La reciente confirmación oficial de que en la provincia de Santa Fe se registran más suicidios que homicidios dolosos y siniestros viales no solo expone una realidad alarmante. Expone algo aún más grave: el ocultamiento deliberado de información pública.
Por Alberto Rubén Martínez (*)
No fue una demora, fue una decisión
Durante más de un año, desde este medio —y en el marco de un trabajo con rigor científico— se solicitaron datos oficiales sobre suicidios en la provincia.
Las malas decisiones políticas llevan a precipitar los suicidios de policías
La respuesta fue siempre la misma: negativa, silencio o evasivas.
Hoy, con la publicación del informe del Ministerio Público de la Acusación (MPA), queda en evidencia que no se trató de una falla administrativa.
Fue una decisión política.
Una decisión de negar información clave en una problemática de enorme sensibilidad social.
Los datos que nunca quisieron mostrar
La propia fiscal general Cecilia Vranicich confirmó en la Legislatura que en 2025 se registraron 448 suicidios en la provincia.
Una cifra que no solo impacta por sí misma, sino por lo que representa:
- el 46% de las muertes violentas
- por encima del 31% de siniestros viales
- y del 21% de homicidios dolosos
Es decir, el suicidio es hoy la principal causa de muerte violenta en Santa Fe.
Y estos datos ya existían.
El reconocimiento del ocultamiento
Más grave aún, la fiscal general admitió que esa información no se difundió previamente.
“No queríamos dar esta información para evitar el efecto contagio”, explicó.
Más allá de la intención declarada, el resultado es claro: la sociedad fue privada de conocer una realidad crítica y durante ese tiempo, se negó sistemáticamente el acceso a esos datos.
Gobernar a espaldas de la comunidad
Lo ocurrido no es un hecho aislado. Es una muestra más de una forma de ejercer el poder que resulta profundamente preocupante: gobernar a espaldas de la comunidad.
Porque cuando se oculta información, no solo se limita el acceso a los datos; se condiciona la posibilidad de comprender la realidad, de debatirla y de intervenir sobre ella.
Un golpe a la investigación científica
La gravedad del hecho trasciende lo periodístico.
Negar datos oficiales en una temática de esta magnitud implica:
- obstaculizar la investigación
- impedir diagnósticos serios
- distorsionar el análisis
- y bloquear la generación de conocimiento
No se trata solo de números, se trata de impedir entender qué está pasando.
Transparencia selectiva
El derecho a saber: cuando el Estado calla, la ciudadanía tiene que hablar
El Estado no puede decidir cuándo la información es pública y cuándo no.
La transparencia no es optativa. Es una obligación.
Cuando se retienen datos de esta naturaleza, se rompe el vínculo de confianza con la sociedad y se debilitan los principios básicos de una gestión democrática.
Silencios que también son responsabilidad
En este escenario, también debe señalarse el rol de organismos que debieron actuar y no lo hicieron.
La falta de intervención efectiva de la Defensoría del Pueblo frente a esta negativa sistemática no puede quedar al margen del análisis.
El silencio, en estos casos, también es una forma de responsabilidad.
Sin datos no hay política pública
El informe del MPA llega tarde. Confirma lo que ya se sospechaba y deja al descubierto un problema más profundo: una forma de gestionar la información incompatible con cualquier estándar serio de gobierno.
Porque sin datos no hay diagnóstico y sin diagnóstico, no hay solución.
La pregunta que el poder no responde
- ¿Por qué se ocultaron estos datos?
- ¿A quién beneficiaba el silencio?
- ¿Y quién asume hoy la responsabilidad por haber gobernado, en este tema, de espaldas a la comunidad?
- ¿Quién se hace cargo de la decisión de ocultar y que el problema crezca?
La información ya está disponible.
Lo que falta ahora no son cifras. Es responsabilidad.
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«Quien quiera oír que oiga»
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV) y «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI).
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