La sospecha se volvió doctrina de Estado, y ya no es solo el gobierno nacional

Hace dos años, cuando empecé a escribir Doctrina de la Sospecha Permanente, el fenómeno todavía podía describirse como una tendencia. Hoy es un patrón verificable, con nombre, apellido y expediente en tres niveles de gobierno. Esta nota no busca sumar un episodio más a la lista de indignaciones de la semana. Busca nombrar lo que esos episodios, tomados juntos, dejan de ser hechos aislados y empiezan a ser arquitectura.

Un mecanismo, no un exabrupto

La lógica es siempre la misma, y por eso conviene describirla antes que enumerar los casos: un sector de la población —manifestante, migrante, periodista, docente, vendedor callejero— deja de ser tratado como ciudadano en desacuerdo y empieza a ser tratado como amenaza a neutralizar. No hace falta declarar estado de sitio para que esto ocurra. Alcanza con ampliar vigilancia, territorializar la sospecha, flexibilizar controles y —cuando algo sale mal— reencuadrar a la víctima como enemigo antes que asumir responsabilidad operativa.

Ese último paso es el más revelador, y tenemos un caso de manual. El 12 de marzo de 2025, el fotógrafo de prensa Pablo Grillo recibió el impacto directo de una cápsula de gas lacrimógeno en la cabeza mientras cubría, agachado, una marcha de jubilados frente al Congreso. Sufrió fractura de cráneo y estuvo semanas entre la vida y la muerte. La respuesta institucional no fue una explicación operativa: fue la ministra de Seguridad (Bullrich hoy senadora nacional) afirmando, sin sustento, que Grillo era «un militante kirchnerista» que «está preso». Nada de eso era cierto. Pero la función de la frase no era la verdad: era correrlo del lugar de víctima al de enemigo, con la velocidad suficiente para que la opinión pública dudara antes de indignarse.

El CELS documentó, además, que agentes recogían casquillos a su paso para borrar evidencia. No fue un exceso de un efectivo aislado: fue un operativo sostenido durante horas, con hidrantes usados como herramienta de dispersión y no de respuesta puntual.

Ese mecanismo —sospecha que se convierte en categoría de enemigo, y enemigo que se convierte en objetivo legítimo de la fuerza— no se aplica una sola vez. Se aplica cada miércoles, desde 2024, contra jubilados que reclaman por sus haberes: protocolo antipiquetes, gas pimienta, camiones hidrantes, detenciones que alcanzan a personas de más de setenta años. Se aplica contra quienes se movilizaron el 6 de agosto pasado contra la Ley de Tierras: cerca de ochocientos efectivos, cuatro horas de represión, denuncias —no todas verificadas por igual, hay que decirlo con honestidad— de que la fuerza no distinguió entre manifestante, peatón y trabajador de prensa.

La excepción se volvió procedimiento

El Decreto 681/2026 modificó la Ley de Migraciones para impedir el ingreso o cancelar la residencia de extranjeros que hayan dirigido «mensajes de odio» o incurrido en «actos de ultraje» a símbolos patrios. Nadie define con precisión qué es un mensaje de odio. La decisión de si alguien cruzó esa línea queda en manos de la misma autoridad que debe aplicar la sanción. Es la Doctrina de la Sospecha Permanente en su forma más pura: una categoría lo suficientemente amplia como para no necesitar pruebas, solo criterio de oportunidad.

Los decretos 1107 y 1112, firmados en diciembre de 2024, habilitaron a las Fuerzas Armadas a intervenir en seguridad interior —terrorismo, narcotráfico, cibercrimen, con funciones de poder de policía incluida la detención de personas— por vía de excepción ejecutiva, no de ley votada en el Congreso. Rompieron una doctrina que costó sangre aprender: la separación entre defensa y seguridad que construyó la democracia posterior a 1983. Y no fue una idea sin antecedentes de resistencia: hasta dentro de las propias Fuerzas Armadas, y hasta dentro del propio gobierno —la vicepresidenta Victoria Villarruel se opuso explícitamente—, hubo quien entendió que ese límite no es un capricho burocrático sino una lección histórica que no conviene desaprender.

En marzo de 2026, Argentina firmó su adhesión formal a la coalición hemisférica contra el «narcoterrorismo» impulsada por Washington, alineándose con la misma ampliación conceptual que Estados Unidos ya usó en Colombia, en Venezuela, y que hoy amenaza con habilitar operaciones militares directas en territorio mexicano. La categoría «narcoterrorista» no es neutral: es la puerta de entrada retórica para tratar como guerra lo que hasta ayer era política criminal, con todas las herramientas de excepción que eso trae consigo. Cuando ese lenguaje se importa sin beneficio de inventario, se importa también su lógica.

