Razzias “10 bis”: además de violar derechos, no funcionan
Ruidosas, ilegales e ineficaces: las razzias 10 bis muestran un hit rate ínfimo. Proponemos investigación criminal previa, protocolos de parada y KPIs públicos que la Provincia se resiste a publicar.
Por Alberto Martínez (*)
En Santa Fe nos acostumbraron a una postal: filas de pibes contra la pared, patrulleros, linternas, DNI en mano. Le ponen el nombre elegante de “demoras preventivas” del artículo 10 bis. En criollo: razzias. Se nos dice que son “para cuidar a la gente”. Pero los números —los pocos que dejan ver— cuentan otra historia.
Primero, lo obvio pero necesario: los derechos. La Justicia santafesina ya ha ordenado límites a las detenciones por “averiguación de antecedentes” y, en Rosario, un juez prohibió detener por no llevar DNI, en línea con la defensa pública y los estándares constitucionales. La propia prensa provincial reseñó criterios de fundamentación estricta para cualquier “demora”. No, no todo vale en nombre del orden.
Segundo, la eficacia. ¿Sirven las razzias? No. Según registros difundidos en ámbitos policiales y replicados en nuestras plataformas, el “hit rate” es pavorosamente bajo: de cada 4.000 detenciones, solo 1 tenía pedido de captura. Es decir, 0,025% de acierto. Con ese rendimiento, lo que se multiplica no son capturas, sino tiempo perdido, conflictos y desconfianza.
Mientras tanto, la modernización tecnológica (cámaras + 911 + analítica) muestra alguna efectividad operativa —“1 a 2 detenciones por semana” gracias al Centro de Monitoreo— pero sin pruebas públicas de impacto en el delito (menos robos, más esclarecimientos) ni en tiempos de respuesta. Tecnología sin métricas es maquillaje caro.
Entonces, ¿por qué insistir con un método discutido por la Justicia y ineficaz en resultados? Porque es visible, “muestra movimiento” y pone a la Policía a cazar a la vista. Pero lo visible no es sinónimo de lo útil. Y cuando se normaliza detener a miles para dar con uno, la democracia empieza a parecerse demasiado a lo que dice combatir.
Imágen: Un de las «razzias» ordenadas por Pullaro y Cococcioni.
Qué hacer ya (sin épica vacía)
Abandonar las razzias como política: no pasan el test de proporcionalidad (altísimo costo social con bajísimo resultado).
Inteligencia criminal previa: objetivos, órdenes, análisis de redes y unidades de captura; menos “barridos”, más casos investigados seriamente.
Protocolos de parada y registro: criterios de sospecha fundada, control interno/externo y sanción por desvíos.
Transparencia: publicar estadísticas mensuales con indicadores mínimos (ver recuadro).
Las calles se ordenan con inteligencia y legalidad, no con una tómbola de detenciones. Si cuidar a quienes cuidan es serio, también lo es cuidar a quienes son cuidados.
Recuadro técnico: lo que sabemos (¿y lo que falta?)
1) Métrica de razzias (10 bis)
Acierto declarado: 1 cada 4.000 detenciones con captura vigente (0,025%). Fuente: cobertura y columna crítica sobre operativos 10 bis. Limitaciones: no hay serie oficial abierta, universo/periodización no publicados. Urge auditoría independiente.
2) Métrica de videovigilancia + 911
Detenciones atribuidas a cámaras: 1–2 por semana con ~500–600 cámaras activas. Rendimiento grueso: 52–104 detenciones/año → 0,09–0,21 detenciones por cámara/año (estimación). Faltan:
Impacto en delitos (pre/post en zonas con vs. sin cámaras).
Tasa de esclarecimiento con/ sin video.
Tiempos 911 (alerta→arribo).
% de causas con video útil.
3) Marco legal/judicial reciente (margen operativo real)
Fallos y coberturas locales establecen que no se puede detener por no portar DNI y exigen fundamentación concreta para demoras; a la vez, hubo rechazos de hábeas corpus que el gobierno provincial usa para validar los controles. Resultado: escenario gris, con espacio operativo pero límites claros.
4) Por qué decimos que trabajamos con “datos insuficientes”
Hay falta de transparencia. Nuestras solicitudes de acceso a la información sobre estadísticas de controles 10 bis no han sido respondidas, violando la ley y contrariando los estándares de publicidad activa y pasiva. Lo consignamos porque condiciona la evaluación y es responsabilidad estatal revertirlo.
5) KPIs que el Estado debe publicar mensualmente
Controles 10 bis: (i) personas demoradas; (ii) con pedido de captura; (iii) imputaciones efectivas; (iv) hallazgos de armas/drogas por 1.000 controles; (v) quejas/lesiones; (vi) distribución por barrio/hora.
Videovigilancia: (i) incidentes detectados; (ii) despachos; (iii) tiempo de arribo; (iv) detenciones por cámaras; (v) causas con video útil; (vi) variación de delitos en zonas monitoreadas vs. control.
Resultados judiciales: % archivos/sobreseimientos/condenas vinculados a controles 10 bis.
6) Conclusión técnica
Con la evidencia abierta hoy, las razzias son ineficientes (hit rate marginal) y arriesgan violaciones a derechos. La videovigilancia muestra potencial, pero falta medir impacto. La estrategia razonable: migrar a inteligencia criminal previa + protocolos de parada estrictos + transparencia de datos.
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¡Quien quiera oir que oiga!
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública. Especialista en seguridad y derechos laborales de los trabajadores policiales y penitenciarios.
