«LES LOQUES» (Parte XXX): el caso del galpón expone a fiscales rosarinos señalados por maniobras oscuras

Tres años después devolvieron el dinero del “asado policial” y se confirman dudas sobre un operativo que sacudió Rosario. NINGUNO DE LOS DETENIDOS Y ESCRACHADOS MEDIATICAMENTE TINEN CAUSA PENAL ALGUNA EN SU CONTRA. ¿QUIEN VA A ACLARAR TODA ESTA BASURA JUDICIAL? 

Por Alberto Rubén Martínez (*)

La restitución del dinero secuestrado en el operativo de 2023 reabre interrogantes sobre la legalidad de los allanamientos, las detenciones y el tratamiento mediático de una causa que fue presentada como emblema de corrupción.

En marzo de 2023, un espectacular operativo judicial y policial irrumpió en un galpón de calle Guatemala al 2200, en Rosario. Las imágenes circularon de inmediato: altos mandos policiales demorados, dinero secuestrado, una caja fuerte abierta, fajos de dólares y pesos, y titulares que sugerían una trama de corrupción enquistada en la fuerza.

El lugar no era desconocido para sus concurrentes. Según múltiples testimonios, allí se realizaban desde hacía años reuniones habituales de camaradería entre policías retirados, en actividad, amigos y allegados. Asados periódicos, encuentros sociales, nada clandestino para quienes conocían la rutina del ámbito policial rosarino.

Sin embargo, aquella escena fue presentada ante la opinión pública como el descubrimiento de una cueva del delito.

Fuentes judiciales y policiales señalaron en aquel momento que uno de los allanamientos se había realizado en un galpón de calle Guatemala al 2200, en Rosario, donde personal de la Agencia de Control Policial (ACP), ex Asuntos Internos, encontró reunidos en un asado al comisario general retirado Alejandro Franganillo, quien entonces se desempeñaba como secretario de Seguridad de la Municipalidad de Granadero Baigorria; al director de Policía Marcelo Mendoza, apodado “Malevo”, por entonces jefe de la Unidad Regional VI del departamento Constitución; al subdirector retirado Marcelo Bazán y al subdirector retirado Eduardo Zapata. Aquella escena fue presentada como una postal incriminante dentro del impacto inicial del operativo, aunque tres años después, con la devolución del dinero secuestrado, quedó bajo revisión pública y judicial la consistencia de las medidas adoptadas y la interpretación que se hizo de una reunión social que, según distintos testimonios, era habitual desde hacía años.

La noticia ocupó portadas. El mensaje era claro: corrupción, connivencia, dinero oscuro.

Pero el tiempo, que suele ordenar lo que el estruendo confunde, dejó un dato mucho más relevante que los títulos iniciales: tres años después el dinero fue devuelto.

Si devuelven el dinero, alguien debe explicar por qué lo secuestraron

La restitución del dinero plantea interrogantes jurídicos severos.

Porque si los fondos eran producto de un delito, debieron ser decomisados tras una condena o al menos retenidos con evidencia robusta. Si, por el contrario, correspondía devolverlos, entonces cabe preguntar:

• ¿Cuál fue la base real del secuestro?
• ¿Qué elementos concretos justificaron los allanamientos?
• ¿Qué causa penal sólida sostenía semejante despliegue?
• ¿Por qué hubo detenciones y trato de delincuentes ante cámaras?
• ¿Quién repara el daño reputacional causado?

No se trata de una cuestión menor. En un Estado de Derecho, el secuestro de bienes no puede transformarse en castigo anticipado, ni los allanamientos en escenografías para consumo mediático.

Rosario y una vieja tradición: primero el escándalo, después el expediente

La historia judicial y policial de Rosario conoce demasiados episodios donde el impacto mediático precedió a la prueba. Operativos ruidosos, conferencias implícitas por filtración, nombres expuestos y luego causas que se diluyen, recalifican o simplemente naufragan.

«LES LOQUES» (Parte XXVIII): Fiscal señalado de proteger narcos quiere ascender

La novedad de este caso es más grave: no hablamos solo de una investigación que perdió fuerza. Hablamos de dinero retenido durante años y luego restituido.

Eso cambia retrospectivamente la lectura de todo el episodio.

Porque si no hubo sustento penal suficiente, entonces la sospecha recae sobre el uso expansivo del poder acusatorio. Y cuando fiscales o agencias estatales avanzan sin bases firmes, el costo institucional lo paga toda la sociedad.

El problema no es investigar: es investigar mal

Nadie discute que funcionarios policiales, ex jefes o cuadros activos deban ser investigados cuando existan indicios serios. Más aún en una provincia golpeada por el narcocrimen como Santa Fe.

Lo que sí debe discutirse es otra cosa: la banalización de medidas extremas.

Allanar, detener, secuestrar bienes y exponer personas públicamente exige responsabilidad reforzada. No alcanza con la sospecha vaga ni con el impacto periodístico del momento.

Cuando el expediente no acompaña el show inicial, lo que queda es una marca difícil de borrar sobre personas que quizá nunca debieron pasar por ese trato.

El remate de bienes sin condena firme

Otro episodio que profundizó las críticas al expediente fue que, pese a no existir hasta hoy una condena firme en su contra ni una sentencia definitiva que acreditara responsabilidad penal, también se avanzó sobre bienes atribuidos al entonces jefe policial Marcelo Mendoza.

Entre ellos se incluyó un motorhome Mercedes Benz incorporado a una subasta provincial de bienes incautados realizada en 2025.

El caso reabrió el debate sobre el uso anticipado de medidas patrimoniales en causas aún no resueltas y sobre el riesgo institucional de transformar el decomiso de bienes en una pena aplicada antes del juicio.

ROSARIO: Rematan el motorhome de un comisario acusado sin condena

Tres años después, las preguntas siguen intactas

El dinero volvió. La honra, no necesariamente.

Y mientras los fajos retornan a sus dueños, sigue faltando una explicación pública sobre el origen procesal de aquella avanzada: cuál era la hipótesis concreta, qué prueba la respaldaba y por qué terminó en una devolución que contradice el relato inicial.

En democracia, la Justicia no puede funcionar como maquinaria de escarnio.

Porque cuando se confunde investigación con espectáculo, no solo se perjudica a los acusados: se erosiona la confianza pública en las instituciones.

AMPLIAREMOS

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«Quien quiera oír que oiga»

(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP),  «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV) y «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI).

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