Santa Fe – La Defensoría del Pueblo confirmó que la entidad reconoció el adelantamiento excepcional de los vencimientos de tarjetas Visa durante septiembre y aseguró que compensará intereses o recargos. Desde octubre, dijo, volverá al cronograma habitual. El episodio vuelve a poner en primer plano los proyectos para que estatales, jubilados y pensionados puedan elegir dónde cobrar sus haberes.
El Banco de Santa Fe respondió formalmente al requerimiento presentado por la Defensoría del Pueblo luego de los reclamos de empleados de la Administración Pública provincial que advirtieron que los vencimientos de sus tarjetas Visa habían sido adelantados a fechas anteriores al cobro de sus salarios.
La entidad sostuvo que la modificación obedeció a un “proceso de optimización y estandarización” de las fechas de cierre y vencimiento en sus sistemas operativos. También afirmó que la medida fue excepcional, limitada al mes de septiembre, y que desde octubre se retomará el cronograma habitual que regía en agosto y períodos anteriores.
La respuesta constituye una confirmación institucional de una situación que había generado malestar y zozobra entre miles de trabajadores estatales, jubilados, docentes, judiciales, policías, penitenciarios y otros clientes que organizan sus pagos en función de la fecha efectiva de acreditación de sus haberes.
El banco promete compensar todo cargo generado
Ante la preocupación expresada por la Defensoría, el Banco de Santa Fe aseguró que el corrimiento no generó “menoscabo patrimonial ni costo financiero” para los usuarios alcanzados. Según informó, no se aplicarán intereses por mora ni recargos adicionales durante el lapso comprendido entre el vencimiento del resumen y el cobro del salario.
Además, indicó que, si se hubiera generado algún interés o cargo asociado a ese período, procedió o procederá a compensar íntegramente los importes afectados.
Es una aclaración necesaria y, sobre todo, un alivio para quienes se encontraron con la tarjeta vencida antes de disponer de su sueldo. Pero no elimina el problema que produjo la medida: durante varios días, miles de familias quedaron sin saber si serían consideradas morosas, si se activarían débitos automáticos o si debían conseguir dinero antes de cobrar para no caer en una deuda más cara.
En una economía donde la tarjeta dejó de ser un recurso para compras extraordinarias y se transformó en una extensión del salario para alimentos, servicios, alquileres y gastos cotidianos, adelantar un vencimiento algunos días no es una simple corrección de sistema. Desde un escritorio puede parecer una minucia; para quien llega al día de cobro sin margen, puede significar un problema serio.
La explicación no alcanza para cerrar el debate
La Defensoría había intervenido el 24 de agosto, luego de recibir numerosas consultas y presentaciones de usuarios. El planteo era sencillo: explicar por qué se modificaron las fechas y qué protección tendrían los clientes cuyos haberes se acreditaban después del nuevo vencimiento.
La respuesta despeja parcialmente la contingencia inmediata, pero deja abierta una cuestión política e institucional. El Nuevo Banco de Santa Fe no es un banco cualquiera en la vida de los trabajadores provinciales: es una empresa privada que actúa como agente financiero de la Provincia y administra la acreditación de haberes de una enorme cantidad de empleados públicos y pasivos.
Por ello, cualquier decisión que altere la relación entre el calendario salarial y los compromisos financieros de esos mismos clientes exige previsibilidad, información previa y garantías claras. No puede quedar librada a una explicación posterior, una vez que el malestar ya se extendió.
La salida: libertad para elegir dónde cobrar
El conflicto vuelve a fortalecer dos proyectos que ya se encuentran en la Legislatura santafesina y que proponen terminar con la exclusividad de hecho que mantiene el Banco de Santa Fe sobre las cuentas sueldo de estatales, jubilados y pensionados.
Dos proyectos buscan frenar los abusos del Nuevo Banco de Santa Fe
La diputada Silvia Malfesi reingresó una iniciativa para que agentes de los tres poderes, organismos autárquicos y entes descentralizados puedan elegir libremente la entidad donde cobrar sus remuneraciones. Por su parte, el diputado Fabián Palo Oliver presentó un proyecto que incluye expresamente a trabajadores activos, jubilados y pensionados, con plazos de opción y una permanencia mínima de 24 meses antes de volver a cambiar de banco.
Ambas propuestas parten de un diagnóstico difícil de discutir: una cartera estimada en unas 150.000 cuentas de agentes activos y pasivos, sin una posibilidad real de salida, debilita al cliente y reduce los incentivos para que la entidad ofrezca mejores condiciones, atención, tasas, créditos, tarjetas y servicios.
La cuestión no es obligar a nadie a abandonar el Banco de Santa Fe. Quien esté conforme debería poder continuar allí. Pero el salario es del trabajador, no de la entidad financiera ni del Estado que lo liquida. Ser agente financiero de la Provincia no puede convertirse en una licencia para tratar a miles de familias como una clientela cautiva.
Esta vez el banco debió retroceder y garantizar que no habrá cargos por el adelantamiento de septiembre. La próxima discusión debería ir más lejos: que ningún trabajador público tenga que esperar otra decisión inconsulta para descubrir que no posee siquiera la herramienta elemental de llevar su sueldo a otro banco.
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