¿Y por casa cómo andamos?

Mientras Vranicich contaba policías procesados, nadie parecía contar lo que ocurría dentro del MPA.

La conducción del Ministerio Público de la Acusación exhibió casi cuatro mil investigaciones contra policías y penitenciarios como parte de sus resultados, pero mientras la lupa apuntaba hacia los uniformados, auditorías oficiales revelaban miles de causas paralizadas, graves dificultades para localizar expedientes y ahora un exfiscal aparece acusado de haber desviado fondos judiciales. En paralelo, el asesinato del policía Damián López todavía espera respuestas completas. El problema ya no es solamente quién controla a la Policía, sino también quién controla a quienes acusan.

Durante demasiado tiempo se pretendió instalar una imagen sencilla y políticamente conveniente, según la cual de un lado estaban las instituciones encargadas de controlar, investigar y acusar y, del otro, una Policía sobre la cual parecía legítimo extender una sospecha casi permanente. Las estadísticas ayudaron a construir ese relato y la conducción del Ministerio Público de la Acusación no tuvo demasiados reparos en exhibirlas como un indicador de actividad y control institucional.

El Informe de Gestión 2024 presentado durante la conducción de la fiscal general María Cecilia Vranicich registró 3.989 legajos iniciados contra policías y penitenciarios, aproximadamente once por día. APROPOL advirtió entonces que semejante cifra, comparada con una dotación provincial estimada en 28.785 integrantes de ambas fuerzas, equivalía aproximadamente a uno de cada ocho trabajadores uniformados alcanzado por una investigación penal durante aquel período.

El número, presentado de manera aislada, podía impresionar y servir para informes, discursos y exposiciones acerca del control institucional, pero el problema comenzaba cuando se observaba qué había detrás de aquella enorme maquinaria estadística, porque según los datos recopilados posteriormente por APROPOL sobre el propio informe de gestión, de esos 3.989 legajos solamente alrededor del 10% había llegado a audiencia imputativa y se contabilizaban 44 condenas, apenas algo superior al uno por ciento del universo inicialmente exhibido.

Por eso la pregunta nunca fue si correspondía investigar a los policías, algo que resulta indiscutible en cualquier Estado de derecho, sino si la sola apertura de miles de causas podía ser presentada como una demostración de eficacia institucional, especialmente cuando la distancia entre los legajos iniciados, las imputaciones efectivamente formuladas y las condenas obtenidas resultaba tan significativa.

Mientras se contaban policías, las causas se acumulaban

Con el paso del tiempo comenzaron a conocerse otros números, menos cómodos para el relato oficial, porque un informe elaborado por la propia Auditoría General del MPA reveló que, en la Fiscalía Regional 1 con sede en Santa Fe, el 77,12% de las causas que permanecían abiertas no había tenido ningún movimiento durante al menos un año, mientras que en la Fiscalía Regional 2 de Rosario el porcentaje alcanzaba el 66,23%.
No se trata de una crítica formulada por APROPOL, por un sindicato policial o por algún adversario político del Ministerio Público, sino de información surgida de los propios mecanismos de auditoría institucional, lo que obliga a considerar que mientras determinadas estadísticas eran utilizadas para demostrar la intensidad de la persecución penal sobre los uniformados, dentro del mismo organismo existían decenas de miles de investigaciones que permanecían abiertas sin impulso durante largos períodos.

La Auditoría fue todavía más lejos, porque en la Regional 1 había solicitado originalmente 360 legajos considerados abiertos y relevantes para su evaluación, pero solamente pudo acceder a 166, es decir, al 46,1%, y el propio informe señaló dificultades para localizar investigaciones que, precisamente por encontrarse abiertas y supuestamente en trámite, deberían haber sido fácilmente ubicables por quienes tenían a su cargo su gestión.

