Este jueves a las 11 de la mañana, la División Balística de la Policía de la Ciudad realizó un allanamiento en el histórico Edificio Centinela, sede central de la Gendarmería Nacional Argentina, por orden de la jueza federal María Servini.
Por Rubén Pombo (*)
El operativo, de fuerte carga simbólica y política, buscó incautar la pistola lanzagases con la que el gendarme Héctor Guerrero disparó el 12 de marzo pasado durante una brutal represión frente al Congreso Nacional.
La Justicia avanza con allanamientos y procesamientos, pero los funcionarios políticos buscan lavarse las manos.
Por Alberto Rubén Martínez (*)
Este miércoles 19 de junio, la jueza federal María Servini ordenó el allanamiento de la sede central de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en el marco de la investigación por el brutal ataque sufrido por el reportero gráfico Pablo Grillo, quien resultó gravemente herido durante la represión a una marcha de jubilados frente al Congreso el pasado 12 de marzo.
El operativo tuvo lugar en el edificio Centinela (Av. Antártida Argentina 1480, CABA) y fue ejecutado por orden directa del juzgado, con el objetivo de secuestrar el arma lanzagases con la que el cabo Héctor Jesús Guerrero habría disparado contra Grillo, provocándole lesiones neurológicas de extrema gravedad.
¿Qué se incautó?
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La pistola lanzagases Federal y Halcón, modelo Unic Tipo Lanzagases, calibre 38.1 mm, serie N°00660.
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En caso de no hallarse, se dispuso el secuestro de una similar con 10 cartuchos idénticos.
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Se ordenó incautar también la Información Administrativa 01/25 interna de GNA, para conocer el estado de revista del cabo Guerrero y el tratamiento disciplinario del caso.
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El allanamiento incluyó todas las dependencias internas del Centinela, sin restricción alguna.
Un disparo que casi mata
Pablo Grillo fue impactado por un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza. Estuvo tres meses en terapia intensiva, con pronóstico reservado. Sólo recientemente fue derivado a un centro de rehabilitación neurológica, donde inicia un tratamiento largo y costoso.
Una pericia forense determinó que las lesiones fueron graves y gravísimas, con riesgo de vida concreto. La propia Gendarmería, en su descargo, reconoció que ese tipo de cartuchos “no debe dispararse contra personas” por su altísimo poder lesivo.
La cadena de mando, en la mira
Aunque el cabo Guerrero es el primer apuntado, la investigación judicial avanza también sobre la cadena de mando, y en particular sobre una figura clave: el Director Nacional de la Gendarmería, Comandante General Vicente Brilloni, quien estaba presente en el lugar al momento del operativo y avala con su firma y su presencia lo que ocurrió.
Según fuentes del expediente, el procesamiento de Brilloni y otros jefes operativos es inminente. Su rol no fue pasivo: estuvo en el terreno, supervisó la represión y nunca intervino para detenerla. Incluso luego respaldó públicamente el accionar de sus subordinados.
Milei y Bullrich: mando político, silencio absoluto
Hasta el momento, ni el presidente Javier Milei ni la ministra de Seguridad Patricia Bullrich han sido citados a declarar o referenciados formalmente en la causa. Sin embargo, ambos fueron impulsores directos de la doctrina de «tolerancia cero» aplicada ese día.
Como siempre en Argentina, el hilo se corta por lo más delgado. Los primeros en caer son los de uniforme. Los de traje, silencio.
Alerta al personal: la historia se repite
Este caso debe ser un llamado de atención a todos los trabajadores uniformados del país:
No hay impunidad para siempre, pero los primeros en pagar siempre somos los de abajo.
Quien ejecuta la orden sin garantías, firma su propia condena.
El uniforme no es escudo: es blanco judicial cuando el escándalo estalla.
La estructura política se protege a sí misma, y cuando las cámaras y la Justicia empiezan a buscar responsables, la cadena de mando apunta hacia abajo. Por eso, es fundamental que el personal exija protocolos claros, respaldo legal efectivo y garantías constitucionales.
Hoy el foco está en un cabo. Mañana puede ser cualquiera. Y mientras tanto, los que diseñan, impulsan y justifican estas políticas represivas siguen en sus cargos, sin dar explicaciones.
“Cuando el dedo judicial señala al que disparó, recordemos que alguien dio la orden, alguien armó el operativo, y alguien en un despacho autorizó todo lo que pasó.”
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(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.
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