Rosario (Santa Fe) – El presidente Javier Milei dedicó este viernes 21 de agosto una parte sustancial de su discurso ante la Bolsa de Comercio de Rosario a defender la política crediticia y relativizar la gravedad de la morosidad.
Mientras la Nación sostiene que el problema está siendo sobredimensionado y advierte contra la intervención estatal, el gobierno de Maximiliano Pullaro puso en marcha meses atrás un plan específico para refinanciar las deudas de trabajadores, jubilados y autónomos. Dos respuestas diferentes ante una misma realidad, aunque ambas dejan pendiente una pregunta anterior: por qué tantos trabajadores necesitan endeudarse para sostener su vida cotidiana.
El presidente Javier Milei eligió el 142.º aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario para desarrollar una extensa defensa de su programa económico y, particularmente, de lo ocurrido con las tasas de interés, el crédito y la creciente morosidad.
Uno de los aspectos más significativos de su exposición apareció cuando abordó precisamente a quienes quedan fuera del circuito financiero tradicional. Milei cuestionó la caracterización peyorativa del denominado “usurero” y sostuvo que quienes cobran tasas superiores asumen, en realidad, mayores riesgos porque atienden a personas que no califican para obtener financiamiento en el mercado formal.
Su razonamiento puede sintetizarse de esta manera: cuanto mayor es el riesgo del deudor, mayor será la tasa exigida por quien presta. Desde esa perspectiva, restringir esas operaciones o intervenir sobre las tasas puede terminar perjudicando justamente a quienes tienen menos posibilidades de acceder al sistema financiero convencional. Milei lo formuló explícitamente al preguntarse si quienes no califican en el mercado formal no terminan recurriendo precisamente a un mercado dispuesto a asumir mayores riesgos.
La argumentación tiene coherencia dentro de una concepción estrictamente de mercado. Sin embargo, deja pendiente una cuestión social decisiva: por qué una persona de bajos ingresos necesita recurrir a créditos cada vez más caros para financiar su vida cotidiana.
Ese interrogante adquiere una dimensión todavía mayor cuando se observa el contexto económico en el que se desarrolla el debate. Según los últimos datos disponibles, entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 Argentina perdió más de 30.000 empresas empleadoras. Sólo durante mayo desaparecieron 2.371, un promedio cercano a 76 empresas por día.
Es decir, mientras el Gobierno nacional sostiene que permitir el crédito de mayor riesgo puede ofrecer una alternativa a quienes quedan fuera del sistema bancario tradicional, la economía real viene registrando al mismo tiempo una fuerte reducción del entramado empresario y del empleo. A marzo de 2026, datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo ya mostraban 339.841 puestos registrados menos en unidades productivas respecto de noviembre de 2023.
Allí aparece una cuestión que el análisis exclusivamente financiero no alcanza a resolver: el trabajador necesita primero un ingreso suficiente y estable para poder pagar cualquier crédito.
Milei: la morosidad no sería una crisis
El Presidente sostuvo en Rosario que la situación crediticia está siendo utilizada políticamente para cuestionar a su Gobierno. Comparó los niveles argentinos con los de otros países y afirmó que se está discutiendo un fenómeno que, desde el punto de vista agregado, no constituye el problema extraordinario que algunos sectores describen.
También defendió el crecimiento del crédito privado como parte del cambio de modelo financiero: los bancos, según su explicación, dejaron de colocar gran parte de sus recursos en el Banco Central y comenzaron nuevamente a prestar a empresas y familias. Para Milei, alguna morosidad constituye una consecuencia previsible de ese proceso y no necesariamente la evidencia del fracaso del modelo.
Hay, sin embargo, una diferencia fundamental entre observar cuánto crédito tiene una economía respecto de su Producto Bruto Interno y observar cuánto del salario mensual de una familia está comprometido en cuotas.
Argentina puede tener poco crédito en términos agregados y, simultáneamente, tener trabajadores individualmente sobreendeudados.
Pullaro: si hay que refinanciar, algún problema existe
El diagnóstico del gobierno de Santa Fe es significativamente diferente.
