Mientras se profundizan la pobreza, la precarización laboral y la exclusión, los organismos estatales idóneos para intervenir sobre esas problemáticas retroceden, llegan tarde o directamente desaparecen de la escena.
En ese vacío, la Policía termina enviada a administrar en la calle situaciones que no creó, que exceden su función y que tampoco está en condiciones de resolver. Jubilados, trabajadores informales, personas con discapacidad, cuidacoches y vendedores ambulantes pasan así del reclamo social al dispositivo de seguridad, mientras quienes diseñaron las políticas que originaron o agravaron esas tensiones suelen retirarse cuando comienza el conflicto.
Siete de cada diez hogares relevados en barrios populares de la ciudad de Santa Fe no logran cubrir sus necesidades básicas y, al mismo tiempo, avanzan respuestas punitivas sobre cuidacoches, vendedores ambulantes, cartoneros y otras expresiones de una economía cada vez más precarizada. La cuestión no es solamente que se castigue la supervivencia, sino que se desplace hacia la Policía la administración de problemas sociales, laborales y económicos que deberían ser abordados por otras áreas del Estado y que la política, en demasiados casos, no resolvió antes de que llegaran a la calle.
Hay una transformación que se volvió tan habitual que corre el riesgo de pasar inadvertida: problemas que durante décadas llegaban al Estado por las puertas del trabajo, la asistencia social, la salud, la vivienda o la mediación política hoy desembocan cada vez más rápidamente en Seguridad. Antes, frente a un conflicto laboral, aparecía el Ministerio de Trabajo; frente a una crisis social, intervenían Acción Social, Desarrollo Social, equipos territoriales, áreas de niñez, salud o funcionarios con responsabilidad política directa. Hoy, demasiadas veces, la primera respuesta visible es un vallado, un patrullero o una formación de Infantería.
No se trata de idealizar el pasado ni de suponer que aquellas estructuras resolvían siempre los problemas. Se trata de advertir que el Estado ha ido desplazando el centro de gravedad de sus respuestas y que, al hacerlo, también ha cambiado la naturaleza de los conflictos. Aquello que antes era leído como una demanda laboral, una emergencia social o una disputa distributiva empieza a ser tratado como una alteración del orden público, y allí donde deberían aparecer quienes tienen capacidad para negociar, asistir o corregir decisiones, termina apareciendo un policía que no produjo el problema y que, sin embargo, deberá hacerse cargo de su fase más crítica.
Ese desplazamiento resulta todavía más grave cuando se lo observa junto con los datos sociales. El relevamiento realizado en barrios populares de la ciudad de Santa Fe muestra que el 69,4% de los hogares consultados no logra cubrir sus necesidades básicas y que el 64,4% atravesó preocupación por no poder garantizar una alimentación completa. Hay hacinamiento, conexiones precarias, dificultades para conseguir medicamentos, falta de turnos médicos, problemas ambientales y familias que ya no discuten cuánto ahorrar, sino qué comida pueden sostener.
Ese es el terreno sobre el que luego actúan las políticas de seguridad.
La crisis produce sus propios emergentes
Cuando una economía expulsa a miles de personas del empleo formal, cuando un salario deja de alcanzar, cuando la changa reemplaza al trabajo estable y cuando la supervivencia cotidiana obliga a vender, cuidar autos, cartonear, limpiar vidrios o recorrer casas ofreciendo mercadería barata, la calle comienza a llenarse de los emergentes visibles de una crisis que se originó mucho antes y bastante más arriba.
El gobernador Maximiliano Pullaro promulgó la llamada ley antitrapitos, que incorpora sanciones específicas contra la actividad de cuidacoches en el Código de Convivencia de Santa Fe, incluyendo trabajo comunitario y arresto en casos de reincidencia.
Sin embargo, la respuesta pública tiende a empezar por el último eslabón. En lugar de preguntarse qué produjo esa precarización, se debate cómo retirar del espacio público a quien la encarna.
En Santa Fe, la nueva normativa sobre cuidacoches incorpora sanciones, trabajos comunitarios y arrestos en caso de reincidencia, aunque también mencione políticas de inclusión, capacitación y abordaje social. En la provincia de Buenos Aires, un vendedor ambulante terminó sometido a un proceso contravencional por recorrer viviendas con repasadores y bolsas de residuos, hasta que fue absuelto porque ni siquiera se había probado una venta. En la Ciudad de Buenos Aires, la política de “orden” avanzó sobre manteros, vendedores y recuperadores urbanos con una intensidad que muestra que esta lógica no pertenece a un solo gobierno ni a un solo color político.
Ese es uno de los aspectos más preocupantes: la existencia de una matriz transversal que parece asumir que una parte creciente de los problemas sociales puede ser administrada mediante ordenamiento, vigilancia, desplazamiento territorial y control policial.
