El caso de una docente espiada, expuesta y descalificada por el propio gobernador— revela el uso político del “dato” en una provincia donde la Ley 14.246 creó un sistema de inteligencia y la Bicameral de control aún no está conformada. Sin contrapesos, el secreto se convierte en poder.
Por Alberto Martinez (*)
El episodio que desnuda el método
En Villa Ocampo, Maximiliano Pullaro respondió a una docente con una acusación sobre “carpeta médica por 10 años” y luego borró el posteo en X. El hecho generó repudio y quedó registrado en notas y videos. Más allá del destrato, importa lo estructural: el poder usando “información” para desacreditar a quien interpela.
La norma que habilita la concentración
La Ley 14.246 creó el Sistema de Inteligencia y Análisis para la Prevención del Delito (CIOPE, entre otras áreas) y, en paralelo, una Comisión Bicameral para auditar legalidad, recursos y desclasificaciones. En los papeles, el Ejecutivo decide clasificar y desclasificar; el control lo ejerce la Bicameral. En la práctica, la llave queda en Casa Gris si el Congreso provincial no funciona a la vista.
El control que no aparece
La Bicameral no existe formalmente y no hay informes ni actas públicas que acrediten un control sostenido sobre protocolos, gastos, pedidos de acceso o desclasificaciones del sistema. Sin auditoría visible, el “monopolio del dato” queda en manos del Ejecutivo que los utiliza como en esta oportunidad.
¿Para qué Pullaro lo necesita sin contrapesos?
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Vigilar a quien incomoda. El caso de la docente muestra cómo el dato (o su insinuación) se usa para disciplinar al que pregunta. Sin Bicameral, no hay árbitro independiente que trace límites.
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Fijar la narrativa oficial. Con el control de lo que se clasifica y desclasifica, el gobierno elige qué exhibir y cuándo, alineando “golpes” comunicacionales con su agenda política. La ley le da la llave; la ausencia de control deja el cuarto sin cámaras.
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Operar con opacidad. Santa Fe es la primera provincia con marco propio de inteligencia; APROPOL viene alertando que el órgano de control no existe. Resultado: eficacia sin freno hoy, riesgo de abuso mañana.
Hecho y derecho: el dato también tiene reglas
Más allá del agravio, el mensaje sobre “10 años de carpeta” colisiona con el Reglamento de Licencias Docentes: el régimen fija topes y procedimientos (intervención de Junta Médica, límites temporales), no existe una licencia por enfermedad de una década. El uso del dato sanitario como arma retórica viola el estándar mínimo de prudencia institucional.
Lo que debería ocurrir ya
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Publicación de la integración, reglamento y cronograma de la Bicameral; inicio de informes trimestrales (protocolos, gastos, pedidos de acceso/desclasificación).
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Protocolo anti-desvíos: prohibición expresa de inteligencia sobre docentes, periodistas, gremios y opositores por fuera de causa judicial, con sanciones y trazabilidad de consultas a bases. (La ley prevé el control; falta aplicarlo).
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Rectificación oficial sobre el caso Villa Ocampo y compromiso público de no usar datos sensibles para estigmatizar ciudadanos.
El episodio de la maestra no es una anécdota: es el caso testigo de por qué Pullaro necesita un aparato de inteligencia propio y sin control efectivo. Porque así vigila, disciplina y monopoliza el dato. En democracia, la seguridad se sostiene con información, pero la república se salva con controles.
¡Quién quiera oír que oiga!
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana. Ex oficial de la policía de Santa Fe, Autor del libro «La Doctrina de la Sospecha Permanente» (2005) donde analiza en profundidad estas cuestiones.
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APROPOL Noticias
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