En abril, la administración de Maximiliano Pullaro lanzó el Plan de Protección de los Ingresos, destinado a trabajadores públicos y privados, autónomos y jubilados. El programa permite refinanciar obligaciones, reducir tasas, extender los pagos hasta 60 cuotas y, para empleados públicos, procura que las deducciones no superen el 25 % del ingreso.
La respuesta fue inmediata: durante la primera semana se presentaron 10.138 solicitudes, de las cuales 8.062 correspondieron al sector público y 2.076 al privado.
El dato no demuestra que toda la población santafesina esté insolvente. Pero tampoco puede reducirse a una simple percepción subjetiva: cuando más de diez mil personas solicitan en apenas siete días una herramienta estatal destinada a reducir la cuota de sus deudas, existe un problema concreto de ingreso disponible.
El propio gobierno provincial reconoce la finalidad del programa: disminuir la presión de las obligaciones financieras sobre los haberes mensuales y recuperar capacidad de consumo.
En otras palabras, mientras Nación relativiza la magnitud del problema de la morosidad, Santa Fe instrumenta una política pública porque considera que la carga financiera ya compromete el funcionamiento cotidiano de miles de hogares.
Dos diagnósticos, una pregunta pendiente
Las diferencias pueden resumirse con claridad.
Nación observa fundamentalmente el mercado de crédito. Sostiene que existen tasas altas porque existen riesgos elevados, que quienes no califican para el crédito tradicional necesitan actores dispuestos a asumir esos riesgos y que una intervención estatal mal diseñada puede terminar restringiendo todavía más el financiamiento.
Santa Fe observa el ingreso disponible. Reconoce que miles de trabajadores están pagando cuotas que absorben una proporción excesiva de sus haberes y procura reducir esa carga mediante refinanciación, menores tasas y mayores plazos.
Pero existe una tercera mirada.
Es la que APROPOL Noticias planteó desde que se anunció el programa provincial: la deuda puede ser el problema inmediato, pero no necesariamente es la causa original.
Porque refinanciar una deuda puede reducir una cuota de $300.000 a $150.000. Ese alivio es real. Pero si después de pagar vivienda, alimentos, servicios, transporte y gastos familiares el salario continúa sin alcanzar, aquel trabajador volverá a utilizar la tarjeta, pedir un adelanto o solicitar otro préstamo.
Entonces el circuito recomienza.
Salario insuficiente -> crédito -> cuota -> menor ingreso disponible -> nuevo crédito.
En esas condiciones, el crédito deja de cumplir exclusivamente su función tradicional de financiar una vivienda, un automóvil, una inversión o un consumo excepcional y comienza a utilizarse para trasladar hacia el futuro gastos que el salario presente ya no puede cubrir.
El punto que ambos diagnósticos dejan afuera
Milei pregunta quién debe asumir el riesgo del crédito.
Pullaro pregunta cómo reducir la cuota del deudor.
La pregunta anterior es otra:
¿Por qué ese trabajador necesitó endeudarse?
Si la respuesta es que una parte creciente de los hogares utiliza financiamiento para pagar alimentos, servicios, alquileres o gastos corrientes, entonces el problema ya no puede ser reducido a una cuestión de tasas, morosidad o educación financiera.
Es un problema de ingresos.
Por eso el eje continúa siendo el mismo que APROPOL planteó meses atrás:
No se discute cuánto se gana, sino cómo se administra lo que no alcanza.
El plan santafesino puede resultar útil y proporcionar un alivio concreto. Milei también tiene razón en advertir que determinadas intervenciones pueden generar efectos indeseados o terminar socializando pérdidas privadas.
Pero ninguna de esas dos discusiones responde por sí sola al interrogante principal.
Un trabajador no sale estructuralmente del endeudamiento porque le extiendan una deuda de 24 a 60 meses. Sale cuando sus ingresos corrientes vuelven a permitirle financiar su vida corriente.
Hasta que ese debate ocupe el centro de la escena, Nación discutirá cuánto crédito debería existir, Santa Fe cómo refinanciarlo y miles de trabajadores continuarán haciendo cuentas para administrar aquello que, sencillamente, no alcanza.
“Quien quiera oír que oiga”
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV), «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI) ,«Gobernar mediante la sospecha», «Ciudadanía de Segunda Clase (CSC)». y ¿En nombre del odio?
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