En una entrevista jugando de local con Luis Mino por Aire de Santa Fe, el ministro de Seguridad intentó recalcular tras la polémica por las inspecciones domiciliarias. Se lo notó tenso y evitó responder sobre el fondo del conflicto. Habló de “gradualidad” y centró su explicación en los alumnos del ISEP y los egresados con alta en comisión, dejando sin respuestas a la mayor parte del personal afectado.
Por Marcos Anglada (*)
Una aparición calculada, pero forzada
Luego de varios días de silencio institucional frente al revuelo generado por el anuncio de inspecciones socioambientales a personal policial y penitenciario en Santa Fe, el ministro Pablo Cococcioni decidió hablar. Lo hizo en una entrevista pautada con el periodista Luis Mino en Aire de Santa Fe, un espacio radial que no se caracteriza por la repregunta incisiva, y que suele ser elegido por funcionarios cuando quieren «jugar de local» cómodamente.
Tensión y estrategia discursiva
Sin embargo, la tensión se filtró entre líneas. El ministro apareció visiblemente afectado por el impacto que tuvo la medida y, en lugar de sostenerla con firmeza, intentó recalcular. Habló de «gradualidad», de «etapas» y de «prioridades administrativas». Pero sobre todo, se centró en un segmento puntual del universo policial: los alumnos del ISEP y los recién egresados incorporados con alta en comisión.
Reducir el alcance para evitar el debate
Esa focalización no fue inocente. Apunta a morigerar el alcance del escándalo, reduciendo el universo de afectados a los casos más «controlables» por el discurso oficial. Pero no responde a la preocupación central que atraviesa hoy a miles de trabajadores: ¿se puede ingresar a mi casa sin notificación formal ni resolución administrativa? ¿Se puede indagar sobre mi vida privada y mi entorno social sin garantías legales?
Las respuestas que no dio
Cococcioni evitó esas respuestas. Se refugió en tecnicismos, reiteró que «no se trata de allanamientos» y señaló que el Estado tiene derecho a conocer las condiciones de quienes portarán un arma. Pero nunca explicó por qué esa información se busca fuera de los canales legales, sin notificación ni posibilidad de defensa.
Una medida sin antecedentes democráticos
El silencio sobre estos puntos es alarmante. Más aún cuando ya se ha documentado que no existen antecedentes equivalentes en otras provincias democráticas, y que ni siquiera el Decreto N.º 4584/1977 —vigente desde la dictadura— prevé inspecciones domiciliarias sin acto administrativo previo.
Desde APROPOL: advertencia y rechazo
Desde APROPOL lo dijimos con claridad: esta medida encarna una «doctrina de la sospecha permanente» que erosiona la confianza institucional, socava los derechos fundamentales y debilita la moral de las fuerzas. El intento del ministro por bajarle el tono al conflicto no hizo más que confirmar lo que ya intuíamos: saben que se equivocaron, pero no quieren retroceder.
La seguridad no se construye con miedo
La sociedad necesita seguridad, pero la seguridad no se construye con miedo ni con atropellos. Y los trabajadores policiales necesitan respeto. No controles arbitrarios.
La doctrina de la sospecha permanente
Es una categoría de análisis que describe una forma de control estatal en la cual ciertos sectores sociales —en este caso, los trabajadores policiales— son considerados sospechosos por defecto, aun en ausencia de hechos concretos o pruebas individuales. Esta doctrina opera invirtiendo la carga de la prueba: ya no es el Estado quien debe justificar su accionar, sino el trabajador quien debe demostrar su inocencia o su “normalidad”. Bajo esta lógica, la vigilancia se transforma en un fin en sí mismo, debilitando la presunción de inocencia, socavando derechos fundamentales y transformando al empleado público en objeto pasivo de control, más que en sujeto de derechos.
Ensayo La Doctrina de La Sospecha Permanente – 2025 by Apropol Noticias
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(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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