El máximo tribunal provincial incorporó como marco de referencia 18 directrices para garantizar un trato humano a las personas excluidas.
La decisión aparece en medio de un enfrentamiento ideológico e institucional: securitarismo de excepción contra legalidad democrática. Mientras Pullaro pierde respaldo y procura neutralizar los controles, una parte de la Corte se convierte en el único freno institucional que todavía funciona.
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe tomó conocimiento formal de las denominadas “Reglas Papa Francisco para el trato humano de personas excluidas” y dispuso hacer saber su contenido dentro del Poder Judicial.
Presentada aisladamente, la decisión podría parecer una adhesión humanitaria tan correcta como inocua. Pero nada de lo que ocurre actualmente en la Justicia santafesina puede interpretarse fuera del clima de enfrentamiento existente entre el gobernador Maximiliano Pullaro y un sector del máximo tribunal provincial.
Las reglas funcionan, en los hechos, como un contradiscurso institucional frente al Estado securitario. (para ampliar recomiendo mi libro: «Gobernar mediante la sospecha» (2026).
Mientras el Gobierno organiza su política alrededor del control territorial, el endurecimiento penitenciario, la sospecha permanente y la exhibición pública del castigo, la Corte incorpora otro lenguaje: dignidad, escucha, proporcionalidad, cuidado de la vida y límites al poder estatal.
No son solamente dos vocabularios. Son dos concepciones del Estado enfrentadas.
Qué establecen las “Reglas Papa Francisco”
El documento fue elaborado después de los encuentros denominados “Diálogos por una justicia más humana”, realizados durante 2024 y 2025 con la participación de magistrados, funcionarios judiciales, referentes barriales, organizaciones sociales y actores eclesiásticos.
Su propósito es impedir que el sistema judicial reproduzca la exclusión bajo formas legales y evitar que la intervención del Estado se convierta en una fuente adicional de sufrimiento.
Las 18 reglas contemplan:
- cuidado de la vida;
- reconocimiento de la identidad;
- prohibición de prejuicios y discriminación;
- empatía y escucha;
- celeridad;
- evaluación integral de las circunstancias personales;
- detección de vulnerabilidades psicosociales;
- protección urgente;
- restitución de objetos esenciales;
- cobijo;
- acompañamiento;
- respuestas alternativas;
- inexigibilidad frente a impedimentos materiales;
- adecuación de las exigencias procesales;
- participación comunitaria;
- abordaje sanitario de consumos problemáticos;
- y reconocimiento del trabajo informal.
Las pautas están destinadas a todas las personas que intervengan en un proceso judicial. No comprenden solamente a detenidos o imputados: también alcanzan a víctimas, testigos y ciudadanos que enfrentan barreras sociales, económicas o culturales para ejercer sus derechos.
Una precisión necesaria para los que decidan «sacar los pies del plato»
La Corte resolvió tomar conocimiento de las reglas y hacerlas saber. Esto no equivale todavía a convertirlas en una ley, modificar el Código Penal ni establecer automáticamente un protocolo obligatorio y sancionable.
Se trata de un marco de actuación que deberá traducirse en prácticas, instrucciones y decisiones concretas. Su verdadero alcance dependerá de que los tribunales, fiscalías, defensorías y demás organismos las apliquen efectivamente.
La distinción no es menor. Santa Fe ya tiene demasiadas declaraciones solemnes que se evaporan al llegar a una comisaría, una cárcel o un expediente.
Securitarismo contra legalidad
El conflicto de fondo no enfrenta a quienes quieren seguridad con quienes supuestamente defienden delincuentes. Esa caricatura le resulta funcional al Gobierno porque convierte toda objeción jurídica en una forma de complicidad con el crimen.
La disputa real es otra: securitarismo de excepción contra legalidad democrática.
De un lado aparece un modelo que mide su eficacia mediante detenciones, requisas, saturación territorial, restricciones penitenciarias y ampliación de facultades coercitivas. Del otro, una concepción según la cual el Estado puede perseguir delitos, controlar cárceles y ejercer autoridad sin suspender la dignidad humana ni convertir al sospechoso en enemigo.
Las “Reglas Papa Francisco” no impiden investigar, juzgar o condenar. Exigen que el Estado conserve límites incluso cuando actúa contra quien infringió la ley.
Eso es precisamente lo que el securitarismo no tolera con facilidad: que alguien recuerde que la eficacia no sustituye a la legalidad.
Mientras se habla de humanidad, se denuncian torturas
La decisión de la Corte se conoce mientras la política penitenciaria santafesina enfrenta graves denuncias internacionales por presuntas torturas y tratos crueles.
