Efectivos destinados en el departamento Belgrano aseguran que continúan sin respuesta los reclamos por traslados, regímenes horarios y condiciones laborales. A las quejas ya difundidas se suman ahora denuncias sobre servicios adicionales, utilización particular de móviles policiales, cargas de combustible y presuntos privilegios dentro de distintas dependencias.
El malestar entre integrantes de la Unidad Regional III, departamento Belgrano, lejos de disminuir, continúa acumulando reclamos y nuevas denuncias. Tras las publicaciones anteriores sobre horarios de servicio, favoritismos y desigualdades internas, efectivos de distintas dependencias volvieron a comunicarse con este medio para describir una situación que, según sostienen, lleva años sin una respuesta de fondo.
Uno de los reclamos más extendidos está relacionado con el rechazo reiterado de pedidos de pases interdivisionales y cambios de destino. Policías que actualmente prestan servicio en localidades del departamento Belgrano aseguran haber solicitado en varias oportunidades ser trasladados hacia sus lugares de residencia o a dependencias más cercanas.
Los pedidos, según explicaron, fueron fundamentados en razones familiares, económicas y de salud. Entre las situaciones mencionadas aparecen agentes con hijos menores a cargo, hijos con problemas de salud, familiares que necesitan asistencia permanente y hogares que quedaron separados por distancias difíciles de sostener.
Algunos efectivos aseguran encontrarse destinados a más de 600 kilómetros de sus domicilios habituales. Residen en ciudades y localidades como Las Toscas, Reconquista, Avellaneda, Romang, Vera, San Javier, Helvecia y Santa Fe, pero deben trasladarse hasta el departamento Belgrano para cumplir con sus servicios.
Uno de los testimonios recibidos señala que el agente lleva cinco años solicitando el pase hacia su jurisdicción de residencia, sin obtener una respuesta favorable. Según manifestó, incluso recurrió a asesoramiento legal, aunque su situación continúa sin resolverse.
Los policías afirman que presentaron documentación, certificados y antecedentes suficientes para justificar sus pedidos. Sin embargo, aseguran que las solicitudes fueron rechazadas o quedaron paralizadas sin una explicación clara sobre los criterios utilizados para resolverlas.
El reclamo por los horarios
El régimen de trabajo es otro de los puntos que genera mayor tensión. El personal reclama la modificación del actual esquema de 24 horas de servicio por 48 de descanso, conocido como 1×2, y solicita volver a modalidades anteriormente aplicadas, como el 1×3 o el 2×6 para quienes viven fuera del departamento.
Los agentes sostienen que un sistema aparentemente favorable en cantidad de días libres deja de serlo cuando deben invertir varias horas y una parte considerable de sus ingresos en trasladarse entre su domicilio y el lugar de trabajo.
A los gastos de combustible, transporte y alimentación se suma el desgaste físico y emocional de recorrer cientos de kilómetros antes y después de una guardia prolongada. Para los denunciantes, la negativa a contemplar estas situaciones termina afectando la convivencia familiar, la salud del trabajador y su capacidad para cumplir adecuadamente con el servicio.
El reclamo no se limita a una mejora horaria. Los efectivos piden que se analicen las circunstancias particulares de quienes tienen hijos, familiares enfermos o responsabilidades de cuidado, y que las necesidades operativas no sean utilizadas como una respuesta automática para rechazar cualquier solicitud.
Personal de calle y personal de oficina
Otro de los ejes recurrentes es la percepción de una profunda desigualdad entre quienes trabajan en la calle y aquellos que cumplen funciones administrativas o mantienen cercanía con las jefaturas.
Según los testimonios, mientras una parte del personal debe cubrir servicios ordinarios, adicionales y reemplazos derivados de licencias médicas, otros agentes accederían a horarios más favorables, mejores destinos o menor exposición operativa.
Los policías hablan de favoritismos en la distribución de tareas, en el otorgamiento de permisos, en la asignación de servicios adicionales y en el uso de vehículos. También señalan que algunos superiores responderían con sanciones, traslados o recarga de tareas ante los cuestionamientos internos.
