Santa Fe – Dos proyectos ya fueron presentados en la Legislatura provincial para que empleados públicos, jubilados y pensionados puedan elegir libremente la entidad financiera en la que perciben sus haberes.
Las iniciativas de Silvia Malfesi y Fabián Palo Oliver llegan después de reiterados reclamos contra el Nuevo Banco de Santa Fe por cambios en vencimientos, débitos sobre cuentas sueldo y una relación prácticamente obligatoria con unos 150.000 agentes activos y pasivos, por lo que resulta imperioso que la Legislatura avance y establezca límites concretos frente a una posición dominante que viene generando cuestionamientos.
Los últimos conflictos con el Nuevo Banco de Santa Fe comenzaron a producir una reacción que puede trasladar finalmente la discusión desde los reclamos individuales hacia el terreno legislativo, ya que actualmente existen dos iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados que, aunque proponen mecanismos diferentes, persiguen un mismo objetivo: terminar con la obligación práctica de que los trabajadores públicos santafesinos mantengan su cuenta sueldo en una única entidad y permitirles decidir libremente dónde percibir sus haberes.
La diputada Silvia Malfesi reingresó un proyecto que ya había presentado en 2024 y que perdió estado parlamentario luego de permanecer sin tratamiento en comisiones. La iniciativa, acompañada por Alicia Azanza y Emiliano Peralta, propone reconocer a cada agente de los tres poderes del Estado, organismos autárquicos y entes descentralizados el derecho a decidir en qué banco percibir su remuneración mediante una simple notificación, manteniendo naturalmente la posibilidad de continuar en el Nuevo Banco de Santa Fe para quien considere conveniente hacerlo.
Por otra parte, el diputado Fabián Palo Oliver presentó otra propuesta que amplía expresamente el alcance a trabajadores activos, jubilados y pensionados provinciales, estableciendo un plazo para optar por otra entidad financiera y una permanencia mínima de 24 meses antes de efectuar un nuevo cambio, con la intención de combinar la libertad de elección con cierta previsibilidad administrativa.
Dos proyectos y un mismo problema: una clientela cautiva
Aunque existen diferencias técnicas entre ambas iniciativas, el diagnóstico de fondo es prácticamente coincidente: el actual esquema dejó durante años a miles de trabajadores estatales vinculados obligatoriamente al agente financiero de la Provincia, sin que exista una verdadera competencia destinada a conservar esas cuentas mediante mejores servicios, mejores condiciones o beneficios concretos.
Malfesi sostiene que la ausencia de competencia contribuye a explicar las deficiencias recurrentes del servicio, porque una entidad que recibe automáticamente una enorme cantidad de cuentas sueldo tiene pocos incentivos para mejorar la atención, las condiciones crediticias o los beneficios destinados a retener clientes.
Palo Oliver, por su parte, fue todavía más gráfico al señalar que el Nuevo Banco de Santa Fe mantiene una cartera cautiva estimada en 150.000 cuentas correspondientes a agentes activos y pasivos, y planteó que permitir la libre elección obligaría a las entidades financieras a competir para captar a esos trabajadores mediante mejores créditos, tarjetas, tasas, servicios y condiciones comerciales.
Ese punto resulta central porque el Nuevo Banco de Santa Fe no es una entidad estatal, sino una empresa privada que cumple la función de agente financiero de la Provincia, y que el Estado seleccione un banco para canalizar determinadas operaciones institucionales no necesariamente debería significar que cada trabajador quede obligado durante toda su vida laboral y previsional a mantener allí sus haberes.
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Comparativa de los proyectos para terminar con la exclusividad del Nuevo Banco de Santa Fe
| Punto | Proyecto Silvia Malfesi | Proyecto Fabián Palo Oliver |
|---|---|---|
| Objetivo central | Garantizar la libre elección de la entidad bancaria para los agentes públicos provinciales. | Permitir que trabajadores activos y pasivos del Estado provincial elijan libremente dónde cobrar sus haberes. |
| Situación legislativa | Reingresado en 2026. Ya había sido presentado en 2024 y perdió estado parlamentario sin tratamiento. | Presentado en 2026 y actualmente a consideración de la Legislatura. |
| Alcance | Agentes de los tres poderes del Estado, entes autárquicos y organismos descentralizados. | Trabajadores activos de todos los organismos estatales y también jubilados y pensionados provinciales. |
| Libertad de elección | El trabajador puede decidir en qué banco cobrar mediante una simple notificación y permanecer en la entidad actual si así lo desea. | El trabajador puede elegir cualquiera de las entidades financieras habilitadas para recibir su cuenta sueldo. |
| Momento para ejercer la opción | Puede hacerlo en cualquier momento de su carrera. | Los nuevos agentes tendrían tres meses desde su incorporación y quienes ya integran la administración, tres meses desde la entrada en vigencia de la ley. |
| Permanencia mínima | No surge una permanencia mínima obligatoria del material disponible. | Establece una permanencia mínima de 24 meses antes de poder volver a cambiar de entidad. |
| Jubilados y pensionados | El material disponible no los menciona expresamente. | Sí, los incluye expresamente. |
| Diagnóstico | La falta de competencia genera deficiencias y deja a los empleados públicos cautivos de un único prestador. | Busca democratizar la relación bancaria, generar competencia y evitar abusos derivados de una cartera cautiva. |
| Cuentas involucradas | No especifica una cantidad en la información difundida. | Palo Oliver estima unas 150.000 cuentas entre trabajadores activos y pasivos. |
| Abusos recientes | El proyecto fue reimpulsado tras reclamos por fallas operativas y cambios en los vencimientos de tarjetas. | Cuestiona expresamente el adelanto de vencimientos y los débitos sobre las cuentas sueldo. |
| Efecto esperado | Que los bancos compitan ofreciendo mejores beneficios, tasas y atención. | Que las entidades compitan por captar las cuentas mediante mejores créditos, tarjetas, servicios y condiciones. |
| Diferencia principal | Propone una libertad de cambio más amplia y flexible. | Propone libertad de elección, pero con un plazo inicial y una permanencia mínima de dos años. |
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El conflicto por las tarjetas volvió a mostrar el problema
Los proyectos tomaron nuevo impulso después de la reciente controversia provocada por modificaciones en las fechas de vencimiento de tarjetas de crédito, una decisión que generó fuertes reclamos entre empleados públicos cuyos vencimientos comenzaron a desacomodarse respecto del cronograma provincial de pago de salarios.
