Santa Fe – Familiares de policías involucrados en la causa por la muerte de Mauro González denuncian que, pese a las promesas iniciales de respaldo, quedaron sin asistencia efectiva, con fuertes descuentos salariales y obligados a afrontar de su bolsillo los costos de la defensa.
La investigación por la muerte de Mauro González, ocurrida luego de un procedimiento policial y de su posterior alojamiento en la Comisaría 8ª de la ciudad de Santa Fe, continúa avanzando y sumando personas sometidas al proceso. Pero detrás de la causa judicial empieza a emerger otro conflicto: la situación personal, económica y laboral de los policías involucrados y la sensación de abandono que transmiten sus familias.
Familiares y allegados hicieron llegar a este medio su preocupación por lo ocurrido desde las primeras detenciones y aseguran que, durante los días iniciales de la causa, existieron contactos con autoridades provinciales y compromisos de acompañamiento hacia los agentes y sus núcleos familiares.
Según esos testimonios, se les habría transmitido que no se adoptarían decisiones administrativas apresuradas mientras la Justicia determinaba las responsabilidades individuales, que se procuraría preservar parte de sus ingresos y que existiría algún tipo de asistencia frente a los elevados costos de las defensas particulares.
Con el paso de las semanas, sostienen, la realidad fue otra.
Diez días detenido y diferencias en el trato recibido
Familiares de uno de los policías involucrados señalaron que el efectivo permaneció diez días detenido, entre el 1 y el 10 de julio, y que durante ese período pasó por dos dependencias policiales con experiencias muy diferentes.
De acuerdo con lo transmitido por sus allegados, inicialmente fue alojado en la Comisaría 26ª, donde aseguran que recibió un trato particularmente duro por parte del propio personal policial. Luego fue trasladado a la Subcomisaría 17ª, donde, según la misma versión, el trato cambió sustancialmente y fue mucho más correcto y respetuoso.
Para las familias, ese contraste no fue menor. Quienes hasta pocos días antes formaban parte del sistema de seguridad pasaron a experimentar desde el otro lado las condiciones de alojamiento, custodia y restricción propias de una detención.
El caso del personal de Comando Radioeléctrico fue mas grave aun; fueron derivados a un pabellón con presos comunes en la cárcel de Las Flores y luego de algunas gestiones los trasladaron a la Comisaria 17ma.
La reunión con Cococcioni y las promesas de respaldo
Uno de los puntos centrales del reclamo está vinculado con una reunión que familiares de los policías mantuvieron en el Ministerio de Justicia y Seguridad con el ministro Pablo Cococcioni.
Según relataron, en ese encuentro plantearon la situación judicial, laboral y económica de los efectivos y consultaron expresamente qué ocurriría con las medidas administrativas, la disponibilidad, los descuentos salariales, la TAP y los distintos conceptos que integraban sus ingresos habituales.
Los familiares aseguran que durante esa reunión se les transmitió que no se avanzarían con medidas administrativas que anticiparan una condena, que no se afectarían determinados ingresos y que existiría acompañamiento para afrontar parte de los gastos de las defensas particulares.
Uno de los policías ya había firmado su pase a disponibilidad durante los primeros días de julio, mientras permanecía detenido, pero sus allegados sostienen que aun así se les pidió tranquilidad y se les aseguró que no serían dejados sin respaldo económico.
De las promesas a los descuentos
El conflicto se profundizó cuando, semanas después, las familias advirtieron una fuerte reducción de los ingresos de algunos de los agentes involucrados.
En uno de los casos, según indicaron allegados, el efectivo había percibido aproximadamente $2,3 millones el mes anterior y luego se encontró con alrededor de $800.000 acreditados, después de la pérdida de distintos conceptos salariales y adicionales.
Para las familias, la contradicción es evidente: primero se les habría transmitido que no serían abandonados ni sufrirían consecuencias económicas anticipadas y, poco después, aparecieron descuentos y pérdidas de ingresos que impactaron directamente sobre hogares con alquileres, servicios y obligaciones familiares.
El reclamo no apunta a desconocer las facultades administrativas de la fuerza frente a una investigación penal, sino a exigir una explicación concreta sobre qué cambió entre las promesas realizadas y las decisiones tomadas posteriormente.
Las defensas también salieron del bolsillo de las familias
Otro de los cuestionamientos está relacionado con la asistencia jurídica.
Los familiares aseguran que inicialmente se habló de un mecanismo para colaborar con los gastos derivados de las defensas particulares y que incluso se inició un expediente administrativo con ese objetivo. Sin embargo, sostienen que el trámite quedó demorado mientras las audiencias seguían avanzando y los abogados debían cobrar.