Los episodios denunciados en la cárcel de Piñero —golpes, descargas eléctricas, abusos sexuales, intentos de empalamiento y otras prácticas degradantes— llegaron a organismos internacionales y fueron examinados por instituciones especializadas en prevención de la tortura. (Ver: Piñero llegó a la ONU: la violencia institucional que APROPOL advirtió y el precio que pagó el pueblo trabajador)
Debe mantenerse la precisión jurídica: la presentación de una denuncia no equivale a una condena internacional contra el Estado. Los hechos y las responsabilidades deberán determinarse mediante los procedimientos correspondientes.
Pero su existencia vuelve imposible tratar las reglas como una declaración ornamental. Mientras un poder del Estado proclama el cuidado de la vida, otro debe responder por lo que habría ocurrido con personas colocadas bajo su custodia.
La distancia entre ambas realidades define la gravedad del momento.
El enfrentamiento con la Corte
La tensión entre Pullaro y parte de la Corte no comenzó con este documento.
En febrero de 2026, APROPOL Noticias advirtió sobre la aprobación de pliegos destinados a cubrir lugares cuya vacancia formal no aparecía consumada. La controversia alcanzaba las salidas anunciadas de Eduardo Spuler, Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez.
Meses después, el propio Gutiérrez confirmó públicamente la anomalía:
“Hace rato que ya tienen suplente. Es increíble: un suplente sin vacante”.
También lanzó una definición imposible de separar del conflicto:
“Me voy a ir el día que yo lo quiera”.
El presidente del tribunal intentó reducir la tensión en el plano protocolar y aseguró que siempre mantuvo relaciones institucionales con el gobernador. Sin embargo, recordó que durante meses se pretendió responsabilizar al Poder Judicial por los problemas de seguridad de la provincia.
El Gobierno necesitaba construir culpables para las limitaciones de su política. Los jueces quedaron entonces colocados en el lugar de obstáculos para la eficacia.
Pullaro conserva poder, pero perdió consenso
Pullaro llegó a la Gobernación con 1.031.964 votos, equivalentes al 58,47 % de los votos afirmativos. Fue una victoria legítima y contundente.
Las elecciones posteriores mostraron otra realidad. En abril de 2025, la lista constituyente encabezada por el gobernador recibió 495.115 votos: una diferencia superior al medio millón respecto de 2023, aunque se trató de categorías diferentes y con menor participación.
En las elecciones locales de junio volvió a registrarse un ausentismo extraordinario. En Rosario, Unidos quedó tercero y su candidata recibió el respaldo de apenas el 11,58 % del padrón.
Estos resultados no eliminaron la legitimidad constitucional del Gobierno. Sí evidenciaron una erosión de confianza, participación y representatividad.
Lo preocupante es que la disminución del consenso no produjo mayor moderación. Por el contrario, el Ejecutivo profundizó su voluntad de controlar las instituciones capaces de limitarlo.
Pullaro conserva autoridad para gobernar. Lo que ya no puede invocar es una representación indiscutida y permanente del pueblo santafesino.
Una Legislatura convertida en escribanía
La Legislatura debería ser el ámbito natural para deliberar, corregir y limitar las iniciativas del Ejecutivo. Sin embargo, la mayoría oficialista y parte de una oposición «sobona» viene funcionando como una escribanía política de la Casa Gris.
Los proyectos centrales del Gobierno avanzan con rapidez, disciplina partidaria y escasa disposición para revisar sus fundamentos. El debate parlamentario queda reducido con frecuencia a justificar decisiones previamente tomadas.
Una mayoría legislativa no es ilegítima. Lo que degrada la división de poderes es utilizarla para reemplazar deliberación por obediencia.
Cuando la Legislatura se limita a certificar la voluntad gubernamental, deja de ejercer plenamente su función de control y representación. Conserva las bancas, las sesiones y las votaciones, pero pierde autonomía política.
Las instituciones permanecen formalmente en pie mientras se vacía lentamente su capacidad de limitar al poder.
Grandes medios convertidos en oficinas de propaganda
El tercer sostén del dispositivo es comunicacional.
El Presupuesto provincial de 2026 asignó $46.428 millones a áreas vinculadas con comunicación, contenidos, imagen, publicidad y propaganda gubernamental. La cifra equivale aproximadamente a $127 millones diarios.
No todo ese monto puede identificarse técnicamente como pauta pagada directamente a medios. Pero representa una estructura económica capaz de premiar alineamientos, definir agendas y castigar silenciosamente a quienes contradicen el relato oficial.
Grandes medios santafesinos dejaron de comportarse como controles externos del poder y comenzaron a funcionar como oficinas privadas de propaganda gubernamental financiadas con recursos públicos.
No hace falta que llegue una orden escrita a cada redacción. La dependencia económica enseña rápidamente qué noticias conviene destacar, cuáles deben suavizarse y cuáles directamente no existen.
