Entre Ríos – Irá a juicio mientras cumple condena en Gualeguaychú.
El exgobernador entrerriano, recordado por la persecución posterior al reclamo salarial policial de 2013, enfrenta un juicio por presuntas negociaciones incompatibles y aguarda la elevación de otra causa por enriquecimiento ilícito. También fue notificado en el expediente por contratos irregulares de la Legislatura.
Sergio Urribarri, exgobernador y exembajador argentino en Israel y Chipre, deberá enfrentar en los próximos meses dos nuevos procesos judiciales, mientras cumple en la Unidad Penal N.º 9 de Gualeguaychú la condena firme de ocho años de prisión dictada por delitos contra la administración pública.
La novedad tiene una inevitable carga política y simbólica. La cárcel donde hoy está alojado fue construida durante su primer mandato y refaccionada al final de su segunda gestión. Pero, sobre todo, es el mismo sistema penitenciario al que fueron enviados policías entrerrianos luego del conflicto salarial de diciembre de 2013, cuando reclamaron condiciones dignas de trabajo en medio de una situación social explosiva.
Por aquella actuación gubernamental, que combinó deslegitimación pública de la protesta, causas penales, exoneraciones y castigos sobre efectivos, APROPOL Noticias lo denomina editorialmente “El Caza Policías”.
Relevamientos Catastrales: una causa ya elevada a juicio
La Justicia entrerriana llevará a juicio a Urribarri por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, en una investigación vinculada a la empresa Relevamientos Catastrales.
De acuerdo con la acusación fiscal, durante su gestión se habría favorecido a esa firma mediante sucesivas contrataciones: licitaciones de software, addendas, prórrogas y contrataciones directas. La pesquisa sostiene que en esas operaciones se habrían registrado sobreprecios y omisiones de controles administrativos, con un presunto perjuicio para el Estado provincial.
Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano anticiparon que pedirán una condena de diez años de prisión. La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó recientemente una impugnación extraordinaria federal planteada por la defensa, por lo que el expediente quedó en condiciones de avanzar hacia el debate oral.
Enriquecimiento ilícito: la causa que vuelve a moverse
Urribarri también afronta una causa por presunto enriquecimiento ilícito, iniciada a fines de 2015 a partir de una denuncia de los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet y de una investigación periodística de la revista Análisis.
La Fiscalía concluyó la investigación en 2025 y las audiencias para definir la elevación a juicio comenzaron en marzo de este año. Tras planteos formales de la defensa, el trámite se retomará a mediados de octubre.
Según estimaciones de la acusación, el crecimiento patrimonial bajo análisis rondaría los siete millones de dólares y no encontraría correlato suficiente en los ingresos declarados por el exmandatario. Será la Justicia, naturalmente, la que deba determinar si esa hipótesis se acredita o no en un juicio.
Contratos II: el presunto desfalco en la Legislatura
Un tercer expediente, denominado “Contratos II”, menciona a Urribarri dentro de la investigación por presuntas contrataciones irregulares de personal temporario en la Legislatura de Entre Ríos entre 2008 y 2018.
Según la Fiscalía de Estado, el perjuicio económico investigado asciende a 392 millones de pesos a valores históricos. La hipótesis es que personas contratadas cobraban sumas que luego eran administradas por un estudio contable, mientras los supuestos beneficiarios recibían una porción mínima y el resto habría terminado financiando estructuras políticas.
En esta etapa se analiza la eventual responsabilidad de quienes ocupaban funciones de conducción política. Urribarri fue notificado y ya designó defensor. Para que esa causa avance, primero deberán acreditarse los delitos investigados en el expediente “Contratos I”, que apunta a los presuntos responsables operativos.
Doce años después, la historia invirtió los lugares
En diciembre de 2013, frente al reclamo policial, Urribarri eligió el lenguaje de la sedición y de la instigación política. Tras el acuerdo salarial inicial, que buscó contener una crisis marcada por saqueos y violencia, el gobierno lo declaró nulo e ilegítimo y avanzó contra los efectivos involucrados, especialmente en Concordia.
No se discute aquí que los hechos de aquellos días debían ser investigados ni que cada responsabilidad individual debía ser juzgada con todas las garantías. Lo que permanece como una herida abierta es la criminalización amplia de policías que reclamaban salario, condiciones laborales y respeto, mientras el poder político buscaba descargar sobre ellos el costo completo de una crisis que no habían creado.
Doce años después, quien permanece privado de su libertad es el propio Sergio Daniel Urribarri. Y mientras la Justicia deberá resolver las nuevas causas con el debido proceso que corresponde a cualquier acusado, la paradoja resulta difícil de ignorar: quienes fueron tratados como enemigos internos por reclamar dignidad salarial recuerdan todavía el precio que pagaron bajo el gobierno del hombre que hoy enfrenta la Justicia desde una celda de Gualeguaychú.
Decomiso: los bienes de la imprenta irán a la Justicia, la Policía y las escuelas
A la ejecución de las condenas se sumó ahora el decomiso definitivo de inmuebles, vehículos y equipos pertenecientes a Tep SRL, la imprenta de Juan Pablo Aguilera —cuñado de Urribarri— involucrada en la causa conocida como “imprentas” o “causa de la vaca”. Según la sentencia de 2022, los galpones de calle Racedo al 400, en Paraná, quedarán destinados al Poder Judicial; un camión Ford F4000, una Citroën Berlingo y una motocicleta Zanella serán asignados a la Policía de Entre Ríos; mientras que computadoras, servidores y un plotter de impresión pasarán al Consejo General de Educación para su distribución en instituciones educativas. La medida, dispuesta durante la ejecución de la condena firme, convierte bienes que fueron objeto de una trama de corrupción probada judicialmente en recursos para organismos públicos que deben servir a la comunidad.
Notas relacionadas:
¡POR CHORRO! Uribarri ya está en «El Potrero» la prisión donde cumplirá condena
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
Fuentes: información judicial difundida por Infobae / Análisis / El Entre Ríos.
Notas relaciondas:
¡POR CHORRO! Uribarri ya está en «El Potrero» la prisión donde cumplirá condena
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
Tu opinión es importante para nosotros. Sé la primera persona en dejar un comentario.
Empezar conversación ahora