El Sindicato de Prensa Rosario repudia panfletos anónimos, pero fue una de las grandes ausencias frente a la “ley bozal”. Nos sumamos sin reservas al repudio por los panfletos anónimos que señalaron a periodistas deportivos en Newell’s y coincidimos en que exponer trabajadores de prensa con nombre, apellido y medio puede generar hostigamiento y violencia. Precisamente por eso corresponde preguntar por qué esa misma firmeza no apareció con igual intensidad cuando desde el poder político se impulsaron iniciativas capaces de afectar directamente la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.
Un repudio que corresponde y al que nos sumamos
El Sindicato de Prensa Rosario expresó su “categórico repudio” por la circulación de volantes anónimos en el estadio de Newell’s, donde distintos periodistas deportivos fueron individualizados con nombre, apellido y medio de comunicación, acusándolos de actuar como “operadores de prensa”. El gremio advirtió que este tipo de señalamientos puede abrir la puerta a agresiones y hechos de violencia y reclamó una reunión urgente con la conducción del club, además de un pronunciamiento público de la institución.
Desde este espacio nos sumamos a ese repudio porque ningún trabajador de prensa debería ser expuesto públicamente de esa manera ni quedar sometido a intimidaciones por el solo hecho de ejercer su profesión. La libertad de prensa se defiende también garantizando que quienes trabajan en estadios, calles, tribunales o dependencias oficiales puedan hacerlo sin amenazas ni condicionamientos.
La discusión comienza cuando esa reacción inmediata y categórica se compara con el comportamiento mucho más discreto que distintas organizaciones del ámbito periodístico mostraron frente a iniciativas provenientes del propio poder político, donde el riesgo potencial para la libertad de expresión podía ser todavía mayor.
La gran ausencia frente a una norma con poder sancionador
Uno de los ejemplos más claros fue el proyecto que obtuvo media sanción en el Senado santafesino para declarar a la provincia “territorio libre de discursos de odio” e incorporar una nueva falta al Código de Convivencia, con multas y cursos obligatorios.
Desde APROPOL advertimos entonces que el problema no estaba en el objetivo declarado de combatir la discriminación o la violencia, sino en la amplitud de las categorías utilizadas y en la posibilidad de que conceptos como “promover hostilidad”, “justificar menosprecio” o “naturalizar” determinadas expresiones quedaran sujetos a interpretaciones administrativas capaces de alcanzar a periodistas, opositores, sindicalistas o ciudadanos críticos.
La nota señalaba además que el proyecto no incorporaba una protección específica para la actividad periodística ni exigía estándares suficientemente precisos sobre intención, riesgo concreto o conexión directa entre una expresión y un daño verificable, lo que podía generar un efecto de autocensura aun cuando una denuncia terminara finalmente archivada.
Aquel proyecto finalmente cayó en Diputados sin convertirse en ley, pero durante su tránsito legislativo el debate público mostró una presencia mucho menor de organizaciones periodísticas de la que cabía esperar frente a una iniciativa que podía impactar directamente sobre el ejercicio de la palabra pública.
No es lo mismo un anónimo que el poder del Estado
Un panfleto anónimo puede intimidar, señalar y generar un contexto hostil, por lo que no debería minimizarse su gravedad. Sin embargo, una herramienta surgida del Estado dispone de una capacidad muy diferente, porque puede iniciar expedientes, imponer sanciones, obligar a contratar defensa y transformar una controversia política o periodística en un procedimiento administrativo.
Por eso la comparación no busca relativizar lo ocurrido en Newell’s, sino justamente ampliar el criterio de defensa de la libertad de prensa. Si exponer periodistas desde una tribuna es intolerable, también debería generar una reacción inmediata cualquier normativa capaz de convertir expresiones críticas en materia sancionatoria.
La censura contemporánea no siempre adopta la forma rudimentaria de una prohibición expresa. Puede funcionar aumentando el costo de hablar hasta lograr que periodistas, medios pequeños, dirigentes o ciudadanos prefieran moderar una investigación, una crítica o una denuncia antes que enfrentar un expediente. Esa fue precisamente una de las advertencias planteadas frente al proyecto santafesino.
La libertad de prensa también se defiende cuando incomoda al poder
Existe otro antecedente reciente que refuerza esta discusión. En una editorial sobre ataques a periodistas y medios, APROPOL señaló que las presiones contra la prensa no provienen solamente de sectores marginales o anónimos, sino también del poder político cuando descalifica, amenaza o intenta disciplinar a quienes investigan o formulan preguntas incómodas. Allí se volvió a mencionar el proyecto santafesino contra los denominados “discursos de odio” como un precedente que podía trasladar categorías amplias al terreno sancionatorio.
Esa es la verdadera prueba para cualquier organización sindical o profesional: mantener la misma vara cuando el conflicto deja de ser cómodo y del otro lado aparecen funcionarios, gobiernos o mayorías legislativas con capacidad real de generar consecuencias.
No alcanza con reaccionar frente al agresor anónimo y guardar una prudencia excesiva cuando la presión proviene de estructuras institucionales.
Una sola vara
El repudio del Sindicato de Prensa Rosario frente a los panfletos de Newell’s merece acompañamiento, porque defender a periodistas expuestos públicamente es parte de la defensa misma de la libertad de expresión.
Pero justamente por eso resulta legítimo reclamar coherencia.
Si una amenaza anónima merece una respuesta categórica, también debería merecerla cualquier iniciativa estatal que pueda restringir, disciplinar o enfriar la palabra pública.
Si se exige protección para un cronista dentro de un estadio, también debe exigirse protección para quien investiga, critica o confronta al poder desde un medio de comunicación.
La libertad de prensa no puede depender de quién ejerce la presión.
Cuando el volumen de la indignación cambia según la identidad del agresor, la pregunta sobre una posible indignación selectiva deja de ser una provocación y pasa a ser una cuestión legítima.
“Quien quiera oír que oiga”
(*) Ex oficial de la PSF. Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral – UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV), «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI) ,«Gobernar mediante la sospecha», «Ciudadanía de Segunda Clase (CSC)» , ¿En nombre del odio? y «La Masacre de Rosario».
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