No puedo dejar pasar un antecedente que confirma esto con crudeza. Argentina había incorporado al «Cartel de los Soles» —la organización que Washington vinculó durante años con el gobierno venezolano— a su registro nacional de organizaciones terroristas en agosto de 2025, meses antes de que Estados Unidos invadiera Venezuela y secuestrara a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero de 2026, bajo la acusación de liderar precisamente ese cartel. Días después de la operación, el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos —según reveló The New York Times— reconoció que el «Cartel de los Soles» no existía como organización criminal estructurada con jerarquía verificable, sino como una denominación mediática para describir redes difusas de corrupción dentro de las fuerzas armadas venezolanas: la acusación que había justificado la invasión y la captura de un jefe de Estado perdía piso jurídico apenas cumplida su función política. Argentina, mientras tanto, decidió mantener la designación. Ese es el destino habitual de una categoría de excepción: sirve para lo que tenía que servir, y después ya no importa si era cierta.

No es solo Nación

Quien piense que esto es un fenómeno exclusivo de la Casa Rosada no está mirando el mapa completo. En Santa Fe, la Ley de Inteligencia de 2023 creó el CIOPE con una Comisión Bicameral de Control prevista como garantía mínima. Esa comisión estuvo casi dos años sin constituirse. Recién se conformó después de denuncias periodísticas y pedidos formales de informes —este medio participó de ese reclamo—, y hoy, constituida, sigue funcionando como lo que es: un aparato gris, con integrantes que en parte todavía no son públicos, sin rendición de cuentas real. La garantía existe en el papel. En los hechos, sigue sin existir.

Quienes resisten desde adentro

Sería injusto, y también inexacto, describir el Poder Judicial como un bloque rendido. Hay magistrados y hay señales institucionales que van en una dirección distinta a la del Ejecutivo, aunque el resultado, hasta ahora, sea disputado y parcial.

El caso más claro tiene nombre propio y ocurrió hace pocos días. Cuando la jueza de Menores María Dolores Aguirre Guarrochena declaró nulo un allanamiento sin orden judicial en un caso de «flagrancia virtual» —sostenido en un reconocimiento del sistema de inteligencia artificial Lince, doce horas después del hecho—, hizo exactamente lo que un magistrado debe hacer: preguntar si la urgencia invocada por el Estado era real o era una construcción conveniente para prescindir del control judicial previo. Por esa resolución técnica, la vocera del gobierno provincial la acusó públicamente de «garantista» y le dijo que se llevara al menor imputado «a su casa» —un mensaje que la propia jueza señaló, con razón, cargado de sesgo de género, y que operó como advertencia hacia el resto de la magistratura: quien controle al Ejecutivo puede terminar señalado como aliado del delito.

El camarista Tomás Orso revocó después esa nulidad, desplazando el inicio del cómputo de la urgencia del momento del delito al momento en que el algoritmo terminó de procesar la información —una interpretación que, sin que pueda probarse intención política alguna, tuvo el efecto objetivo de sostener en pie la pieza jurídica central del plan de seguridad del gobierno de Pullaro. La Corte Suprema de Justicia de la provincia todavía no resolvió la contradicción que esto dejó abierta entre ambas instancias, y de esa definición pendiente depende, ni más ni menos, si la inviolabilidad del domicilio sigue siendo una garantía previa o pasa a ser una revisión posterior de lo que el Estado ya hizo. Que exista una magistrada dispuesta a poner ese límite, bajo presión pública directa, es la prueba de que la resistencia institucional todavía existe en Santa Fe. Que haya sido revocada en la instancia siguiente, y que el máximo tribunal provincial no haya zanjado todavía la cuestión, es la prueba de que esa resistencia, por ahora, no alcanza para contener el embate por sí sola.

Hay una segunda señal, de otra naturaleza, que conviene sumar sin exagerarla. La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe tomó conocimiento formal de las «Reglas Papa Francisco para el trato humano de personas excluidas» e instruyó darlas a conocer dentro del Poder Judicial. No es una ley, no modifica el Código Procesal ni crea un protocolo sancionable: es, por ahora, un marco de referencia.

Pero llega en un momento que le quita cualquier lectura ornamental: mientras una parte del Estado adopta un vocabulario de dignidad, escucha y límites al poder punitivo, otra parte de ese mismo Estado responde ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas por denuncias de submarino húmedo y seco, descargas eléctricas y abusos sexuales en la cárcel de Piñero. Son dos lenguajes del mismo poder, hablando al mismo tiempo, y no dicen lo mismo.

Que este gesto de la Corte sea todavía una declaración y no una sentencia no le quita valor como señal: en una Legislatura que vota con la disciplina de una escribanía y con un presupuesto provincial que destina 46.428 millones de pesos —unos 127 millones por día— a comunicación, imagen y publicidad oficial, la sola existencia de un poder que use otro vocabulario ya es, en sí misma, una noticia. Que ese vocabulario se traduzca en decisiones concretas y vinculantes es, todavía, una promesa pendiente de verificación, no un hecho consumado.

En Rosario y en la Ciudad de Buenos Aires, la misma lógica se aplica hacia abajo en la escala social: trapitos, vendedores ambulantes, personas en situación de calle, «lo peor del conurbano». No son la Doctrina de Seguridad Nacional de los setenta, y sería deshonesto decir que lo son. Pero comparten su estructura profunda: la construcción de un sujeto que no necesita cometer delito comprobado para ser tratado como amenaza, solo necesita ser visible, molesto o pobre en el lugar equivocado. En la Ciudad, ese mismo gobierno vetó, entre diciembre de 2025 y enero de 2026, leyes que creaban comisiones de fiscalización sobre salud mental y estándares de cuidado infantil. No es casualidad que el control se desmantele en el mismo movimiento en que se refuerza la vigilancia: es la misma doctrina, aplicada a dos objetos distintos —la ciudadanía vulnerable, hacia afuera; los mecanismos de rendición de cuentas, hacia adentro.

