A cincuenta años del atentado de Junín y Rawson, la Masacre de Rosario sigue planteando una pregunta incómoda: por qué un hecho de semejante magnitud permaneció durante décadas en los márgenes de la memoria pública. Recuperarlo no exige negar otros dolores ni equiparar responsabilidades históricas, sino incorporar a todas las víctimas a una memoria democrática más amplia, rigurosa y justa.
Cincuenta años alcanzan para que desaparezcan testigos, se pierdan documentos, cambien los barrios y un episodio que alguna vez estremeció a una ciudad termine reducido a una referencia conocida apenas por familiares, sobrevivientes, policías, vecinos o investigadores. Pero medio siglo también puede ser el tiempo suficiente para que una sociedad vuelva sobre aquello que quedó desplazado y se pregunte si su memoria pública fue verdaderamente capaz de contener todas las historias que atravesaron su pasado.
La Masacre de Rosario obliga precisamente a formular esa pregunta.
El 12 de septiembre de 1976, nueve policías y dos civiles murieron como consecuencia de la explosión de un coche bomba junto al micro interno 231 del Batallón Guardia de Infantería, en la esquina de Junín y Rawson. Hubo numerosos heridos, familias enteras quedaron marcadas y las consecuencias físicas, psicológicas y sociales se prolongaron durante décadas. Sin embargo, pese a la magnitud del atentado, el hecho permaneció durante mucho tiempo en una posición periférica dentro de los grandes relatos públicos sobre la violencia política de los años setenta.
La investigación forma parte del libro La Masacre de Rosario. Memoria, víctimas y silencios a cincuenta años del atentado, escrito por Alberto Rubén Martínez y publicado en 2026 (ISBN 978-631-01-7032-9; DOI 10.5281/zenodo.21711542). Martínez es licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana, investigador independiente y exintegrante de la Policía de Santa Fe, institución en la que prestó servicios durante veinte años. Su experiencia profesional y su trabajo posterior en defensa de los derechos de los trabajadores policiales le permitieron abordar el episodio combinando documentación histórica, archivos periodísticos, testimonios de sobrevivientes y familiares, así como materiales preservados durante décadas por quienes se convirtieron, muchas veces silenciosamente, en custodios de aquella memoria.
No fue un hecho borrado
Cuando comenzó esta investigación, la primera impresión fue sencilla: la Masacre de Rosario había sido olvidada o deliberadamente ocultada. El examen de las fuentes obligó a corregir esa hipótesis.
El atentado nunca desapareció completamente. Permaneció en los recuerdos familiares, en los testimonios de los sobrevivientes, en fotografías conservadas durante décadas, en homenajes policiales, en publicaciones periodísticas y en referencias institucionales y judiciales. Es decir, no se trató de una memoria inexistente, sino de una memoria confinada a determinados ámbitos y sostenida principalmente por quienes tenían alguna relación directa con aquella historia.
Por eso resulta más preciso hablar de un acontecimiento desplazado hacia los márgenes de la memoria pública. No fue borrado, pero tampoco alcanzó una presencia institucional, cultural y judicial acorde con su magnitud.
Una memoria sostenida desde abajo
Cada 12 de septiembre hubo quienes volvieron a reunirse. Familiares, sobrevivientes, policías, vecinos y otras personas mantuvieron vivo un homenaje que nunca dependió de una gran política pública de memoria. Esa persistencia permitió que, cincuenta años después, todavía existan documentos, objetos, fotografías y testimonios suficientes para reconstruir una parte importante de lo ocurrido.
La contracara de esa persistencia fue la dispersión. Buena parte de la historia quedó repartida entre archivos personales, recortes periodísticos, recuerdos familiares y objetos conservados de manera casi artesanal. Esa fragmentación no demuestra por sí sola una decisión deliberada de borrar el atentado, pero sí revela una insuficiencia institucional: durante décadas no existió un esfuerzo sostenido por reunir, preservar y ordenar toda esa memoria.
Los custodios de la memoria
Si esta historia llegó hasta nosotros fue porque muchas personas decidieron guardarla.
El suboficial mayor retirado Carlos Bompar, por ejemplo, preservó durante más de treinta años fotografías del atentado. Otros conservaron documentos, uniformes, testimonios, recuerdos familiares o simples datos que, aislados, podían parecer menores, pero que con el tiempo terminaron resultando indispensables para reconstruir lo ocurrido.
Hubo quienes organizaron homenajes cuando prácticamente nadie miraba y quienes aceptaron responder preguntas décadas después. Ninguno poseía la historia completa, pero cada uno conservó una parte.