Esta situación, sostienen, deterioró el clima laboral y provocó un crecimiento de las licencias médicas. Los que permanecen en actividad deben cubrir las ausencias, lo que aumenta la presión sobre un plantel que ya considera insuficiente.
“No tenemos derecho a enfermarnos porque nos descuentan todo”, resumió uno de los mensajes recibidos, reflejando el sentimiento de un sector que considera que las condiciones actuales están llevando al personal al agotamiento.
«…En esta unidad regional hay muchas personas de carpeta por las situaciones personales que tienen con los jefes y los que seguimos trabajando nos tenemos que amoldar por qué no tenemos derecho a sacar carpeta por qué nos descuentan todo. Ni derecho a enfermarse…»
Servicios adicionales bajo sospecha
Las nuevas presentaciones también ponen el foco sobre la administración de los servicios de policía adicional, conocidos como SPA.
Los denunciantes sostienen que existirían funcionarios que realizan una cantidad elevada de adicionales durante el mes, incluso en jornadas que podrían coincidir con turnos ordinarios, responsabilidades de conducción u otras obligaciones funcionales.
«..En la comisaria de Bouquet una oficial que en el pasado fue denunciada y escrachada (Fue emitido por publicación en apropol) por los servicios adicionales que se robaba, está mujer tiene problemas con todo el personal que tiene, siendo difícil la convivencia con ella, de a poco fue sancionando a los que no quiere para arruinarles la carrera y que no puedan ascender. Está mujer hacia ir a buscar a su pareja que es de las rosas, el llamado Rodríguez, quien en varias ocasiones manejaba el móvil oficial de esa dependencia, ( NO es empleado policial, sino civil) Pero los jefes lo saben y no le dicen nada, tiene relación con el jefe…»
En uno de los casos se afirma que un jefe podría percibir más de un millón de pesos mensuales por servicios adicionales, aunque —siempre de acuerdo con la denuncia— en las planillas aparecerían montos inferiores.
«…Por mes saca más de un 1 millón de pesos en servicios de SPA Pero le hacen figurar menos plata por qué la Sub comisario P. encargada de los adicionales tiene amistad y van para y par con este tema, así fue con la agro activa que paso….»
Este medio recibió planillas que serán analizadas para determinar fechas, horarios, lugares de prestación, cantidad de servicios y posibles superposiciones. La documentación deberá ser contrastada con los registros oficiales de la Unidad Regional III, las órdenes de servicio y los comprobantes de pago.
«…En operaciones se la pasan haciendo adicionales toda la semana pero nunca se los ven trabajar o más bien de licencia…»
El personal también reclama que se investigue el papel de quienes administran y autorizan los adicionales, debido a que existirían relaciones de amistad, acuerdos informales y criterios diferentes según el funcionario beneficiado.
No se cuestiona el derecho del personal a realizar servicios adicionales, sino la posible existencia de privilegios, incompatibilidades horarias o mecanismos destinados a ocultar la verdadera cantidad de prestaciones efectuadas.
Móviles policiales en domicilios particulares
Entre los señalamientos más concretos aparece el supuesto uso de vehículos oficiales para actividades particulares.
Los denunciantes mencionan diferentes móviles que, según afirman, habrían sido utilizados para trasladar parejas, realizar viajes personales o permanecer en domicilios particulares sin una comisión de servicio que lo justificara.
«…Los jefes del comando empezando por Pablo O. es un sinvergüenza que cuando estabamos tanto a la mañana como a la noche caía queriendose comer nuestra comida, sabiendo el que cobra mucha más plata que nosotros y teniendo su casa en la ciudad de las parejas donde vivir y trabaja, vivía dentro de la base jodiendo al personal y al Sub jefe en turno….» y agrega: «… Nos mezquina los vehículos nuevos que son para patrullar, paso en un primera instancia con la unidad móvil.N° 12127 y ahora con la Montana N° 13002 ( Que con ese móvil lo usa para buscar a su novia y se la lleva al campo), tenemos prohibido usar ese móvil por qué es de el…»
Las presentaciones identifican, entre otros, vehículos asignados a dependencias de Las Parejas y Tortugas. También se recibieron fotografías de móviles estacionados frente a viviendas particulares, material que deberá ser verificado en cuanto a fecha, lugar, dominio y unidad de asignación.
