En Santa Fe, el gobierno de Pullaro y Cococcioni impone cupos de detenciones masivas que terminan en una cacería de inocentes: de cada 4.000 personas privadas de su libertad, apenas una tenía pedido de captura. Un sistema ineficaz, represivo y violatorio de los derechos humanos que convierte a la policía en fusible político y a los sectores populares en blanco permanente de la sospecha.
Por Alberto Rubén Martínez
Bajo la orden política del gobernador Maximiliano Pullaro y su ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, se imponen cupos de detenciones masivas disfrazados de “controles preventivos”. En realidad, se trata de razzias encubiertas que criminalizan a los sectores populares y convierten a la policía en brazo operativo de un modelo punitivo.
Un dato demoledor
Lo que en su momento denunciamos como hipótesis ahora está confirmado: según el profesor Esteban Soso (Observatorio de Seguridad – UNL), de miles de personas detenidas bajo el 10 bis, solo una resultó tener pedido de captura vigente. Dicho de otro modo: cada 4.000 detenidos, uno solo estaba realmente requerido por la justicia. Si bien la nota no especifica fechas de los datos aportados lo tomamos como referencia irrefutable.
Este dato desnuda la verdadera cara del modelo: no es prevención, es represión. Se castiga anticipadamente a miles de ciudadanos inocentes para alimentar una estadística vacía que el gobierno presenta como “eficacia”.
Exponen a la policía como fusible
La imposición de cupos no solo vulnera a la ciudadanía: también expone al personal policial.
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Los obliga a realizar detenciones sin causa, dejándolos al borde de denuncias y procesos judiciales.
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Los convierte en responsables individuales de violaciones a los derechos humanos, mientras los verdaderos autores políticos quedan impunes.
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Los usa como fusibles descartables, sacrificables en caso de escándalo.
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Les arrebata la función esencial de prevenir y perseguir delitos reales.
Así, la policía es reducida a una fuerza de ocupación interna, desplegada sobre barrios pobres como si fueran territorios enemigos.
Silencio y complicidad institucional
Cuando pedimos información oficial sobre esta práctica, amparados en el artículo 10 bis de la Ley 12.734, el gobierno no respondió, violando la ley de acceso a la información. La Defensoría del Pueblo también nos dio la espalda. Y el Poder Judicial, con su silencio y con resoluciones que habilitan estas detenciones arbitrarias, se convierte en aval institucional del atropello.
Expedientes que desmienten el relato
Presentamos formalmente tres pedidos de acceso a la información pública, con el respaldo de la Ley Provincial N.º 14.256 y la Ley Nacional N.º 27.275. Todos fueron legales, fundados y dentro de los plazos estipulados. Hoy están vencidos y en silencio administrativo.
- Expte. N.º 00101-0331823-0
Tema: Detenidos bajo régimen del artículo 10 bis de la Ley 7395
Ingresado: 14/03/2025 – sin respuesta
Dependencia: D-2 Policía Provincial
Transparencia a lo Pullaro: cuando el discurso choca con la realidad
El derecho a saber: cuando el Estado calla, la ciudadanía tiene que hablar
De las razzias de ayer a las de hoy
Estas prácticas no son nuevas. Son herederas de las razzias de la dictadura cívico-militar (1976–1983) y de la doctrina del “enemigo interno”. Hoy vuelven bajo el ropaje de la “prevención”, pero con la misma lógica: detener masivamente, castigar sin delito, sembrar miedo.
Hablar cuando el Estado calla
El derecho a saber no es una concesión: es un derecho humano. Cuando el Estado calla, la ciudadanía y los trabajadores deben hablar. Y lo hacemos con claridad:
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Cada 4.000 detenidos, solo uno con captura.
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Esto no es prevención: es represión selectiva.
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No es seguridad: es criminalización de la pobreza.
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No es democracia: es la sospecha permanente convertida en política de Estado.
La sociedad debe decidir si tolera este engaño represivo o si exige un modelo basado en la confianza soberana, donde la policía defienda al pueblo y no las estadísticas del poder.
En Santa Fe no se construye un modelo preventivo de seguridad: se aplica un modelo represivo que viola sistemáticamente los derechos humanos. El gobierno de Maximiliano Pullaro y su ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, imponen a los trabajadores policiales la exigencia de cumplir cupos de detenciones masivas, disfrazadas de “controles de DNI” o “operativos preventivos”. En realidad, son razzias encubiertas que criminalizan la pobreza y exponen a la fuerza policial a riesgos jurídicos y humanos que nadie asume.
Represión bajo la Doctrina de la Sospecha Permanente
Estos operativos no previenen delitos: instalan una lógica de criminalización por sospecha. La policía se convierte en fuerza de ocupación interna, desplegada contra los sectores más vulnerables de la sociedad. Se detiene por portación de rostro, por ser joven, por no llevar DNI. El ciudadano deja de ser sujeto de derechos para transformarse en sospechoso permanente.
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¡Quien quiera oir que oiga!
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública. Especialista en seguridad y derechos laborales de los trabajadores policiales y penitenciarios.
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