Cuando ese control se repitió en enero de 2026, el panorama tampoco resultó tranquilizador, ya que de 209 legajos requeridos solamente fueron entregados 56, lo que significa que el 73% no fue puesto a disposición de la Auditoría, mientras que entre los 56 expedientes efectivamente revisados, 42 continuaban paralizados.

Si contar investigaciones abiertas contra policías constituye un parámetro válido para evaluar el funcionamiento de la Policía, entonces contar investigaciones paralizadas, expedientes que no aparecen y legajos que no son entregados a los propios órganos de control debería ser exactamente igual de válido para evaluar al Ministerio Público de la Acusación, porque la credibilidad institucional se construye con reglas equivalentes y no con estadísticas elegidas según hacia dónde apunte la lupa.

Y entonces apareció un fiscal

Como si aquel cuadro no resultara suficiente para abrir una discusión de fondo, en estos días explotó la causa que tiene como principal imputado al exfiscal Mariano Ríos Artacho, a quien los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani atribuyen haber encabezado maniobras realizadas entre 2017 y 2024 mediante las cuales se desviaron fondos depositados en cuentas judiciales por una suma estimada en alrededor de 425 millones de pesos, dinero que habría terminado destinado, entre otras cosas, a inversiones bursátiles y apuestas en casinos.

El dato resulta especialmente grave porque, según surgió de la audiencia, el propio exfiscal reconoció que administraba aquellos fondos “como si fuese mi billetera”, aunque rechazó la existencia de una asociación ilícita y sostuvo que había arrastrado mediante sus órdenes a otras personas que terminaron involucradas en las maniobras investigadas.

Ríos Artacho, naturalmente, tiene las mismas garantías constitucionales que cualquier ciudadano y deberá ser considerado inocente mientras no exista una sentencia firme que determine lo contrario, pero justamente allí aparece una de las contradicciones más evidentes del sistema, porque esas mismas garantías fueron reclamadas durante años para policías que eran esposados, separados de sus funciones, expuestos públicamente y condenados socialmente cuando todavía no existía siquiera una sentencia que estableciera si habían cometido un delito.

El problema nunca fue investigar policías

Conviene dejar este punto perfectamente claro para evitar cualquier simplificación interesada: nadie sostiene que los policías deban quedar fuera del alcance de la Justicia, ni que el uniforme pueda utilizarse como una patente de impunidad, porque un efectivo que comete un delito debe ser investigado y, si existen pruebas suficientes y una sentencia condenatoria, debe responder con todo el peso de la ley.

El cuestionamiento está dirigido hacia otra cuestión, mucho más profunda, que consiste en la conversión de la sospecha en método de gobierno institucional, en un esquema donde abrir una causa empieza a confundirse con demostrar un delito y donde la cantidad de personas investigadas puede terminar utilizándose como certificado de eficiencia, aun cuando después una gran parte de esos legajos no llegue a imputación o no termine en condena.

La estadística puede ser una herramienta imprescindible para conocer el funcionamiento de una institución, pero también puede transformarse en una manera de construir un relato si se seleccionan solamente aquellos números que sirven para demostrar una determinada hipótesis, y cuando quienes producen esas estadísticas poseen además la capacidad estatal de investigar, acusar y solicitar medidas de coerción, la responsabilidad de interpretar esos datos debería ser todavía mayor.

Mientras tanto, Damián López espera justicia

Existe además otra fotografía que debería colocarse al lado de aquellas estadísticas, porque el policía Eduardo Damián López fue asesinado después de la final de la Liga Cañadense disputada el 28 de junio en Carcarañá, cuando una multitud atacó al personal policial, lo rodeó y, según la reconstrucción fiscal, uno de los agresores le provocó una gravísima lesión con una barra de hierro que finalmente causó su muerte.

Más de dos meses después, la investigación todavía intenta identificar a todas las personas que participaron del ataque, el Estado elevó a 25 millones de pesos la recompensa destinada a obtener información y la propia familia continúa reclamando públicamente que quienes estuvieron allí rompan el silencio y aporten los datos necesarios para reconstruir completamente lo ocurrido.