Lo que 1983 nos enseñó, y lo que estamos por olvidar

No sostengo que estemos ante una repetición de lo que este país vivió entre 1976 y 1983. Decirlo sería una falta de rigor y, francamente, una falta de respeto hacia quienes vivieron esa tragedia en carne propia. La distancia entre ambos extremos es real.

Lo que sí sostengo es más modesto y, por eso mismo, más urgente de decir a tiempo: 1983 no fue solamente el regreso de elecciones libres. Fue la instauración de un principio que costó una tragedia nacional aprender —que el Estado no puede tratar la identidad, la protesta legítima o la pertenencia territorial de una persona como el problema a resolver, y que cuando lo hace, necesita hacerlo con garantías que no está dispuesto a resignar nunca más. Ese principio no se pierde de un día para el otro. Se pierde cuando se acumulan pequeñas excepciones que, juntas y repetidas en el tiempo, configuran un hábito.

Este texto no pretende demostrar que ese hábito ya triunfó. Pretende mostrar que existe, que tiene mecánica reconocible en Nación, en las provincias y en los municipios, y que la mejor defensa contra él sigue siendo la misma de siempre: la palabra precisa, el control institucional efectivo —no solo el que existe en el papel— y una ciudadanía dispuesta a incomodarse a tiempo, antes de que deje de poder corregirse.

Una palabra final para quienes visten el uniforme

Quiero cerrar esta nota hablándole directamente a quien nos lee desde adentro de una fuerza: policías, penitenciarios, militares, y sus familias, que son buena parte de quienes acompañan este espacio desde hace veinticinco años.

Todo lo que describí hasta acá tiene un costo que no se reparte en partes iguales. Cuando la sospecha se convierte en doctrina de Estado, el que decide la política vuelve a su despacho. El que la ejecuta en la calle es, la mayoría de las veces, un cabo, un oficial, un agente penitenciario que no escribió el protocolo, no diseñó el operativo y no tiene margen para especular sobre si la orden que recibió resistirá el control judicial dos años después. Ya lo dije en otra nota y lo sostengo acá: el uniforme funciona, cada vez con más frecuencia, como el fusible de la excepcionalidad. El poder político amplía sus propias facultades y, en el mismo movimiento, transfiere hacia abajo el riesgo de ejercerlas.

Eso no es un problema abstracto. Tiene nombre en cada uno de los casos que reuní en esta nota: el efectivo que terminó imputado por el disparo que dejó a un fotógrafo con fractura de cráneo mientras la ministra que ordenó el operativo salía a hablar de militancia política; el policía que ejecuta un allanamiento ordenado desde un ministerio, apoyado en un algoritmo, sin saber si dentro de un año un tribunal va a decir que esa orden violó una garantía constitucional y que la responsabilidad, en los papeles, quedará asociada a su firma en el acta. La cadena de mando explica cómo llegó la instrucción. No demuestra que quien la impartió tuviera legitimidad para reemplazar a un juez, y no debería demostrar tampoco que el costo de esa decisión ajena caiga sobre el que la cumplió.

Dicho esto, no voy a pedirles que se callen frente a lo que ven puertas adentro de la propia institución. Hay mandos que cuidan más el cargo que la conducción, que se acomodan a cualquier clima político con tal de sostener un lugar, y que cuando algo sale mal dejan solo al de abajo. Esa lógica no protege a la fuerza: la vacía. Y también hay, aunque sean los menos, compañeros que no distinguen —o no quieren distinguir— entre un delincuente armado y un jubilado que reclama por su haber. Esa distinción no es un matiz discursivo. Es, exactamente, la diferencia entre ejercer autoridad legítima y perder, uno por uno, el reconocimiento social que la sostiene.

La política es transitoria. Ustedes, como institución, no. Los gobiernos que hoy exigen resultados inmediatos y mañana los usan como argumento de campaña van a irse. La fuerza sigue. Por eso lo que le pido a este público, con el mismo respeto con el que nos acompaña desde hace un cuarto de siglo, no es desobediencia: es criterio, es memoria institucional, y es la exigencia —hacia arriba, no hacia adentro— de que ninguna ampliación de facultades se las entreguen sin la protección jurídica, la trazabilidad de las órdenes y la asistencia efectiva que esa misma ampliación exige como contrapartida. Eso no es un privilegio corporativo. Es, simplemente, lo que corresponde cuando el Estado les pide que sean la primera línea de una política que otros diseñan y de la que otros, casi siempre, terminan cobrando el rédito.

“Quien quiera oír que oiga”

(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los  libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP),  «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV), «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI) ,«Gobernar mediante la sospecha», «Ciudadanía de Segunda Clase (CSC)». y ¿En nombre del odio?

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