
Personal de la Brigada de Orden Urbano (BOU) cuestionó ante APROPOL la distribución de los Servicios de Policía Adicional (SPA) y las Horas Extras (OSESP), y denunció presuntos privilegios en la asignación de determinadas coberturas.

Los reclamos incluyen restricciones para acceder a servicios remunerados, amenazas de sanciones y sospechas sobre diferencias entre quienes efectivamente cumplen las tareas y quienes figurarían en las planillas. La situación contrasta con una comunicación interna que anuncia un sistema de asignación voluntaria, ordenada y equitativa.
Un comunicado que promete igualdad de oportunidades
Una nueva denuncia recibida por APROPOL pone bajo observación los criterios de asignación de servicios remunerados en la Brigada de Orden Urbano de Rosario, donde integrantes de la dependencia cuestionan decisiones relacionadas con la distribución de adicionales y horas extras.
El reclamo surge después de la difusión de una comunicación interna que establece que, a partir de la segunda quincena de noviembre, los Servicios de Policía Adicional (SPA) y las Horas Extras (OSESP) serán ofrecidos mediante los grupos de comunicación existentes en la Brigada.
Según el texto, se solicitarán voluntarios y posteriormente se designará al personal siguiendo un orden que tendrá en cuenta la cantidad de servicios previamente otorgados y la responsabilidad demostrada en su cumplimiento.
La comunicación expresa que el objetivo es garantizar una distribución equitativa entre el personal interno y los distintos tercios operativos, de manera que todos cuenten con las mismas posibilidades de acceder a estas prestaciones.
En principio, la implementación de un mecanismo transparente y ordenado podría contribuir a evitar discrecionalidades y garantizar una distribución razonable de las oportunidades de obtener ingresos adicionales.
Sin embargo, los testimonios recibidos por nuestra organización cuestionan que esos principios se respeten efectivamente.
Los testimonios señalan a una funcionaria de la Brigada
En las comunicaciones recibidas por APROPOL, integrantes de la Brigada de Orden Urbano identificaron a una funcionaria de iniciales R. O., a quien atribuyen presuntas irregularidades en la distribución de servicios remunerados. Entre los reclamos, señalaron: «Te amenaza con sanciones», «no te quiere dar servicios de adicional» y «le pedís servicios y te dice solo dos servicios». La acusación más delicada está relacionada con determinadas coberturas en el sector del Hipódromo, donde, según uno de los testimonios, la funcionaria «manda a los pibes nuevos del BOU y se anota las horas ella». Estas afirmaciones constituyen denuncias que todavía requieren comprobación documental y no permiten concluir que se hayan cobrado servicios sin prestarlos. Por ello, corresponde verificar las designaciones, las planillas de asistencia y las liquidaciones correspondientes, garantizando tanto la investigación de los hechos como el derecho de defensa de la persona señalada.
Reclamos por restricciones y presuntos privilegios
Según la información aportada, existiría malestar por la forma en que se asignan determinados servicios y por las decisiones de quienes intervienen en su organización.
Uno de los cuestionamientos se relaciona con la presunta limitación de los servicios disponibles para algunos trabajadores, que aseguran recibir respuestas indicando que solamente pueden acceder a dos asignaciones, mientras otros integrantes obtendrían mayores posibilidades.
También se denuncian amenazas de sanciones y diferencias de trato que, de comprobarse, resultarían incompatibles con un procedimiento basado en criterios objetivos y conocidos por todo el personal.
La cantidad de servicios previamente realizados puede constituir un criterio razonable de distribución, siempre que se aplique de manera uniforme, exista un registro verificable y no se utilice para favorecer o perjudicar arbitrariamente a determinados integrantes de la dependencia.
Por eso, corresponde establecer si el límite mencionado forma parte de una disposición formal, si es aplicable a todo el personal y qué procedimiento existe para resolver los reclamos relacionados con la asignación de servicios.
Una denuncia que exige revisar las planillas y las liquidaciones
El aspecto más delicado de la información recibida está relacionado con determinadas coberturas realizadas en instalaciones utilizadas para actividades de educación física, en el sector del Hipódromo de Rosario.
Según los testimonios, personal de reciente incorporación sería destinado a cumplir algunos de esos servicios, mientras existirían dudas acerca de la correspondencia entre quienes efectivamente trabajan y quienes aparecen registrados para su percepción económica.
Se trata de una acusación que requiere una verificación documental específica y que, hasta el momento, no puede considerarse acreditada.
Para determinar si existe alguna irregularidad resulta indispensable contrastar las órdenes de servicio, las planillas de asistencia, las notificaciones de asignación y las liquidaciones efectivamente abonadas.
Si los registros coinciden con las prestaciones realizadas, la situación podrá ser aclarada. Si surgieran diferencias injustificadas, corresponderá establecer su origen y determinar las responsabilidades administrativas que pudieran existir.
La transparencia en la administración de estos servicios es esencial porque involucra recursos económicos, obligaciones laborales y la confianza del personal en los mecanismos de asignación.
La distribución de los adicionales no puede convertirse en un instrumento de presión
Los Servicios de Policía Adicional y las Horas Extras constituyen modalidades diferenciadas de prestación remunerada, sujetas a las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.
La posibilidad de acceder a ellos debe administrarse conforme a sus respectivos regímenes, las necesidades del servicio y los criterios establecidos por las autoridades competentes.
Cuando se anuncian mecanismos de distribución equitativa, resulta necesario que las decisiones efectivas puedan ser examinadas y justificadas mediante registros claros.
En ese contexto, las denuncias sobre amenazas de sanciones o tratamientos diferenciados merecen atención, especialmente cuando podrían generar temor a cuestionar las asignaciones.
Ningún trabajador debería ser perjudicado por solicitar información sobre los criterios de distribución o por denunciar de buena fe una posible irregularidad.
La conducción jerárquica tiene facultades para organizar los servicios, pero también debe garantizar que esas decisiones respondan a razones legítimas y no se conviertan en instrumentos de favoritismo o disciplinamiento informal.
APROPOL reclama transparencia y garantías para el personal
Frente a las situaciones denunciadas, corresponde que las autoridades responsables de la Brigada de Orden Urbano y de la organización de los servicios extraordinarios aclaren cuáles son los criterios vigentes de asignación y cómo se controla su cumplimiento.
También resulta necesario verificar las planillas correspondientes a los servicios cuestionados, determinar si existe concordancia entre el personal designado, quienes efectivamente cumplieron las tareas y las remuneraciones liquidadas, y garantizar que los trabajadores puedan presentar reclamos sin temor a represalias.
La comunicación interna difundida por la dependencia establece un objetivo que merece ser respetado: garantizar las mismas posibilidades para todo el personal.
Pero la equidad no se demuestra solamente mediante un comunicado. Debe poder comprobarse en las designaciones, las planillas de servicio y las liquidaciones.
Desde APROPOL sostenemos que las oportunidades de acceder a prestaciones remuneradas no deben depender de relaciones personales, preferencias jerárquicas ni decisiones discrecionales ajenas a los criterios reglamentarios.
Tampoco corresponde anticipar responsabilidades individuales sin una investigación que permita comprobar los hechos.
La respuesta institucional adecuada consiste en garantizar transparencia, documentación verificable y mecanismos de control que protejan tanto los derechos del personal como la correcta administración de los recursos.
Porque cuando se promete igualdad de oportunidades, la primera obligación de la conducción es demostrar que las reglas se aplican por igual a todos.
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