Por Alberto Martinez
En un hecho que revela las sombras más profundas dentro de las fuerzas de seguridad, una oficial de la Policía de Santa Fe denunció a un comisario en actividad por haberla explotado sexualmente cuando tenía apenas 16 años.
La presentación judicial fue realizada en noviembre de 2024 ante la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual del Ministerio Público de la Acusación en Rosario. Según su testimonio, fue engañada junto a otra menor y llevada a ejercer la prostitución en un prostíbulo que —según afirma— era manejado por el actual comisario.
La denunciante, cuyo nombre se mantiene en reserva por razones de seguridad, aportó cuatro testigos y relató además cómo fue humillada y hostigada por el denunciado durante varios meses del año pasado, cuando ambos coincidieron en funciones dentro de la fuerza.
Un entramado de poder, operaciones internas y represalias
La denuncia no se limita al abuso padecido en la adolescencia. La oficial también es testigo clave de una supuesta red de inteligencia ilegal que habría operado dentro de la Unidad Regional II, destinada a armar causas y desplazar a jefes policiales (grupo que suele reunirse en una conocida ONG policial rosarina). Según consta en el expediente, ella y otra compañera se negaron a participar en esas maniobras y, como represalia, fueron blanco de persecuciones internas. El propio comisario denunciado señaló en su defensa que estas operaciones eran impulsadas por una alta oficial en actividad, también mencionada en los testimonios.
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Actualmente, el comisario fue pasado a disponibilidad en el marco de las investigaciones por corrupción y maniobras internas en Rosario, pero la denuncia por trata no ha avanzado en el ámbito judicial ni en Asuntos Internos, donde permanece archivada.
Miedo, amenazas y silencio institucional
Hoy, la denunciante cuenta con custodia de fuerzas federales, ya que teme por su vida. Pese a haber cumplido todos los pasos procesales —presentación formal, pruebas y testigos—, la causa no ha mostrado avances significativos. Según fuentes cercanas, su envío a Asuntos Internos responde a una maniobra clásica de dilación institucional, utilizada históricamente para ocultar causas que involucran a mandos jerárquicos.
Una estructura poderosa sin control político real: críticas a la Ley 14.246
La reciente entrada en vigencia de la Ley N.º 14.246, que crea el Sistema de Inteligencia y Análisis para la Prevención del Delito, añade una nueva preocupación al panorama. Si bien esta normativa establece protocolos, limitaciones legales y una Comisión Bicameral de seguimiento, en la práctica se ha implementado sin debate público, sin transparencia y sin un control efectivo por parte del Poder Legislativo. En manos equivocadas —como las denunciadas en esta causa—, esta estructura puede transformarse en una herramienta de persecución interna, disciplinamiento y manipulación institucional, más que en un instrumento legítimo de prevención del delito. La falta de control sobre los organismos creados por esta ley abre la puerta al espionaje doméstico y al uso político de la información sensible.
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Un llamado urgente a la verdad
Desde APROPOL Noticias, exigimos que esta denuncia sea investigada con urgencia, rigor y sin encubrimientos. La oficial que denunció estos hechos ha dado un paso que pocos se atreven a dar: enfrentar al poder desde dentro. Su valentía debe encontrar eco en una respuesta institucional firme. La impunidad no puede seguir vistiendo uniforme.
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