El Gobierno nacional parece sentirse obligado a explicar, moderar o esconder cada manifestación de soberanía argentina. Las Malvinas, el Atlántico Sur, la tierra y el control territorial son tratados como asuntos incómodos frente a los intereses extranjeros. No es pragmatismo: es una peligrosa renuncia política y cultural.
Hay gobiernos que pueden equivocarse en la economía, fracasar en la administración o perder el rumbo político. Pero existe un límite anterior a todas esas discusiones: un Gobierno argentino debe comportarse como Gobierno argentino.
No debería ser necesario explicarlo.
Sin embargo, la Argentina atraviesa un momento en el que proclamar que las Malvinas son argentinas parece requerir aclaraciones, disculpas, permisos internacionales y complejos cálculos de conveniencia.
La soberanía, que debería ser una política permanente del Estado, comienza a ser presentada como una expresión inconveniente, una consigna excesiva o una provocación que debe administrarse cuidadosamente para no incomodar al Reino Unido, a los Estados Unidos, a los organismos deportivos o a los mercados.
De allí surge el título de esta editorial: la vergüenza de ser argentinos.
No porque debamos avergonzarnos de nuestra nacionalidad, de nuestra bandera o de nuestra historia. Todo lo contrario. La vergüenza está en observar cómo quienes circunstancialmente administran el Estado parecen sentirse incómodos cuando deben defenderlas.
Una bandera convertida en problema
Antes del partido entre las selecciones de Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, se estableció que los hinchas no podrían ingresar al estadio con banderas, camisetas o carteles vinculados con el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas.
La ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, convalidó públicamente la restricción bajo el argumento de que no podían admitirse símbolos de contenido político.
Pero afirmar que las Malvinas son argentinas no es una ocurrencia partidaria ni una provocación improvisada por una tribuna. Es una posición constitucional, jurídica, histórica y diplomática sostenida por el Estado argentino.
La disposición transitoria primera de la Constitución Nacional ratifica la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y establece que su recuperación constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.
Por eso, equiparar la bandera de Malvinas con una propaganda partidaria supone aceptar el encuadre británico del conflicto: transformar un reclamo nacional reconocido internacionalmente en una simple manifestación política prescindible.
Los jugadores argentinos terminaron exhibiendo la bandera después del triunfo sobre Inglaterra. El gesto quedó bajo análisis disciplinario porque el código de conducta de la FIFA prohíbe mensajes considerados políticos dentro de los estadios.
El contraste fue evidente: mientras integrantes de la Selección se animaron a levantar la consigna, el Gobierno había aceptado previamente que los ciudadanos argentinos no pudieran ingresarla.
No fue la bandera la que creó el problema diplomático. El problema fue que las autoridades nacionales parecieron necesitar autorización externa para defender una posición que pertenece a la Nación.
El buque británico y una reacción tardía
Entre el 2 y el 3 de julio, el patrullero militar británico HMS Medway, destacado ilegalmente en las Islas Malvinas, transitó por espacios marítimos bajo jurisdicción argentina sin la notificación correspondiente.
El hecho fue denunciado públicamente por autoridades de Tierra del Fuego y por dirigentes políticos. Sin embargo, la reacción de la Cancillería nacional demoró varios días.
El Gobierno finalmente presentó una protesta formal y calificó el episodio como una incursión militar británica incompatible con las resoluciones de las Naciones Unidas y con el deber de no alterar unilateralmente la situación en el Atlántico Sur. Pero difundió esa protesta recién después del partido contra Inglaterra, cuando la bandera de Malvinas levantada por los jugadores dominaba la conversación pública.
No se cuestiona que la protesta finalmente haya existido. Se cuestiona la demora, la oportunidad elegida y la sensación de que la Cancillería necesitó primero medir el clima social para decidir con qué firmeza debía hablar.
Un Estado soberano no puede reaccionar ante el ingreso de un buque militar extranjero como quien prepara una publicación para las redes sociales.