En ese sentido, la memoria de la Masacre de Rosario fue durante mucho tiempo una construcción colectiva sostenida desde abajo. Más que un gran archivo institucional, hubo personas que se negaron a dejar desaparecer la historia.
El paredón que quedó en pie
Entre los testigos materiales de aquella tarde permanece un antiguo paredón ferroviario.
Cuando explotó el coche bomba, la onda expansiva lanzó fragmentos metálicos en todas direcciones. Algunos atravesaron cuerpos y otros se incrustaron en el muro de ladrillos que delimitaba los talleres del Ferrocarril Mitre. Durante décadas quedaron allí numerosas perforaciones irregulares, convertidas en una crónica muda de lo ocurrido.
El barrio cambió profundamente. Los talleres ferroviarios perdieron protagonismo, el paisaje urbano se transformó y sobre parte de aquellos terrenos se levantó un importante centro comercial. En determinado momento, las máquinas estuvieron a punto de demoler el viejo paredón. Si aquello hubiera ocurrido, probablemente se habría perdido uno de los pocos testimonios físicos directos del atentado.
Sin embargo, alguien comprendió que aquellas marcas no eran simples daños sobre una pared. Eran huellas históricas. En el último momento pudo salvarse un pequeño fragmento que todavía permanece en la esquina de Junín y Rawson.
Es apenas un pedazo de ladrillo perforado, pero contiene medio siglo de memoria.
El micro que nunca terminó su recorrido
Otro vestigio logró preservarse: el Mercedes-Benz interno 231.
El vehículo fue recuperado, restaurado y conservado gracias a la iniciativa del comisario general Mariano Savia y de otros integrantes de la fuerza. Hoy permanece como uno de los testimonios materiales más importantes de aquella jornada.
Hay algo profundamente simbólico en ese micro. Fue restaurado, puede ser observado y forma parte de la memoria institucional, pero su recorrido quedó detenido para siempre en aquella tarde de 1976.
El libro recoge incluso una historia transmitida dentro de la memoria oral policial: durante los preparativos de un aniversario, uno de los choferes habría escuchado detrás suyo una voz que le ordenaba preparar el micro para el día siguiente. Cuando se dio vuelta, no había nadie.
No es necesario decidir si ese relato pertenece a una experiencia personal, a una leyenda institucional o a la emoción acumulada durante décadas. Lo importante es que demuestra que el micro continúa ocupando un lugar vivo dentro de la memoria policial santafesina.
Lo esencial fueron las personas
Sin embargo, ni el paredón ni el micro constituyen el núcleo de esta historia. Lo verdaderamente importante fueron las personas que se negaron a dejarla desaparecer.
Familiares, sobrevivientes, vecinos, policías retirados y en actividad, periodistas e investigadores conservaron durante décadas fotografías, documentos, objetos y testimonios. Algunos guardaron nombres, otros recuerdos, otros escenas que nunca pudieron olvidar.
Esa persistencia explica que hoy sea posible reconstruir una historia que durante mucho tiempo permaneció fragmentada.
Reconocer no significa equiparar
Aquí aparece una cuestión central.
Recuperar a las víctimas de la Masacre de Rosario no puede transformarse en una operación de compensación histórica. Reconocer a los nueve policías y a los dos civiles asesinados no exige negar los crímenes cometidos desde el Estado durante la dictadura, ni tampoco igualar responsabilidades históricas diferentes.
La posición de este libro es explícita: ninguna causa política autoriza el asesinato, el secuestro, la colocación de explosivos ni la transformación de una persona en enemigo. Por eso deben condenarse las acciones violentas desarrolladas por las organizaciones armadas y reconocerse como víctimas quienes fueron alcanzados por ellas.
Al mismo tiempo, existe una diferencia histórica, jurídica y política que debe preservarse. El terrorismo de Estado tuvo una responsabilidad específica y cualitativamente distinta porque fue desplegado desde una estructura que concentraba el monopolio de la fuerza, administraba las instituciones públicas y tenía precisamente la obligación de proteger la vida y actuar dentro de la ley.
Reconocer esa diferencia no obliga a minimizar los crímenes de las organizaciones armadas. Y reconocer a las víctimas de esas organizaciones no implica justificar las prácticas ilegales desarrolladas desde el Estado.
Ambas afirmaciones pueden convivir dentro de una memoria democrática madura.
La falsa elección
Durante demasiado tiempo, parte del debate argentino sobre los años setenta quedó atrapado en una falsa alternativa. Parecía que recordar unas víctimas implicaba desconocer otras, o que condenar una forma de violencia exigía relativizar la otra.
Pero la memoria democrática no debería funcionar de ese modo.
