Tras meses de anuncios, el gobierno provincial comenzó a aplicar los tests de consumo de estupefacientes al personal policial. El operativo exhibicionista que encabezó el propio Pullaro no disimula lo esencial: no hay ley, no hay garantías, y sí hay sospecha estructural.
Por Alberto Martinez (*)
Una puesta en escena con mensaje disciplinador
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, fue el primero en someterse públicamente al narcotest. El gesto, acompañado de cámaras y discursos, pretendió dar el ejemplo. Pero en realidad funcionó como una advertencia. El mensaje fue claro: el control llega sin preguntar, y el que se niega será observado, separado o cesanteado.
Lo que se presenta como una política de «control sanitario» es, en los hechos, una herramienta de vigilancia encubierta y castigo anticipado.
Sin ley, sin protocolo, sin garantías
No existe hasta el momento una ley provincial que reglamente el uso obligatorio de narcotests para personal policial. Tampoco se conocen los protocolos técnicos, los criterios de selección, ni la cadena de custodia de las muestras. ¿Quién decide a quién se le hace el test? ¿Con qué laboratorio? ¿Con qué resguardo del derecho a la defensa?
La Fundación Argentina de Toxicología (FATox), que ha sido mencionada en algunos ámbitos como referencia técnica, no figura en los documentos oficiales como responsable directa del operativo. Y aunque tiene trayectoria profesional, su participación en este proceso —de haberla— es completamente opaca.
Sospecha estructural como forma de gobierno
Como venimos sosteniendo desde hace años, este tipo de medidas encaja con lo que hemos definido como la doctrina de la sospecha permanente. Es decir, una forma de gestionar al personal estatal —y muy especialmente a policías y penitenciarios— desde la presunción de culpa.
Los narcotests no se aplican como medida preventiva razonable con supervisión médica ni intervención gremial, sino como instrumento punitivo camuflado, que permite separar agentes sin sumario, sin proceso y sin defensa.
No importa si da positivo o no: lo importante es que el mensaje llegue. Todos sospechados. Todos vigilados. Todos prescindibles.
La falsa moral del control
Los mismos gobiernos que no pagan en tiempo y forma, que no garantizan obra social ni licencias médicas, que niegan el derecho a la organización gremial, ahora se erigen como fiscales morales del consumo.
Es importante recordar que el consumo personal de estupefacientes, aún en el marco laboral, no es un delito penal per se si no está vinculado a una infracción administrativa probada con debido proceso. El uso de estos tests como elemento de presión o amenaza laboral constituye un abuso de poder que debe ser denunciado.
Alerta sindical y doctrina de la confianza
Desde APROPOL sostenemos que el control legítimo debe ser profesional, médico, regulado por ley y articulado con canales de contención y defensa. El test puede ser una herramienta de prevención, pero nunca de castigo sin juicio.
Reafirmamos la necesidad de pasar de una arquitectura institucional basada en la desconfianza a una fundada en la confianza soberana, en la dignidad del trabajador público y en el respeto a los derechos humanos, incluso (y especialmente) dentro de las fuerzas de seguridad.
¡Quién quiera oír que oiga!
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública. Especialista en seguridad y derechos laborales de los trabajadores policiales y penitenciarios.
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