La diferencia también debe quedar clara: los trabajadores de prensa precarizados no son necesariamente responsables. Muchos padecen bajos salarios, presiones editoriales y temor a perder su fuente laboral. La responsabilidad principal corresponde a propietarios, directivos y editores que intercambian independencia por recursos, acceso o protección política.
La pauta oficial es legítima cuando informa actos de gobierno y se distribuye con reglas transparentes. Se vuelve un instrumento de disciplinamiento cuando compra benevolencia editorial y construye una realidad ficticia.
La dignidad no se devuelve: se reconoce y se respeta
Para Francisco, la dignidad humana no se concede, no se administra ni puede ser “devuelta” por un gobierno, una iglesia o una organización. Pertenece a cada persona per se, por el solo hecho de ser humana, incluso cuando está detenida o ha cometido un delito.
Esta concepción enfrenta directamente a quienes primero reducen al preso a la condición de objeto, le atribuyen una dignidad perdida y luego se presentan como intermediarios indispensables para recuperarla.
Bajo ese discurso paternalista puede esconderse un mecanismo de poder —e incluso un negocio montado dentro de las cárceles— que intercambia asistencia, beneficios o reconocimiento institucional por disciplinamiento, adhesión religiosa y subordinación personal.
El Estado no debe contratar salvadores ni tercerizar dignidades. Debe garantizar derechos, controlar las condiciones de encierro y ofrecer posibilidades reales de reinserción sin someter la conciencia de nadie.
Lo que corresponde devolver no es la dignidad, porque nunca se pierde. Son los derechos que el propio Estado restringió, vulneró o dejó de garantizar.
El freno de mano que Pullaro quiere anular
Con una Legislatura alineada y buena parte de los grandes medios incorporada al dispositivo comunicacional, la Corte aparece como uno de los pocos límites institucionales todavía operativos.
No porque sea infalible. Tampoco porque Rafael Gutiérrez deba transformarse en conductor de la oposición. La Corte tiene sus propias deudas, lógicas corporativas y responsabilidades históricas.
Pero en una república el límite no necesita ser perfecto para resultar necesario.
Pullaro parece desesperado por neutralizar ese freno de mano: anticipó reemplazantes, presionó públicamente sobre la composición del tribunal y trasladó hacia la Justicia responsabilidades que corresponden al Ejecutivo.
La adopción de las “Reglas Papa Francisco” adquiere allí su verdadero sentido. La Corte no está gobernando ni diseñando una política de seguridad alternativa. Está recordando que el poder coercitivo continúa subordinado al derecho.
Gobernar mediante la sospecha
Este proceso confirma la tesis desarrollada en Gobernar mediante la sospecha. Las democracias no se degradan únicamente mediante golpes de Estado o clausuras del Parlamento. También pueden hacerlo lentamente, conservando elecciones, sesiones legislativas y legalidad formal mientras normalizan la urgencia, la vigilancia y la expansión preventiva del poder.
El Estado securitario clasifica:
- al detenido como enemigo;
- al pobre como riesgo;
- al juez como obstáculo;
- al periodista crítico como operador;
- al policía que reclama derechos como insubordinado;
- y a toda institución independiente como una amenaza a la eficacia.
Las “Reglas Papa Francisco” invierten esa racionalidad. Allí donde el securitarismo ve peligros, ordenan reconocer personas. Donde la excepcionalidad exige obediencia, recuerdan límites. Donde el Gobierno exhibe castigo, reclaman dignidad.
Por eso funcionan como un contradiscurso institucional.
El límite también es democracia
Es saludable que Pullaro encuentre un límite a sus caprichos de gobernante y a sus preocupantes derivas autoritarias. No porque la Corte deba gobernar en su lugar, sino porque ningún gobernador puede convertirse en propietario del Estado.
Los votos conceden autoridad para gobernar. No otorgan dominio sobre la Legislatura, la Justicia, la prensa ni la Constitución.
Una Corte independiente no es enemiga de la seguridad. Una Legislatura deliberativa no impide gobernar. Una prensa crítica no desestabiliza la democracia. Todos ellos son componentes indispensables de una república que funciona.
En Santa Fe, sin embargo, la Legislatura se comporta como escribanía, grandes medios operan como oficinas de propaganda y el Ejecutivo procura anular al único poder que todavía le recuerda que no todo le está permitido.
Las “Reglas Papa Francisco” no resolverán por sí solas esta crisis. Pero trazan una línea clara dentro del Estado: la seguridad no puede construirse degradando personas y la eficacia no habilita a gobernar sin límites.
Pullaro procura que la seguridad organice el poder.
La Corte recuerda que el derecho todavía debe organizar la seguridad.
“Quien quiera oír que oiga”
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV), «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI) ,«Gobernar mediante la sospecha», «Ciudadanía de Segunda Clase (CSC)». y ¿En nombre del odio?
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