La defensa territorial exige vigilancia, información inmediata, presencia naval, decisiones políticas y una política exterior coherente. No comunicados tardíos difundidos cuando el resultado de un partido vuelve políticamente rentable hablar de Malvinas.
El radar instalado cerca de las Islas
A unos 600 kilómetros de las Malvinas permanece instalado en Tolhuin un radar perteneciente a LeoLabs, empresa radicada en Estados Unidos pero vinculada, en su constitución societaria, con capitales irlandeses y británicos.
La autorización inicial había sido cancelada en 2023 después de que organismos militares y técnicos advirtieran posibles riesgos para la seguridad y la defensa nacional.
Al asumir el Gobierno de Javier Milei, la empresa solicitó que se reconsiderara esa decisión. Desde entonces, el expediente circuló por distintas áreas estatales sin que durante un período prolongado se adoptara una resolución política definitiva. En abril de 2026 se informaba que el radar permanecía instalado, conectado para preservar sus equipos, aunque supuestamente sin funcionar, mientras el Gobierno continuaba analizando sus capacidades técnicas y eventuales riesgos.
La discusión técnica es necesaria. Pero resulta insuficiente.
Un radar de capacidades potencialmente duales, situado en Tierra del Fuego, próximo al espacio ocupado militarmente por el Reino Unido y con conexiones societarias extranjeras, no puede evaluarse como si se tratara solamente de una antena comercial.
La soberanía no consiste únicamente en comprobar hacia dónde apunta un aparato. También exige saber quién obtiene la información, dónde se procesa, con quién se comparte y para qué podría utilizarse en una situación de conflicto.
En asuntos estratégicos, la ingenuidad no es apertura al mundo. Es irresponsabilidad.
La tierra argentina tratada como mercancía
La misma lógica aparece en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Senado para modificar el régimen de tierras rurales.
La propuesta oficial pretende dejar en manos de cada provincia la decisión de mantener o eliminar restricciones para la adquisición de tierras por extranjeros. El argumento gubernamental es que esa descentralización fortalecería el federalismo.
Pero el territorio nacional no puede fragmentarse en veinticuatro políticas desconectadas.
La soberanía territorial no termina en los límites administrativos de cada provincia. La adquisición extranjera de grandes extensiones de tierra, especialmente en zonas fronterizas, áreas con recursos hídricos, pasos cordilleranos, regiones mineras o espacios próximos al Atlántico Sur, constituye una cuestión estratégica nacional.
Una provincia puede administrar sus recursos. No puede ignorar que forma parte de una Nación.
Eliminar un marco federal común abre la posibilidad de que la protección del territorio dependa de las urgencias fiscales, las necesidades coyunturales o las orientaciones políticas de cada gobernador.
El resultado podría ser una Argentina jurídicamente unida, pero territorialmente ofrecida por partes.
No todo lo que tiene precio debe estar en venta. Y no toda inversión extranjera es necesariamente perjudicial. Pero un país serio distingue entre capital productivo y control territorial.
Cuando esa distinción desaparece, la libertad de mercado comienza a parecerse demasiado a la liquidación del patrimonio nacional.
Borrar Malvinas del transporte
A esta secuencia se sumaron denuncias de trabajadores sobre el retiro de calcomanías y mapas con la leyenda “Las Islas Malvinas son argentinas” de unidades del transporte público.
Hasta el momento no se difundió una explicación oficial concluyente que permita determinar si se trató de instrucciones gubernamentales, decisiones empresariales o casos aislados.
Precisamente por eso, el Gobierno debe investigarlo y responder.
La Ley 27.023 y su reglamentación establecen que los medios de transporte público de pasajeros de jurisdicción nacional deben exhibir, en un lugar visible, la leyenda “Las Islas Malvinas son argentinas”. La obligación también alcanza a las estaciones de llegada, partida o escala.