De la mesa de negociación al cordón policial
El problema no es solamente jurídico ni administrativo, sino cultural.
Frente a un conflicto laboral, el Estado debería llegar primero con capacidad de negociación. Frente a una emergencia social, con asistencia. Frente a un problema habitacional, con políticas de vivienda. Frente a un reclamo previsional, con respuestas previsionales. Frente a una persona con discapacidad que reclama por sus derechos, con funcionarios capaces de dar respuestas concretas.
Sin embargo, vemos una y otra vez escenas en las que jubilados, personas con discapacidad, trabajadores despedidos o sectores empobrecidos terminan frente a cordones policiales como si el conflicto que los llevó a la calle fuera, en sí mismo, el problema principal.
Allí se produce una inversión que ya es característica de esta etapa: deja de discutirse la causa y se administra la manifestación de la causa. El jubilado deja de ser alguien que reclama por ingresos insuficientes y pasa a convertirse en alguien que ocupa una calle; el vendedor ambulante deja de ser un trabajador precarizado y pasa a ser un infractor; el cuidacoches deja de ser un emergente de la informalidad y pasa a ser una categoría sospechosa; el manifestante deja de ser portador de un reclamo y comienza a ser leído según su capacidad de alterar el orden.
Es justamente allí donde la política se retira y deja al policía solo frente a un problema que no está en condiciones de resolver.
La asamblea popular espontánea y el policía interpelado
En Panóptico Social Ampliado (PSA) trabajamos una escena que resulta especialmente útil para comprender este fenómeno: la de la asamblea popular espontánea que puede formarse alrededor de un procedimiento, una protesta o un operativo. No se trata de una asamblea formal, convocada, con autoridades y orden del día, sino de un momento contingente en el que vecinos, jubilados, trabajadores, docentes, organizaciones, familiares y transeúntes convierten el espacio público en un lugar de deliberación, observación e interpelación.
En esas escenas ocurre algo particularmente significativo: la multitud no siempre le habla al policía solamente como representante del poder. Muchas veces le habla también como trabajador, como vecino, como padre, como hijo, como alguien que forma parte de la misma sociedad que está siendo afectada por aquello que originó el conflicto.
La pregunta implícita no es necesariamente “desobedezca”, sino algo mucho más incómodo y profundo: piense dónde está usted dentro de este conflicto.
Ese momento asambleario es importante porque rompe, aunque sea por unos minutos, la ficción que separa artificialmente a “la sociedad” de “la fuerza”. El policía escucha reclamos sobre jubilaciones que también alcanzan a su familia, sobre salarios que no son muy distintos de los suyos, sobre hospitales y escuelas que él también utiliza, sobre alquileres, alimentos y tarifas que también paga. La línea de escudos puede sugerir dos mundos enfrentados, pero la vida cotidiana muestra que muchas veces son sectores sociales mucho más próximos de lo que el dispositivo político quiere admitir.
La política arma la escena y desaparece cuando comienza el conflicto
Ahí está una de las mayores irresponsabilidades.
La política diseña la medida, anuncia el programa, sanciona la ley, dispone el operativo y construye el discurso. Mientras todo es presentación institucional sobran funcionarios, conferencias, fotos y declaraciones.
Cuando la medida produce conflicto, el escenario cambia.
Entonces aparecen los policías.
Son ellos quienes deben hablar con una multitud enojada, soportar insultos por decisiones que no tomaron, recibir empujones por políticas que no diseñaron, decidir en segundos cómo actuar frente a personas que reclaman por cuestiones que exceden por completo sus competencias y, además, hacerlo sabiendo que cualquier error puede transformarse luego en un sumario, una causa judicial o una condena mediática.
Los operadores políticos, en cambio, tienden a desaparecer precisamente en el momento más delicado.
Y si finalmente el conflicto se resuelve de manera favorable, si la tensión baja, si se alcanza un acuerdo o si el operativo termina sin incidentes, reaparecen las autoridades, llegan los comunicados y vuelven las fotografías. La política recupera entonces el protagonismo que había abandonado mientras el riesgo era real.
Ese mecanismo convierte al policía en una suerte de fusible institucional: absorbe en el terreno la descarga producida por decisiones que se tomaron lejos del lugar donde luego estalla el problema.
La asamblea también observa hacia arriba
Pero la asamblea popular espontánea no agota su sentido en el diálogo horizontal entre manifestantes y policías. También produce algo más: registro, memoria y preguntas sobre la cadena de responsabilidades.
La plaza puede vaciarse y el operativo terminar, pero quedan videos, testimonios, fotografías, órdenes, partes, declaraciones y decisiones que permiten reconstruir quién ejecutó, quién dispuso, quién autorizó, quién conocía la situación y quién tenía capacidad para modificarla.