Los agentes sostienen que algunos de esos vehículos son restringidos para el patrullaje habitual, pese a tratarse de unidades nuevas destinadas a reforzar el servicio preventivo. Al mismo tiempo, denuncian que quedarían a disposición casi exclusiva de determinados jefes.
«…Así mismo también nos mezquinaba un colchón que nos regaló una persona de la ciudad y nos dio en ese entonces uno todo roto, nos peleaba por un colchón. También por una computadora mangueada, que dijo que el día que el se vaya se lleva todo lo que consiguió. Con los pocos recursos que tenemos usamos la de la comisaría 2da de ese pueblo por qué el se cree dueño de todo. Aparte de las cuestiones que está de turno y realiza adicionales, Horas extras, carga combustible en su auto particular y le da combustible a una policía de la misma repartición que vive en tortugas….»
La situación genera especial malestar porque varias dependencias trabajan con recursos limitados, móviles deteriorados o vehículos compartidos. En ese contexto, la eventual utilización particular de una unidad oficial no sería una falta menor, sino una conducta que podría afectar directamente la capacidad operativa.
Cargas de combustible cuestionadas
Otro punto que deberá investigarse es el manejo del combustible oficial.
«…Desde división logística una oficial le proporciono el código pin de la aplicación de carga de combustible con el usuario y pin de un compañero y le realizaron cargas de combustible un día que el no estaba, está mujer le brindo el pin al Sub comisarío O. P. y el realiza dos cargas de combustible en la estación de servicio de las parejas. Coincidencia que se perdieron los ticket después de un mes y medio cuando se descubrió este tema las cámaras de vigilancia ya no almacenaban datos y faltaban los comprobantes de carga. En mención fue cuando le cargó combustible a una camioneta Renault de una subordinada que tiene, la misma trabaja en el CRE de las parejas y vive en la ciudad de tortugas.
Quiero que traten de darle curso a esto que le comento y puedan hacer que cambias las cosas en esta unidad…»
Una de las denuncias afirma que desde el área de Logística se habría entregado a un superior el código personal de un agente para efectuar cargas mediante la aplicación utilizada por la fuerza.
Según la presentación, se habrían registrado cargas en una estación de servicio de Las Parejas durante un día en que el titular del usuario no se encontraba presente. También se asegura que, cuando la situación fue advertida semanas después, no pudieron localizarse los comprobantes y las cámaras de seguridad ya no conservaban las grabaciones.
Los denunciantes vinculan este episodio con una supuesta carga de combustible en un vehículo particular perteneciente a una integrante de la repartición.
Se trata de una acusación que puede ser comprobada mediante el cruce de datos de la aplicación, identificación del usuario, horario de carga, estación de servicio, cantidad de combustible, vehículo declarado y registros de posicionamiento o comisión.
También se solicita revisar otras cargas realizadas fuera de la jurisdicción habitual, especialmente aquellas registradas en Coronda y Santa Fe y posteriormente justificadas como comisiones de servicio.
Acusaciones contra distintas jefaturas
El material recibido contiene cuestionamientos dirigidos a jefes de comandos, comisarías, divisiones y áreas operativas de la Unidad Regional III.
Las denuncias mencionan presunto maltrato al personal, sanciones arbitrarias, utilización de los cambios de destino como castigo, ausencias reiteradas de los lugares de trabajo y conducción a distancia mediante llamados o mensajes.
También se acusa a algunos funcionarios de desarrollar servicios adicionales mientras se encontrarían cumpliendo funciones de conducción, de utilizar recursos obtenidos para las dependencias como si fueran propios y de favorecer a determinadas personas en la distribución de tareas.
Otras afirmaciones son de mayor gravedad e incluyen supuestos cobros a detenidos, filtraciones de procedimientos, protección interna y vínculos con personas investigadas. Por tratarse de acusaciones que podrían constituir delitos, requieren documentación específica, testimonios independientes y la intervención de los organismos judiciales o administrativos correspondientes.
