EL PODER CONTRA EL ESPEJO: de Formosa a Rosario, la persecución de quien pregunta

El fallo contra periodistas en Las Lomitas, la retórica presidencial contra la prensa y el ataque político a El Eslabón por investigar contratos municipales revelan un mismo deterioro: en vez de responder por sus actos, el poder descalifica, amenaza o pretende disciplinar a quienes los hacen visibles.

En Santa Fe, esa deriva también tuvo su expresión en el proyecto de declarar a la provincia “territorio libre de discursos de odio”, promovido en el marco del oficialismo de Maximiliano Pullaro y acompañado por una propuesta de reforma del Código de Convivencia —la norma que reemplazó al viejo Código de Faltas— para crear una contravención sobre esas expresiones. Aunque la iniciativa finalmente cayó en Diputados, dejó planteado un precedente preocupante: trasladar conceptos deliberadamente amplios y disputables al terreno sancionatorio, donde la prevención del odio puede convertirse, si no existen límites estrictos, en una herramienta para vigilar la crítica, castigar la incomodidad y enfriar la palabra pública.

La condena contra cuatro integrantes del equipo de Hambre de Futuro de LN+ en Las Lomitas, Formosa, no debe leerse como una extravagancia aislada. Cinco días de arresto —sustituibles por una multa de $282.550 para cada periodista— por entrevistar y filmar sin “autorización” ni carnet habilitante es la expresión más burda de una idea que avanza bajo ropajes diversos: que informar debe requerir permiso del poder. ADEPA y FOPEA rechazaron la sentencia, dictada con apoyo en el artículo 73 del Código de Faltas formoseño, por criminalizar una tarea periodística que no está sometida a matrícula estatal.

El juez es un militante de Gildo Insfrán

Omar Padilla, el juez de menor cuantía de Las Lomitas, Formosa es un militante de Gildo Insfrán, el gobernador que lleva más de 30 años en el poder. Padilla también fue concejal y dirigente justicialista de La zona e incluso defendió públicamente a Gildo Insfrán antes de ser designado juez de Paz por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, donde nada se mueve sin la anuencia del gobernador.

“Nosotros tenemos quien nos indica el camino a tomar y que por muchos años lo ha hecho bien, y es nuestro gobernador”, afirmó el ahora juez Padilla en un acto público, cuando actuaba en la política partidaria local.

La censura no es democracia

No hay democracia sana donde el funcionario, el juez o el gobierno deciden quién está habilitado para hacer preguntas. El periodismo puede equivocarse, debe rectificar cuando corresponda y responde ulteriormente por daños concretos; pero no puede quedar sujeto a una autorización previa. La libertad de expresión no es una franquicia administrativa ni una credencial que se exhibe ante el funcionario de turno.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) lo dejó establecido hace más de cuatro décadas en la Opinión Consultiva OC-5/85: el periodismo no puede condicionarse a colegiación obligatoria ni a títulos habilitantes. La Corte IDH ratificó ese principio al declarar ilegítima toda exigencia de colegiación o títulos para ejercer la actividad periodística.

Un clima nacional de hostigamiento

El caso Formosa ocurre en un marco nacional de deterioro grave en la relación entre el Estado y la prensa. El presidente Javier Milei ha convertido la agresión verbal contra periodistas en una práctica recurrente: los llama “ensobrados”, los ubica entre los enemigos de su gobierno y ha difundido de manera reiterada la consigna “No odiamos lo suficiente a los periodistas”, incluso reducida a la sigla NOLSALP. No es una excentricidad de redes sociales ni un chiste de mal gusto: es una señal política emanada de la máxima autoridad del Estado, que habilita a sus seguidores a tratar a la prensa como adversario ilegítimo.

Cuando el Presidente instala que el periodista debe ser odiado, no está discutiendo una nota ni refutando un dato. Está degradando la función de control que cumple la prensa y preparando un clima donde el insulto, el hostigamiento y la exclusión aparecen como respuestas aceptables frente a una información incómoda. La crítica no es censura; la refutación no es persecución. Pero transformar al periodista en enemigo público es un recurso clásico para deslegitimar por anticipado toda investigación que pueda alcanzar al poder.

