ROSARIO (Santa Fe).— Cinco allanamientos realizados en Rosario y Pérez a partir de dos investigaciones desarrolladas con el sistema Lince dejaron tres personas trasladadas, vehículos secuestrados y distintos elementos incorporados a las causas.
El resultado vuelve a poner sobre la mesa una discusión que días atrás quedó envuelta en polémica: la tecnología puede ser eficaz, pero su verdadero valor aparece cuando la investigación se desarrolla dentro de la ley y con control judicial.
El dato no es menor porque hace pocas semanas el propio sistema Lince quedó involucrado en una fuerte controversia judicial luego de un procedimiento realizado en barrio Las Flores, en Rosario, donde personal de la Policía de Investigaciones ingresó a una vivienda sin orden judicial después de reconstruir mediante cámaras el recorrido de personas vinculadas a una balacera. Aquel procedimiento terminó siendo discutido en los tribunales y una jueza llegó a declarar su nulidad, aunque posteriormente la Cámara revocó esa decisión al considerar que había existido una situación de “flagrancia virtual”. El episodio, más allá de la discusión jurídica posterior, dejó abierta una pregunta de fondo sobre los límites que deben respetarse cuando una herramienta tecnológica permite identificar rápidamente un domicilio o una persona.
Lo ocurrido ahora ofrece una respuesta bastante más sencilla: investigar, reunir evidencia, solicitar las órdenes correspondientes y después allanar.
La diferencia está en hacer las cosas bien
Según informó Rosario3, el sistema Lince fue utilizado en dos investigaciones por robos que derivaron en cinco allanamientos ordenados judicialmente en Rosario y Pérez. En el primero de los casos, iniciado a partir de un robo cometido el 1º de agosto en Central Argentino al 400, el análisis de cámaras permitió reconstruir el recorrido de una Peugeot Partner, detectar a un hombre que habría ingresado a comercios donde posteriormente se utilizaron tarjetas bancarias sustraídas e identificar el dominio del vehículo.
Con esos elementos, la investigación avanzó hasta reunir información suficiente para solicitar tres allanamientos, que se realizaron en dos domicilios de 25 de Mayo al 1200, en Rosario, y en otro de Pueyrredón al 900, en Pérez. Como resultado fue trasladado Andrés Leonardo F., de 55 años, mientras que los investigadores secuestraron un teléfono celular, distintos elementos y la Peugeot Partner detectada durante la pesquisa.
En la segunda causa, iniciada por el robo de un Honda Fit gris, el sistema permitió seguir mediante cámaras una Ford F-100 roja y blanca que transportaba parte de la carrocería de un vehículo de similares características al sustraído. La reconstrucción posterior del recorrido permitió orientar nuevas medidas judiciales y derivó en allanamientos en Campbell al 1600 bis y Juan XXIII al 7400, donde fueron trasladados Pablo Roberto P. y Leticia K., ambos de 39 años, por una causa de encubrimiento.
Durante estos procedimientos se secuestraron la Ford F-100, un teléfono celular, un fragmento de parabrisas con número de oblea de TelePASE, documentación y remitos vinculados a la compraventa de chatarra.
Las actuaciones quedaron bajo las directivas del fiscal Carlos Covani.
La tecnología no reemplaza al juez
El punto central no debería pasar inadvertido, porque Lince no necesita colocarse por encima de las garantías constitucionales para demostrar eficacia. Por el contrario, estos procedimientos muestran que la herramienta puede producir información valiosa, reconstruir recorridos, vincular vehículos, ubicar sospechosos y orientar una investigación sin necesidad de convertir esa capacidad tecnológica en una autorización implícita para ingresar a un domicilio.
La diferencia entre ambos modelos es sustancial. En uno, la información obtenida mediante inteligencia tecnológica pretende transformarse inmediatamente en acción policial y después se discute judicialmente si existía o no una excepción que habilitara el ingreso sin orden. En el otro, esa misma información se utiliza para construir una hipótesis, reunir indicios, solicitar una medida a la Justicia y recién entonces ejecutar el allanamiento.
Ese segundo camino puede parecer más lento, pero tiene una ventaja fundamental: protege la investigación.
Una medida obtenida respetando el procedimiento reduce considerablemente el riesgo de nulidades, fortalece la cadena probatoria y evita que meses de trabajo policial terminen discutiéndose no por la responsabilidad de los investigados, sino por la legalidad del modo en que se obtuvieron las pruebas.
El problema nunca fue Lince
Conviene insistir en este punto porque sería un error degradar una herramienta potencialmente muy útil por decisiones operativas o políticas equivocadas.