Si las empresas retiraron esos símbolos por decisión propia, corresponde aplicar las sanciones previstas.
Y si existió una instrucción oficial, debe conocerse quién la impartió, con qué fundamento y bajo qué norma se pretendió dejar sin efecto una ley nacional.
No es una cuestión decorativa.
Los símbolos públicos construyen memoria. Lo que deja de nombrarse termina desapareciendo de la conciencia colectiva. Quitar el mapa de Malvinas de un colectivo puede parecer un acto menor, pero forma parte de un proceso más amplio: acostumbrar a los argentinos a no mirar hacia el sur.
Una soberanía selectiva
El Gobierno suele invocar la soberanía cuando quiere justificar decisiones internas, rechazar cuestionamientos internacionales o fortalecer su discurso político.
Pero la soberanía no puede utilizarse de manera selectiva.
No se puede proclamar independencia mientras se relativiza el control extranjero sobre la tierra.
No se puede defender la libertad mientras se acepta que los argentinos oculten su bandera para no incomodar a una potencia ocupante.
No se puede hablar de seguridad nacional mientras permanece sin resolver la situación de un radar extranjero instalado en un punto estratégico.
No se puede reivindicar el territorio mientras la respuesta ante el tránsito de un buque militar británico llega varios días después y se comunica según la conveniencia del calendario deportivo.
No existe soberanía económica sin territorio, soberanía política sin memoria ni soberanía nacional sin voluntad de defender el interés propio.
No es nacionalismo vacío
Habrá quienes intenten reducir estas objeciones a un nacionalismo antiguo, emocional o demagógico.
Es el mecanismo habitual: presentar toda defensa de lo propio como una resistencia irracional a la modernidad.
Pero los países más poderosos del mundo protegen sus fronteras, sus recursos, sus tierras, sus comunicaciones, sus rutas marítimas y sus áreas estratégicas. Ninguno deja librada su defensa territorial a la buena voluntad del mercado.
La diferencia es que esas naciones llaman “interés nacional” a lo que aquí algunos pretenden ridiculizar como nacionalismo.
Argentina necesita inversiones, cooperación internacional y relaciones maduras con todas las potencias. Pero relacionarse con el mundo no significa arrodillarse ante él.
La diplomacia no consiste en evitar todo conflicto. Consiste en defender los intereses nacionales sin llevar al país a enfrentamientos innecesarios.
Una política exterior adulta no grita por deporte, pero tampoco calla por cobardía.
La Patria no es una incomodidad
El problema de fondo no es una bandera, un adhesivo, un radar o un buque considerados por separado.
Es la doctrina que los reúne.
Es una concepción según la cual la Argentina debe demostrar permanentemente que no molestará a nadie, que sus recursos estarán disponibles, que sus reclamos pueden moderarse y que su historia puede archivarse cuando resulte inconveniente.
Ese camino no conduce a la inserción internacional. Conduce a la irrelevancia.
Los gobiernos pasan. Las ideologías cambian. Las alianzas se modifican. Pero el territorio, la soberanía y la memoria nacional deben permanecer por encima de las administraciones circunstanciales.
Las Malvinas no pertenecen a un partido político. Tampoco pertenecen a un gobierno, a una fuerza armada, a una asociación de veteranos ni a una tribuna de fútbol.
Pertenecen al pueblo argentino.
Por eso resulta bochornoso que algunos funcionarios actúen como si la bandera nacional fuera una provocación, la tierra una mercancía cualquiera y la defensa del Atlántico Sur una antigualla que debe subordinarse a las relaciones con Washington o Londres.
La verdadera vergüenza no es ser argentinos.
La vergüenza es que un Gobierno argentino parezca avergonzarse de ejercer como tal.
«Quien quiera oír que oiga»
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV), «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI) ,«Gobernar mediante la sospecha». y «Ciudadanía de Segunda Clase (CSC)».
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