La paradoja es brutal: quienes invocan la libertad para justificar cualquier desregulación parecen descubrir límites severos cuando la libertad consiste en investigar sus contratos, sus decisiones o sus vínculos.

Rosario: cuando preguntar por una contratación se convierte en “campaña sucia”

Rosario acaba de ofrecer una versión local de ese mismo reflejo autoritario. El periódico cooperativo El Eslabón publicó información sobre una deuda municipal cercana a los ocho millones de pesos con Madero Media Group, empresa vinculada a Fernando Cerimedo, y recogió el pedido de informes impulsado en el Concejo para conocer por qué y para qué la administración de Pablo Javkin contrató esos servicios.

La respuesta no fue, en primer término, abrir los expedientes, entregar la documentación completa y despejar toda duda sobre el uso de fondos públicos. Según lo publicado por el propio medio y otros portales rosarinos, el oficialismo, La Libertad Avanza y el socialismo bloquearon el avance del pedido de informes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. La presidenta de esa comisión, Carolina Labayrú, sostuvo que se trataba de una pauta turística y acusó a El Eslabón de formar parte de una “operación política” y de una “campaña sucia”.

Ese procedimiento invierte de modo peligroso la carga democrática. Un medio publica información sobre una contratación estatal; concejales solicitan precisiones; y, en lugar de responder lo preguntado, se desacredita al medio y se presenta la investigación como una maniobra. No corresponde a la prensa probar que tiene derecho a preguntar. Corresponde al Estado explicar, documentar y rendir cuentas cuando administra dinero público.

No se trata de otorgarle inmunidad a ningún medio, ni de convertir toda investigación periodística en verdad revelada. Se trata de sostener una regla republicana elemental: la publicación de información de interés público no se contesta con estigmatización, sino con información de interés público.

La misma matriz que acecha a Santa Fe

Por eso la iniciativa de “Territorio Libre de Odio” debe observarse con máxima prudencia. Su objetivo declarado —rechazar la discriminación y la violencia— es legítimo. Pero ninguna causa legítima autoriza un instrumento ilimitado. Si conceptos abiertos como “hostilidad”, “menosprecio”, “justificación” o “naturalización” se convierten en puerta de entrada para multas, cursos obligatorios o expedientes contravencionales, el poder habrá obtenido una herramienta para sospechar de la palabra antes de que exista un daño concreto.

Gobernar mediante la sospecha advirtió precisamente sobre este desplazamiento: el Estado deja de actuar sólo frente a hechos comprobables y comienza a intervenir sobre riesgos, interpretaciones y conductas que supuestamente anuncian algo futuro. Ahora la sospecha amenaza con alcanzar la expresión pública. El periodista, el dirigente sindical, el opositor, el docente, el investigador o el ciudadano crítico pueden pasar de ser sujetos de derecho a convertirse en objetos de vigilancia discursiva.

Malvinas la excusa

El antecedente nacional obliga a mirar el problema en conjunto. Como advertimos al analizar el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, tampoco una causa histórica y constitucional como Malvinas habilita tipos penales abiertos sobre la “desinformación masiva” o la “manipulación de la opinión pública”. En Santa Fe, la prevención de la discriminación tampoco justificaba trasladar la categoría de “discurso de odio” al campo contravencional mediante una reforma del Código de Convivencia. Las causas nobles no pierden legitimidad por exigir garantías; la pierden cuando se las convierte en coartada para ampliar la capacidad estatal de clasificar, vigilar y sancionar la palabra incómoda.

Formosa muestra el extremo punitivo; Rosario exhibe la descalificación política; el discurso presidencial proporciona el clima de hostilidad; y una legislación ambigua puede aportar mañana la herramienta formal. No son fenómenos idénticos, pero comparten una misma tentación: que el poder se reserve el derecho de decidir qué pregunta es legítima y qué voz merece castigo.

La democracia no consiste en obedecer al gobierno; consiste en poder observarlo, interrogarlo y exigirle cuentas. Cuando el poder busca doblar al mensajero en lugar de responder el mensaje, no está defendiendo la convivencia: está tratando de apagar el espejo.

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“Quien quiera oír que oiga”