Ahora uno de los dos imputados, Agustín Amarilla, dejó la prisión preventiva efectiva y continuará sometido al proceso bajo restricciones, decisión que el fiscal Juan Pablo Baños anunció que apelará, mientras la investigación sigue abierta y todavía no logra establecer la identidad de todos los integrantes del grupo que participó de la agresión.

No corresponde formular aquí una valoración anticipada sobre la responsabilidad penal de Amarilla, porque determinarla compete exclusivamente a la Justicia, pero sí corresponde preguntarse cómo un sistema capaz de exhibir con enorme precisión cuántos policías investiga puede, al mismo tiempo, después de más de dos meses, no haber determinado todavía quiénes fueron todos los integrantes de una multitud que atacó y terminó asesinando a uno de esos policías.

Ese dato también debería formar parte de las estadísticas institucionales, aunque no resulte tan cómodo para las presentaciones de gestión.

Uno de cada ocho: ahora completemos la cuenta

Cuando se anunció que uno de cada ocho policías estaba atravesado por investigaciones penales, APROPOL sostuvo que aquella cifra no podía presentarse automáticamente como un mérito institucional, porque una sociedad democrática necesita fiscales fuertes, independientes y capaces de investigar incluso a quienes portan uniforme y armas en nombre del Estado, pero necesita exactamente la misma fortaleza cuando las irregularidades aparecen dentro de las propias estructuras judiciales.

Eso implica contar también las investigaciones paralizadas, los expedientes que los órganos de auditoría no pueden localizar, los fiscales sancionados y las causas que involucran a integrantes del propio Ministerio Público, ya que desde 2023 las auditorías realizadas en las distintas regionales derivaron en quince sanciones disciplinarias a fiscales del MPA, incluidas sanciones por faltas graves y otras impuestas por la Legislatura provincial.

La confianza institucional no se construye afirmando que todos los policías son buenos ni sosteniendo que todos los fiscales son malos, sino utilizando reglas equivalentes para unos y otros, porque cuando una institución obtiene legitimidad pública mostrando cuántos integrantes de otra institución investiga, necesariamente debe aceptar el mismo principio cuando las irregularidades aparecen dentro de sus propias filas.

Cuando la lupa cambia de dirección

Hace algunos meses planteamos una pregunta que hoy adquiere una nueva dimensión: ¿contar policías o empezar a contar fiscales? No se trataba de proponer una persecución inversa ni de reemplazar una sospecha por otra, sino de exigir un principio mínimo de reciprocidad institucional que permita evaluar también a quienes tienen la responsabilidad de investigar, acusar y administrar la persecución penal.

No pedimos impunidad policial ni debilitamiento del Ministerio Público de la Acusación, sino garantías, controles eficaces y una institución capaz de sostener su autoridad sobre la base de la credibilidad y no solamente de la cantidad de causas iniciadas.

Cuando el 77% de determinadas causas permanece durante un año sin movimiento, cuando una Auditoría reclama expedientes que no consigue obtener, cuando un exfiscal termina acusado por maniobras millonarias realizadas presuntamente con fondos judiciales y cuando una familia policial todavía reclama testigos para esclarecer completamente el asesinato de uno de los suyos, quizá haya llegado el momento de abandonar cierta autosatisfacción estadística y comenzar a discutir la calidad real del sistema.

La Justicia no debería medirse por la cantidad de policías que logra colocar bajo investigación, sino por su capacidad para investigar bien, acusar con pruebas, resolver las causas en tiempos razonables, proteger a las víctimas y aplicar a todos exactamente la misma vara, porque cuando algunos son observados de manera permanente mientras quienes observan quedan fuera del campo visual, el problema deja de ser solamente judicial y pasa a convertirse en una cuestión de poder institucional.

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