«…En la alcaldía les sigue cobrando hospedaje a los presos, Pero cuando estaba su novia la llamada no la hacía trabajar nunca, hasta que descubrieron que su novia/o no iba, cobrando por viáticos por viajes o traslados que hacían o no…»
«…En la comisaría de las rosas UNA OFICIAL sigue arreglando con los tranzas del pueblo más conocido como el Kini Landa familiar directo que tiene, vende los allanamientos, cobra por los mismos y es dable mencionar que su pareja Griesser cayó en un allanamiento que le hizo gendarmería y en su casa habían encontrado droga y a ella no le hicieron nada, siendo defendida por el jefes, por qué anda con los jefes. Toda la unidad regional cambio de destino Pero ella jamás SALIO de ese destino al contrario los fue sacando a todos siendo de menor jerarquía…»
Este medio mantendrá la reserva sobre la identidad de los denunciantes debido al temor manifestado a posibles represalias. Sin embargo, la protección de las fuentes no exime de la necesidad de verificar cada afirmación antes de presentarla como un hecho comprobado.
«…El jefe de LAS COMISARIAS nunca trabaja y cuando aparece quiere verduguear a todos creyendo que es el mejor policía y si no sos de su agrado te saca de tu destino y te manda lejos para hacerte viajar…»
«…El jefe del CRE es un inoperante que por su cargo no está nunca acompañando a su personal, dejándolos a la buena de dios, solamente se la pasa haciéndo adicionales o en su casa durmiendo cuando está de turno, también está agarrado con el jefe de cuerpo que fue noticia en la UR I la capital por secuestrar a un compañero a punta de pistola y desviar dinero de servicios de SPA, también la Sub jefe da las ordenes desde su casa y nunca está, la vez que lo hace presiona y sanciona al personal llevándolos al punto de sacar carpetas médicas…»
Un problema que no comenzó ahora
Las nuevas denuncias se suman a reclamos anteriormente publicados sobre la situación interna de la Unidad Regional III.
En esas presentaciones ya se advertía sobre horarios considerados desfavorables, trato desigual, concentración de beneficios, personal obligado a viajar grandes distancias y una conducción señalada por responder con sanciones antes que con soluciones.
La reiteración de los reclamos muestra que el conflicto no fue superado. Por el contrario, la falta de respuestas parece haber profundizado el malestar y alentado a nuevos agentes a aportar testimonios, planillas y registros fotográficos.
La cuestión ya no puede ser reducida a diferencias personales entre subordinados y superiores. La cantidad de hechos denunciados plantea la necesidad de una revisión institucional que determine qué parte de los reclamos corresponde a problemas de organización, qué situaciones constituyen faltas administrativas y cuáles podrían tener relevancia penal.
Pedido de auditoría y garantías
Los policías reclaman una auditoría integral sobre la Unidad Regional III que incluya la revisión de los pedidos de pase, el régimen horario, los servicios adicionales, las cargas de combustible, el uso de los móviles, las licencias médicas y los sumarios iniciados contra el personal.
También solicitan que se habilite un canal confiable y reservado para que los agentes puedan declarar sin quedar expuestos ante las mismas autoridades que son cuestionadas.
Una investigación seria debería preservar las pruebas, solicitar las planillas originales, verificar los registros digitales antes de que sean eliminados, identificar los recorridos de los móviles y establecer si los adicionales fueron efectivamente prestados.
Las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar el servicio de seguridad, pero también de proteger al personal que lo sostiene. Ignorar durante años pedidos familiares, permitir privilegios o responder a los reclamos mediante represalias no fortalece la disciplina: debilita la institución.
APROPOL pone a disposición de las autoridades competentes la documentación recibida y ofrece el correspondiente derecho a réplica a todas las personas mencionadas o involucradas en las denuncias.
La referencia final a la puesta a disposición de las pruebas es importante: refuerza que existen planillas y fotografías, pero evita afirmar que por sí solas ya demuestran todas las acusaciones.
AMPLIAREMOS
(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.
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