Como consecuencia, varias familias habrían tenido que recurrir a dinero propio, préstamos y ayuda de allegados para afrontar los honorarios profesionales, sin contar hasta el momento con la asistencia que esperaban recibir.
La situación se vuelve todavía más compleja porque algunos de los policías continúan privados de su libertad, mientras otros siguen sometidos al proceso en libertad, pero todos deben sostener simultáneamente una defensa penal, sus hogares y las consecuencias económicas derivadas de su situación administrativa.
Una causa que sigue ampliándose
La investigación comenzó alcanzando a un grupo de efectivos que había intervenido en distintas etapas del procedimiento que terminó con Mauro González alojado en la Comisaría 8ª.
Posteriormente se incorporaron nuevas imputaciones, entre ellas las de otros policías y, más recientemente, la de una médica policial que intervino dentro del circuito previo al alojamiento del detenido.
Para los familiares, esta ampliación progresiva de la investigación también genera preocupación porque extiende los tiempos procesales y prolonga una situación de incertidumbre que puede durar meses.
Las responsabilidades penales deberán ser determinadas por fiscales y jueces a partir de las pruebas reunidas y con pleno respeto por el principio de inocencia. La condición de imputado no equivale a una declaración de culpabilidad.
Pero justamente por esa misma razón, las familias cuestionan que algunos policías estén afrontando consecuencias económicas y laborales que, en los hechos, perciben como anticipadas.
“Los dejaron solos”
El planteo de los allegados es que los policías involucrados llegaron al procedimiento porque estaban trabajando, fueron convocados o intervinieron dentro de una actuación de servicio y que ahora cada uno deberá responder judicialmente por lo que efectivamente haya hecho o dejado de hacer.
No reclaman impunidad.
Reclaman que cada responsabilidad sea individualizada y probada, y que mientras ese proceso se desarrolla el propio Estado no abandone a sus trabajadores ni coloque a sus familias en una situación de desamparo.
Los allegados describen además un fuerte deterioro económico y emocional, agravado por las detenciones, la exposición pública, la publicación de nombres y apellidos, los descuentos salariales y la incertidumbre sobre el futuro laboral.
Para algunos hogares, explicaron, el problema ya no es solamente jurídico, sino también cotidiano: pagar el alquiler, los servicios, sostener a los hijos y continuar financiando una defensa penal cuyos tiempos resultan imposibles de prever.
Párrafo aparte sobre las criticas a los «jefes de infantería» que según comentaron nunca se acercaron y ni un mensaje enviaron. Mencionaron que distinta fue la actitud asumida por los jefe del Comando que si se ocuparon de su personal.
Del respaldo público a la soledad concreta
Desde el Gobierno provincial se ha reiterado en distintas oportunidades que los policías que actúen dentro de la ley tendrán respaldo institucional y que el Estado no dejará desprotegido a quien deba enfrentar una investigación judicial como consecuencia de su función.
Para las familias de los involucrados en esta causa, esa promesa está hoy bajo examen.
Porque una cosa es expresar respaldo cuando una investigación recién comienza y otra muy distinta es sostenerlo cuando llegan las detenciones, los honorarios de los abogados, los descuentos salariales, las disponibilidades administrativas y meses de incertidumbre.
“Los dejaron solos”, sintetizan los allegados.
La Justicia deberá establecer qué ocurrió aquella noche y cuál fue la responsabilidad concreta de cada persona que intervino. Pero mientras ese proceso continúa, hay otra pregunta que también necesita una respuesta: ¿quién sostiene al policía y a su familia hasta que la Justicia determine si efectivamente cometió un delito o simplemente cumplió con la función que el propio Estado le había encomendado?
Este jueves habrá novedades luego de la audiencia judicial prevista.
ADVERTENCIA AL RESTO: Cuando llega el problema, cuando aparece una causa, una imputación o una decisión administrativa, las promesas de respaldo pueden desvanecerse mucho más rápido de lo que llegan. Cada policía debería tomar nota de esta realidad, porque la experiencia de estos compañeros muestra que, frente a situaciones críticas, el uniforme no garantiza acompañamiento, la institución no siempre contiene y las familias terminan cargando con buena parte del costo. En una estructura que exige obediencia, disponibilidad y sacrificio permanente, cada vez resulta más necesario que los trabajadores policiales comprendan que también deben defender sus derechos, exigir garantías y reclamar mecanismos reales de protección. Porque, de lo contrario, el mensaje que va quedando es demasiado claro: están cada vez más solos.
AMPLIAREMOS
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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