
Una nueva audiencia se realizó en los Tribunales de Reconquista en el marco de la causa que investiga una presunta filtración de información vinculada con allanamientos por microtráfico realizados en Avellaneda durante mayo, procedimientos que no arrojaron resultados positivos.

Durante unas tres horas, el fiscal Sebastián Galleano reimputó a los policías de la PDI Estefanía Evelyn Oviedo y Ariel Fernando Sena, y a Ayelén Sabrina Leiva. La Fiscalía sostuvo que el análisis de nueva evidencia, en especial extracciones de teléfonos celulares, permitió precisar la participación que atribuye a cada una de las personas investigadas.
Según la hipótesis fiscal, habrían existido conversaciones orientadas a confeccionar capturas de pantalla adulteradas para atribuir la filtración a otros integrantes de la Policía de Investigaciones. La maniobra, siempre de acuerdo con la acusación, consistía en modificar el nombre del supuesto emisor de mensajes para involucrar falsamente a terceros y desviar el curso de la pesquisa.
Galleano señaló que Leiva habría confeccionado esas imágenes y se las habría enviado a Oviedo, quien luego las remitía a Sena. La Fiscalía también le atribuyó a Leiva dos hechos de amenazas coactivas contra personas vinculadas a la investigación, con el presunto objetivo de que brindaran una versión distinta a la ya incorporada al legajo.
Para Oviedo y Sena, la acusación comprende los delitos de encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos, revelación de secretos oficiales e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Leiva, quien no reviste condición de funcionaria pública, fue imputada por encubrimiento y por los nuevos hechos de amenazas coactivas investigados.
Durante la audiencia declaró Ariel Fernando Sena. Tras conversar con su abogado defensor, decidió prestar declaración, aunque posteriormente optó por no responder las preguntas de la Fiscalía. El fiscal aclaró que sus manifestaciones serán analizadas junto con el resto de la evidencia objetiva reunida.
La defensa de Oviedo, ejercida por los abogados Ricardo Rubén Degumois y Ricardo Ceferino Degumois, solicitó una morigeración de la prisión preventiva. Argumentó que la escala penal en expectativa permitiría una condena condicional, destacó la colaboración de la imputada —quien aportó la clave de acceso para la pericia de su teléfono— y presentó un informe pediátrico sobre el deterioro de salud de su hija de cinco meses ante la ausencia materna.
Aunque la Fiscalía se opuso por entender que subsistía el riesgo de entorpecimiento probatorio, el juez Mauricio Martelossi resolvió conceder la prisión domiciliaria. Oviedo deberá cumplirla en un domicilio del barrio San Francisco de Asís, bajo la guarda de un hermano, con reglas de conducta y prohibición de contacto o acercamiento a personas involucradas en la causa.
La investigación continúa abierta. Restan pericias y el análisis de nuevos elementos que podrían definir el alcance definitivo de las responsabilidades penales atribuidas.
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(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.




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