Lince utiliza inteligencia artificial y análisis de imágenes para reconstruir desplazamientos, vincular vehículos y establecer relaciones temporales y espaciales entre distintos registros de videovigilancia. Según la información difundida por el Gobierno provincial y reproducida por Rosario3, con estas dos nuevas investigaciones ascienden a 738 los casos en los que el sistema intervino para el esclarecimiento de hechos delictivos en Santa Fe.
Ese número comienza a mostrar que existe una capacidad tecnológica importante, pero justamente por eso corresponde protegerla de la improvisación.
Si cada vez que Lince identifica un vehículo o ubica un domicilio se pretende transformar esa información en una suerte de permiso automático para intervenir, tarde o temprano la discusión dejará de girar alrededor de los delincuentes y comenzará a concentrarse en los límites constitucionales de la Policía y del Poder Ejecutivo.
Eso fue precisamente lo que ocurrió con el procedimiento de barrio Las Flores.
Un antecedente que no debería repetirse
El 19 de junio, luego de una balacera ocurrida en Entre Ríos al 6200, la PDI utilizó Lince para reconstruir movimientos que condujeron hasta una vivienda de España al 7000. Allí se produjo un ingreso sin orden judicial que derivó en la detención de un adolescente de 17 años.
El procedimiento generó posteriormente una discusión judicial de enorme importancia porque habían transcurrido varias horas desde el hecho inicial y la cuestión central pasó a ser si todavía podía hablarse de flagrancia suficiente para prescindir de la autorización de un juez.
La jueza María Dolores Aguirre Guarrochena declaró inicialmente la nulidad del procedimiento, mientras que el camarista Tomás Orso revocó posteriormente esa decisión y consideró aplicable una interpretación de “flagrancia virtual”, tomando como punto de referencia la identificación del domicilio mediante Lince y no el momento original de la balacera.
Más allá de cómo termine consolidándose esa discusión jurisprudencial, el episodio dejó una enseñanza que estas nuevas investigaciones parecen confirmar: cuando existe tiempo material para obtener una orden judicial, hacerlo fortalece el procedimiento en lugar de debilitarlo.
Inteligencia primero, orden judicial después
No hay contradicción entre eficacia policial y garantías constitucionales, aunque durante años algunos hayan pretendido presentarlas como fuerzas opuestas.
Una investigación profesional debería utilizar todos los recursos tecnológicos disponibles para identificar sospechosos, reconstruir recorridos y localizar objetos o vehículos vinculados con delitos, pero cuando llega el momento de afectar derechos especialmente protegidos, como la inviolabilidad del domicilio, debe intervenir el órgano judicial competente salvo las excepciones estrictamente previstas por la ley.
Los cinco allanamientos realizados ahora muestran que ese mecanismo no impide obtener resultados. Al contrario: hubo sospechosos identificados, personas trasladadas, vehículos secuestrados y elementos incorporados a las investigaciones sin necesidad de abrir posteriormente una batalla procesal acerca de si la Policía podía o no ingresar.
Esa también es eficiencia.
Cuidar Lince significa usarlo bien
Después del escándalo generado por aquel ingreso sin orden judicial, existía el riesgo de que Lince terminara cuestionado por responsabilidades que no corresponden a la herramienta, porque ningún sistema informático decide allanar una vivienda ni determina por sí mismo qué garantías constitucionales pueden dejarse de lado.
Esas decisiones las toman personas.
Por eso estos nuevos procedimientos son importantes también desde otro punto de vista: permiten separar la calidad de la herramienta de la forma en que eventualmente puede ser utilizada.
Lince puede convertirse en una pieza central de la investigación criminal santafesina si sirve para producir inteligencia, orientar investigaciones y aportar elementos objetivos a fiscales y jueces, pero perderá legitimidad si se pretende transformarlo en un argumento para correr los límites legales cada vez que una cámara encuentra aquello que los investigadores estaban buscando.
Los resultados conocidos ahora demuestran que no es necesario elegir entre eficacia y legalidad, porque ambas pueden avanzar juntas cuando cada institución cumple correctamente su función.
La Policía investiga y ejecuta las medidas, el fiscal dirige la persecución penal y el juez controla aquellas decisiones que afectan garantías fundamentales. Cuando ese orden se respeta, el sistema funciona y la tecnología potencia el trabajo policial en lugar de convertirlo en objeto de controversias jurídicas.
Esta vez hubo inteligencia, investigación, órdenes judiciales, allanamientos y resultados.
Así también se cuida Lince: haciendo las cosas bien.
(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.
Notas relacionadas:
La sospecha se volvió doctrina de Estado, y ya no es solo el gobierno nacional
¿El control judicial seguirá siendo una garantía para el ciudadano o será solo un recuerdo?
No se defendió un allanamiento: se defendió un sistema basado en la excepcionalidad
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
Tu opinión es importante para nosotros. Sé la primera persona en dejar un comentario.
Empezar conversación ahora