El episodio volvió a demostrar cuál es el problema de una relación en la que el trabajador prácticamente no dispone de capacidad de salida: cuando el servicio se deteriora, las condiciones cambian o aparecen decisiones que afectan directamente su economía, no existe una herramienta sencilla para elegir otro banco y trasladar allí el salario.
Palo Oliver calificó directamente como un abuso la decisión de adelantar vencimientos y cuestionó que el banco pueda descontar automáticamente fondos existentes en cuentas sueldo para cancelar deudas, señalando que la afectación del salario no debería depender unilateralmente de la voluntad de la entidad acreedora.
Más allá de la interpretación jurídica que finalmente corresponda aplicar a cada débito o contrato particular, la controversia volvió a exponer una relación profundamente asimétrica entre un banco privado con decenas de miles de clientes prácticamente asegurados y trabajadores que no disponen de una alternativa equivalente para abandonar la entidad cuando consideran que sus condiciones dejaron de resultar convenientes.
La Legislatura tiene ahora dos oportunidades para actuar
La importancia de este nuevo escenario radica en que el problema ya no depende de una sola iniciativa legislativa, porque hay dos proyectos presentados que permiten abrir formalmente la discusión sobre la libertad bancaria de los empleados públicos santafesinos.
El de Malfesi propone una libertad de elección especialmente amplia, permitiendo al trabajador decidir durante su carrera dónde quiere cobrar, mientras que el de Palo Oliver establece períodos definidos y una permanencia mínima de dos años, intentando evitar cambios permanentes que puedan dificultar la operatoria administrativa.
Los textos podrán discutirse, corregirse, unificarse o tomar elementos uno del otro, pero lo verdaderamente importante es que no vuelvan a dormir en las comisiones, como ocurrió con la iniciativa presentada por Malfesi en 2024, que perdió estado parlamentario sin haber sido tratada.
Ahora existen nuevos reclamos, antecedentes recientes y una segunda iniciativa que demuestra que el problema excede a un bloque político determinado, ya que Malfesi y Palo Oliver provienen de espacios diferentes pero convergen en una cuestión elemental: un trabajador debería poder decidir en qué entidad financiera recibe y administra el fruto de su trabajo.
Ser agente financiero de la Provincia no debería significar ser dueño del trabajador
Aquí aparece la cuestión de fondo que debería resolver la Legislatura. Una cosa es que la Provincia necesite un agente financiero para administrar pagos, recaudaciones y operaciones propias del Estado, y otra completamente diferente es que ese contrato termine generando, como consecuencia indirecta, una masa de trabajadores y jubilados obligados a permanecer como clientes de una entidad determinada.
El salario pertenece al trabajador y, aunque el Estado pueda establecer mecanismos administrativos para efectuar su liquidación y pago, resulta difícil justificar que esa decisión termine condicionando indefinidamente qué entidad financiera debe utilizar una persona para recibir y administrar su propio dinero.
La competencia, además, podría producir un efecto saludable, porque si el Nuevo Banco de Santa Fe quiere conservar las cuentas de los empleados públicos debería tener que hacerlo ofreciendo mejores créditos, menores costos, mejor atención, mejores condiciones para las tarjetas y beneficios suficientemente atractivos para que el trabajador decida permanecer voluntariamente.
Eso es sustancialmente diferente a conservar una enorme cartera de clientes simplemente porque esos clientes no tienen otra opción.
Es hora de ponerle un freno
El conflicto por los vencimientos de tarjetas fue solamente el episodio más reciente de una relación que viene generando cuestionamientos desde hace tiempo, y la respuesta institucional no puede limitarse cada vez a una gestión informal del Gobierno provincial para solucionar el inconveniente circunstancial y esperar hasta la próxima controversia.
Palo Oliver cuestionó precisamente que el Ejecutivo haya actuado con excesiva contemplación frente al banco, mientras que Malfesi relacionó directamente las fallas recurrentes con la inexistencia de competencia.
La oportunidad que ahora tiene la Legislatura es, por lo tanto, mucho mayor que corregir una fecha de vencimiento o discutir un débito determinado, porque puede modificar estructuralmente la relación entre los trabajadores públicos y el sistema financiero provincial, permitiendo que la competencia funcione también como una herramienta para limitar abusos.
Hay dos proyectos sobre la mesa, aproximadamente 150.000 cuentas involucradas y antecedentes recientes de decisiones que afectaron directamente los ingresos de trabajadores y jubilados, por lo que resulta imperioso ponerle un freno a una entidad que, desde una posición privilegiada frente a una clientela cautiva, puede adoptar decisiones que repercuten sobre miles de familias sin enfrentar la consecuencia más elemental que existiría en cualquier relación comercial competitiva: que el cliente pueda irse a otro banco.
La solución no necesita inventarse porque ya está en la Legislatura; ahora falta que los diputados asuman el problema, discutan los proyectos y decidan si los trabajadores públicos santafesinos seguirán siendo clientes obligados o finalmente podrán ejercer un derecho elemental: elegir quién administra su cuenta sueldo.
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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