Ese es otro de los ejes de El poder observado: no alcanza con observar al agente que aparece en primera línea. Hay que reconstruir la trazabilidad ascendente del poder, porque de lo contrario toda la responsabilidad termina concentrándose en quien fue visible y ejecutó una orden, mientras los niveles políticos que diseñaron la respuesta permanecen fuera de foco.
En ese sentido, el momento asambleario puede cumplir una función democrática importante. La comunidad no sólo interpela al policía, sino que también produce una conversación pública sobre la legitimidad de las decisiones y obliga a mirar más arriba.
Cuando la pobreza se transforma en sospecha
En Gobernar mediante la sospecha planteé que una de las características de esta etapa es la expansión de un modo de gobierno que ya no espera necesariamente a que exista un hecho concreto, sino que construye perfiles, territorios y actividades como anticipos de peligrosidad.
El cuidacoches, el mantero, el vendedor ambulante, el cartonero o la persona en situación de calle dejan de ser observados prioritariamente como ciudadanos atravesados por condiciones sociales específicas y pasan a integrar categorías sobre las cuales se proyecta sospecha.
No porque todos cometan delitos, sino porque ocupan un lugar social que ha sido previamente codificado como conflictivo.
Ahí comienza la policialización de la miseria.
Dos trabajadores puestos frente a frente
Tal vez una de las mayores perversidades del dispositivo consista precisamente en esto: enfrentar a sectores que comparten buena parte de los mismos problemas.
De un lado, el jubilado, el trabajador informal, el desocupado, la persona con discapacidad, el vecino empobrecido o el vendedor que intenta sostener un ingreso.
Del otro, un policía que también vive de un salario, que también padece inflación, que también necesita hospitales, escuelas y transporte, que también tiene familia y que muchas veces se encuentra lejos de pertenecer a los sectores privilegiados que diseñan las políticas públicas.
La política consigue así trasladar horizontalmente un conflicto que nació verticalmente.
Quienes tomaron las decisiones económicas desaparecen y quedan frente a frente quienes soportan sus consecuencias.
La asamblea espontánea tiene la virtud de hacer visible esa contradicción porque, en determinados momentos, la gente rompe la lógica binaria y le habla al agente no como enemigo, sino como alguien que también pertenece al mismo mundo social.
Ese instante es incómodo para el poder porque permite formular una pregunta que el dispositivo de seguridad intenta evitar: ¿por qué estamos enfrentados nosotros si quienes decidieron esto no están acá?
La brutalidad no está sólo en la represión
Cuando hablamos de brutalidad solemos pensar únicamente en el uso físico de la fuerza. Pero hay una brutalidad anterior, más silenciosa y muchas veces más profunda: la de convertir sistemáticamente los emergentes de la crisis en asuntos policiales.
Es brutal que una persona muy mayor tenga que reclamar por una jubilación insuficiente y que la primera respuesta visible sea un dispositivo de seguridad.
Es brutal que una persona con discapacidad deba atravesar vallas para reclamar derechos.
Es brutal que alguien que vende productos baratos para subsistir termine dentro de un expediente contravencional.
Y también es brutal colocar a un policía delante de esas personas y exigirle que resuelva en minutos un conflicto que la política dejó crecer durante meses o años.
La Policía no puede solucionar la pobreza, el desempleo, la precarización laboral, la falta de vivienda ni el deterioro de las prestaciones sociales. Puede intervenir ante delitos, proteger personas, preservar el orden y actuar dentro de la ley, pero no puede convertirse en reemplazo de los organismos que deberían atender las causas del conflicto.
Cuando eso ocurre, no estamos frente a una política de seguridad eficaz, sino frente a una política que utiliza la seguridad para administrar aquello que previamente no quiso o no pudo resolver.
Y entonces la secuencia queda completa: primero se produce exclusión, después se construye sospecha, luego se envía a la Policía y finalmente, si algo sale mal, se busca un responsable en el último eslabón.
La verdadera pregunta democrática debería ser otra: quién generó el conflicto, quién decidió cómo responder, quién eligió retirar a los operadores políticos del terreno y quién convirtió al policía en la cara visible de una crisis que viene de mucho más arriba.
Porque cuando la política arma el escenario y desaparece en el momento del riesgo, la asamblea popular espontánea termina mostrando algo que ningún comunicado oficial consigue ocultar: quienes están frente a frente en la calle muchas veces son los que menos responsabilidad tienen en haber llegado hasta allí.
“Quien quiera oír que oiga”
(*) Ex oficial de la PSF. Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral – UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV), «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI) ,«Gobernar mediante la sospecha», «Ciudadanía de Segunda Clase (CSC)» , ¿En nombre del odio? y «La Masacre de Rosario».
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“El panóptico ya no mira solo hacia abajo: la sociedad empieza a reconstruir el poder”
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