Tres años después del megaoperativo que sacudió a la Policía santafesina, el dinero que el Estado debía custodiar no aparece. El fiscal dio plazo hasta el 1° de julio para que la APRAD explique dónde están los fondos o su titular deberá comparecer ante la Fiscalía.
Lo que comenzó en marzo de 2023 como uno de los operativos más espectaculares impulsados por el Ministerio Público de la Acusación terminó convirtiéndose, tres años después, en un verdadero escándalo institucional.
La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD), organismo encargado de custodiar los bienes secuestrados por orden judicial, no puede localizar aproximadamente 20.000 dólares estadounidenses y cerca de dos millones de pesos que debía restituir a su propietario.
La situación es tan grave que el fiscal Caterina, quien ordenó la devolución del dinero, intimó formalmente al titular de la APRAD para que entregue los fondos o explique su paradero antes del 1° de julio de 2026. Si ello no ocurre, deberá presentarse personalmente a prestar declaración ante la Fiscalía.
La pregunta es tan simple como inquietante:
¿Cómo puede desaparecer dinero que estaba bajo custodia del propio Estado?
Del «golpe al narcotráfico» al dinero desaparecido
El origen del caso se remonta a marzo de 2023, cuando un amplio operativo ordenado por los fiscales «estrellas» Matías Edery y Luis Schiappa Pietra que incluyó el allanamiento de un galpón ubicado en calle Guatemala al 2200 de Rosario.
Las imágenes recorrieron todos los medios de comunicación.
Cajas fuertes abiertas.
Fajos de dólares.
Dinero contado delante de las cámaras.
Altos jefes policiales demorados.
La escena fue presentada públicamente como parte de una investigación vinculada con presuntas maniobras criminales y un supuesto centro de operaciones relacionado con el narcotráfico.
Sin embargo, con el transcurso del tiempo comenzaron a aparecer elementos que modificaron sustancialmente aquella primera impresión.
Tres años después, sin condenas ni causas consolidadas
Han transcurrido más de tres años desde aquellos procedimientos.
Durante ese tiempo, las personas que fueron expuestas públicamente como protagonistas de una organización criminal no registran condenas derivadas de aquel operativo y, según la información conocida hasta el momento, la investigación no produjo el resultado que el impacto mediático inicial hacía prever.
La propia decisión de restituir el dinero secuestrado constituye un dato procesal de enorme relevancia. Un mes atrás ya habían restituido otros efectos personales como armas, dispositivos electrónicos y documentación. Cuando la Justicia ordena devolver bienes incautados reconoce, al menos respecto de esos efectos, que ya no existe fundamento para mantenerlos bajo custodia estatal.
Del secuestro a la desaparición
Pero el expediente dio un giro todavía más inesperado.
Al momento de ejecutar la devolución ordenada por el fiscal Caterina, la APRAD informó que no puede encontrar el dinero que había recibido para su custodia.
Es decir, fondos que fueron exhibidos públicamente durante el operativo y permanecieron durante más de tres años bajo responsabilidad del Estado hoy no aparecen.
La situación traslada el foco desde quienes fueron investigados hacia el propio sistema encargado de administrar los bienes secuestrados.
Ya no se trata solamente de discutir la legalidad o proporcionalidad de aquellos allanamientos.
Ahora también debe explicarse qué ocurrió con bienes cuya conservación era responsabilidad exclusiva del Estado.
Una cadena de custodia bajo sospecha
Todo procedimiento de secuestro judicial exige una cadena de custodia rigurosa.
Cuando el Estado incauta dinero asume la obligación de conservarlo íntegramente hasta que exista una resolución definitiva.
Si luego la Justicia ordena devolver esos bienes, la administración debe entregarlos en las mismas condiciones en que fueron recibidos.
La desaparición de fondos bajo custodia oficial representa una situación de extrema gravedad institucional que obliga a determinar si existieron errores administrativos, negligencias o eventuales responsabilidades de otra naturaleza.
Precisamente por ello el fiscal resolvió intimar a las autoridades de la APRAD para que rindan cuentas sobre el destino del dinero.
Un expediente que sigue dejando interrogantes
Este nuevo episodio vuelve a colocar bajo análisis todo el procedimiento iniciado en 2023.
Aquellos allanamientos estuvieron rodeados desde un comienzo por fuertes controversias, tanto por la magnitud del despliegue como por la exposición pública de los involucrados y por las críticas formuladas respecto del desarrollo de la investigación.
Hoy, más de tres años después, el expediente vuelve a ocupar el centro de la escena, aunque por un motivo completamente distinto.
Ya no se debate únicamente si las medidas adoptadas entonces estuvieron suficientemente respaldadas por la investigación.
Ahora también debe explicarse cómo pudo desaparecer dinero secuestrado que permanecía bajo custodia del propio Estado.
Ahora deberán rendir cuentas
Durante tres años la sociedad vio fotografías de cajas fuertes abiertas, dólares exhibidos como evidencia y un operativo presentado como emblemático.
Hoy, la realidad plantea una pregunta mucho más incómoda para las instituciones.
Si el propio Estado no puede responder dónde están 20.000 dólares y cerca de dos millones de pesos que tenía bajo su exclusiva responsabilidad, ya no son los investigados de 2023 quienes deben dar explicaciones.
Ahora le corresponde al Estado explicar qué ocurrió con el dinero cuya custodia le había sido confiada por la Justicia.
Porque cuando desaparecen bienes secuestrados dentro del sistema encargado de administrarlos, lo que entra en crisis no es solamente un expediente judicial: es la credibilidad misma de las instituciones encargadas de investigar, custodiar y garantizar el cumplimiento de la ley.
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