Puede distinguir responsabilidades, reconocer contextos y establecer diferencias históricas y jurídicas sin negar la humanidad de quienes padecieron la violencia.
Toda víctima inocente merece ser recordada.
Ese principio no debilita la memoria democrática; la hace más completa.
El problema del uniforme
Una de las dificultades específicas de esta historia fue la identidad institucional de nueve de sus víctimas.
Eran policías.
Y la institución policial quedó profundamente atravesada por la participación de sectores de sus estructuras en el aparato represivo de la dictadura. Esa responsabilidad histórica no puede ignorarse.
Pero tampoco puede convertirse en una categoría colectiva que borre la individualidad de todos sus integrantes.
Los hombres que viajaban en el interno 231 eran policías regulares que regresaban de cumplir un servicio de seguridad. Muchos eran muy jóvenes, tenían esposas, hijos pequeños y hogares sostenidos con salarios modestos y servicios extraordinarios.
Ninguna de esas condiciones los transformaba en blancos legítimos de un coche bomba.
Reconocerlo no modifica el juicio histórico sobre el terrorismo de Estado. Simplemente devuelve a esas personas su condición de víctimas.
El desafío de una memoria adulta
Las democracias construyen sus primeros consensos mediante definiciones fuertes. Después de experiencias traumáticas, necesitan establecer límites morales claros y afirmar qué conductas no pueden volver a repetirse.
Pero con el paso del tiempo aparece otro desafío: incorporar historias que quedaron relegadas sin destruir los consensos construidos.
Eso significa ampliar la memoria democrática.
Agregar sin borrar.
Incorporar sin relativizar.
Escuchar nuevas voces sin negar las anteriores.
El propio libro parte de esa premisa: una democracia madura no se fortalece recordando menos, sino siendo capaz de ampliar su memoria sin renunciar a ninguno de los principios que la sostienen.
Una memoria que atravesó generaciones
Los cincuenta años también modificaron a las familias.
Hubo hijos que crecieron sin conocer a sus padres, viudas que debieron reorganizar sus vidas, padres que enterraron hijos y sobrevivientes que durante décadas prefirieron no hablar. Algunas familias conservaron fotografías, uniformes, cartas o documentos; otras mantuvieron silencio durante años hasta que sintieron que podían contar lo ocurrido.
Con el paso de las generaciones, aquellas memorias privadas comenzaron lentamente a transformarse también en fuentes históricas.
Por eso el cincuentenario tiene un significado particular. No se trata solamente de recordar el atentado, sino de decidir qué lugar tendrá finalmente dentro de la historia pública de Rosario.
La responsabilidad institucional
La preservación de esta historia no puede depender eternamente de la voluntad de familiares, policías retirados, periodistas o investigadores.
Existe una tarea institucional pendiente: ordenar y preservar documentos, incorporar el atentado a la historia institucional de la Policía de Santa Fe, transmitirlo dentro de la formación profesional, proteger los objetos y sitios vinculados con el hecho y reconocer públicamente a las víctimas.
La memoria necesita custodios individuales, pero también instituciones que garanticen su continuidad.
Medio siglo después
Todavía es posible caminar hasta Junín y Rawson.
El barrio ya no es el mismo. Rosario tampoco.
Quedan algunas marcas sobre ladrillos, un micro restaurado, fotografías, documentos, testimonios y familias que durante cincuenta años conservaron recuerdos.
También queda una pregunta sobre la capacidad de una sociedad para mirar su pasado sin reducirlo a categorías cómodas.
Recordar no significa permanecer para siempre detenido dentro de la herida, pero tampoco significa borrar lo sucedido para seguir adelante. Significa comprender, nombrar a las víctimas, reconocer lo ocurrido y aprender a convivir con una historia que forma parte de nosotros aunque resulte incómoda.
Quizá por eso, cincuenta años después, todavía tenga sentido detenerse frente al paredón, observar sus marcas, volver a mirar aquel micro y pronunciar los nombres de quienes murieron.
No para disputar la memoria de nadie, ni para reescribir la historia desde el resentimiento, ni para igualar responsabilidades que fueron distintas.
Sino para afirmar una idea más sencilla y, al mismo tiempo, más exigente:
La democracia también se fortalece cuando es capaz de recordar a quienes durante demasiado tiempo quedaron en sus márgenes.
Acceso libre y gratuito a la versión oficial del libro:
>>>> https://drive.google.com/file/d/14ZHt5z4JoEmdgVF_BwZiGtX3zLratzW0/
Acceso a material de difusión:
>>> https://drive.google.com/file/d/1c7QNHtw5FjWHFR67-lwXSLPovFJMCgo-/
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