un problema de política pública que excede al agente que está delante de la cámara.
El policía vuelve a quedar en el peor lugar
Y aquí aparece nuevamente una contradicción que consideramos central.
La política de seguridad la diseña el poder político, los objetivos los establecen funcionarios, los operativos son planificados por estructuras superiores y las directivas se transmiten a través de una cadena jerárquica. Sin embargo, el que finalmente debe acercarse a una persona, pedirle documentación, ordenarle que se retire o controlar su actividad es un policía concreto.
Ese agente queda enfrentado cara a cara con las consecuencias sociales de decisiones que no tomó.
En mi trabajo ¿Por qué algunos policías aceptan lo inaceptable? se analiza cómo una cultura institucional basada en la obediencia, el sacrificio y la aceptación silenciosa puede llevar al trabajador a ejecutar prácticas que después resultan difíciles de sostener cuando son observadas desde fuera de la institución. La vocación puede convertirse en una exigencia de obediencia permanente, mientras reclamar límites se interpreta internamente como falta de compromiso.
Bajar en formato PDFCuando esa lógica alcanza el uso cotidiano de la autoridad, el problema deja de ser individual y se vuelve institucional. El policía puede cumplir aquello que se le demanda y, aun así, terminar expuesto frente a ciudadanos, cámaras, redes sociales, investigaciones administrativas o cuestionamientos judiciales.
La política obtiene el resultado.
El policía recibe el reproche.
Una erosión peligrosa para todos
Sería un error celebrar que la relación entre ciudadanía y policía se transforme en una confrontación permanente.
Una sociedad democrática necesita ciudadanos capaces de controlar al poder público, registrar procedimientos y cuestionar abusos, pero también necesita fuerzas de seguridad que puedan intervenir cuando corresponde sin que cada actuación legítima termine convertida automáticamente en un enfrentamiento colectivo.
Por eso la responsabilidad principal vuelve a recaer sobre quienes diseñan la política.
Si una estrategia de seguridad produce como resultado que grupos crecientes de ciudadanos interpreten cada control como potencial abuso, algo está fallando aunque las estadísticas de procedimientos aumenten.
Y si paralelamente el policía comienza a percibir a cualquier vecino que filma como adversario, el fracaso es todavía mayor.
Porque allí se destruye precisamente aquello que toda política de seguridad debería preservar: la confianza entre la fuerza pública y la comunidad a la que sirve.
El video de la línea D no debería analizarse solamente preguntando si dos o tres policías actuaron correctamente aquella tarde. La pregunta más importante es qué está ocurriendo para que pasajeros desconocidos entre sí sientan la necesidad de acercarse colectivamente, grabar, discutir y vigilar un procedimiento policial corriente.
Tal vez estemos entrando en una nueva fase de aquello que definimos como panóptico social distribuido: el Estado continúa observando al ciudadano, pero ahora el ciudadano dispone de herramientas tecnológicas y redes capaces de observar simultáneamente al Estado.
La novedad es que ese panóptico ya no solamente filma.
También pregunta, discute y se aproxima.
Y cuando la política de seguridad consigue que una parte creciente de la comunidad deje de mirar al policía como alguien que está allí para protegerla y empiece a verlo como alguien cuya actuación debe ser vigilada colectivamente, el problema ya no puede cargarse sobre el uniforme que aparece en el video.
Hay que empezar a mirar hacia quienes diseñaron la política que lo puso allí.
“Quien quiera oír que oiga”
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV), «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI) ,«Gobernar mediante la sospecha», «Ciudadanía de Segunda Clase (CSC)». y ¿En nombre del odio?
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