Una asociación civil recién creada recibió más de mil millones de pesos en fondos públicos, mientras los policías deben organizar rifas y colectas para cubrir derechos básicos que el Estado les niega.
Por Alberto Martinez (*)
La reciente investigación de Página/12 revela un escándalo que indigna: la Asociación Civil Perseverar, creada en enero de este año y sin antecedentes comprobados en la materia, recibió en marzo más de 1.033 millones de pesos de la Aprecod, en el marco del programa “Redes de Cuidado”. Entre sus integrantes figuran dirigentes vinculados al partido UNO del pastor y diputado Walter Ghione, aliado del oficialismo provincial.
El diputado Miguel Rabbia presentó un pedido de informes en la Legislatura cuestionando la magnitud y rapidez de la adjudicación, señalando que mientras organizaciones con años de trabajo territorial carecen de recursos, una asociación de apenas 60 días de vida concentra fondos récord. “¿Milagro o imposición de manos?”, ironizó en su intervención parlamentaria.
Lo paradójico y doloroso es que, mientras miles de millones circulan por convenios bajo sospecha, los trabajadores policiales y penitenciarios —los mismos que secuestran bienes y exponen la vida en la calle— deben organizar colectas, rifas o bingos para cubrir gastos elementales que el Estado debería garantizar, como seguros frente a accidentes, ART o cobertura por enfermedades profesionales y de servicio.
La brecha es clara: el dinero público fluye hacia asociaciones nuevas y con vínculos políticos dudosos, pero se niega a quienes sostienen cotidianamente la seguridad. Los policías siguen esperando que se los trate como lo que son: trabajadores con derechos, no como descartables ni sospechosos crónicos.
Un reciente convenio por la administración de vehículos y bienes secuestrados a bandas criminales en Santa Fe volvió a encender las alarmas.
Los policías deben pasar la gorra
La paradoja es escandalosa: mientras los autos, casas y dinero del crimen organizado alimentan convenios sospechados, los trabajadores policiales —quienes arriesgan la vida en cada operativo para secuestrar esos bienes— deben hacer colectas, rifas y actividades solidarias para costear lo que el Estado les niega. Accidentes de servicio, enfermedades profesionales y necesidades básicas que deberían estar cubiertas por una ART o por un sistema de salud laboral digno, son suplidos con la solidaridad de compañeros y familias.
Este doble estándar no solo refleja un problema ético, sino también institucional: se privatiza la renta del delito mientras se socializa el costo del sacrificio policial. Los bienes incautados desaparecen en circuitos políticos opacos y los agentes quedan desamparados, sin respaldo real frente a los riesgos de su función.
Uso electoral de baja estofa
Además de la opacidad en la distribución de recursos públicos, repudiamos el uso electoralista de baja estofa que se ha hecho de este sistema. No es la primera vez que advertimos cómo fondos destinados a políticas sensibles —como la prevención de adicciones o la asistencia social— terminan ligados a campañas políticas y operaciones de marketing personal. Ya lo señalamos oportunamente en el caso del afiche de Figueroa Escauriza, un ejemplo claro de cómo se utiliza el dolor social para construir imagen, mientras los verdaderos trabajadores de la seguridad deben recurrir a rifas y colectas para cubrir lo que el Estado les niega.
¿Héroe o marketing? El afiche de Figueroa Escauriza bajo la lupa
La liga del martillo encubierto: de incautaciones a favores políticos
Según adelantamos; APROPOL investiga el funcionamiento de una «liga» interna que opera desde dentro del Estado: algunos funcionarios y operadores acceden de forma privilegiada a subastas, saben por anticipado qué se remata, y muchas veces aparecen como oferentes “encubiertos” a cambio de algún retorno político. Esta red, bautizada como “La Liga”, consolida una jurisdicción oscura donde lo público termina como botín de lo privado.
Desde APROPOL denunciamos esta situación como parte de una Doctrina de la Sospecha que castiga al trabajador uniformado en lugar de reconocerlo. Reclamamos transparencia en el manejo de los bienes incautados, control legislativo y social sobre esos fondos, y la inmediata creación de mecanismos que garanticen salud, cobertura laboral y dignidad para quienes sostienen la seguridad pública.
Porque mientras los amigos del poder se reparten la renta, nuestros compañeros siguen rifando su vida, su salud y hasta su sueldo para suplir las ausencias del Estado.
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(*) Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana por la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), ex oficial de la Policía de la Provincia de Santa Fe, dirigente gremial policial y periodista. Fundador y editor de APROPOL Noticias
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