Un procedimiento que comenzó con la persecución de un motociclista menor de edad terminó con una fuerte concentración de móviles, la intervención del padre del joven y dos aprehensiones.
El episodio vuelve a exponer una cuestión más profunda: la presión sobre el personal para cumplir estadísticas y un sistema informal de premios y castigos que, según fuentes policiales, incluiría medios francos por determinadas actuaciones.
De una infracción a un despliegue desproporcionado
El hecho ocurrió el 3 de octubre, alrededor de las 18:20, en Acebal. Según el parte policial del Comando Radioeléctrico de Álvarez, el móvil 11050 observó a un motociclista que no habría obedecido las señales de balizas y sirenas, por lo que comenzó un “seguimiento controlado” que terminó en San Martín e Iriondo.
Allí, siempre de acuerdo con la versión oficial, el joven habría resistido su identificación. Poco después llegó su padre, quien habría agredido físicamente al personal y se retiró junto con el menor. Ambos regresaron más tarde y fueron aprehendidos.
Hasta allí, la crónica oficial. Sin embargo, el episodio adquirió otra dimensión cuando un periodista local aseguró haber contado once móviles del Comando Radioeléctrico, además de una camioneta de la Guardia Urbana Comunal y una motocicleta.
La pregunta aparece entonces casi inevitable: ¿Cómo una situación que comenzó con un motociclista terminó provocando semejante despliegue?
El problema de fondo: los “cupos estadísticos”
Lo ocurrido en Acebal no puede separarse de una situación que distintos policías vienen señalando desde hace tiempo: la presión para producir procedimientos y alimentar estadísticas.
Actas, identificaciones, secuestros, aprehensiones y contravenciones empiezan a convertirse en metas que deben alcanzarse, aun cuando la realidad concreta de la calle no necesariamente las genere con esa frecuencia.
El problema aparece cuando la estadística deja de servir para medir el trabajo y empieza a condicionar la manera de trabajar.
Una situación que antes podía resolverse con criterio, advertencia, diálogo o una intervención mínima puede terminar escalando porque existe la necesidad de producir un procedimiento que sume dentro de los números exigidos por la conducción.
Recargos por un lado, francos como recompensa por el otro
A esa presión se suma una modalidad denunciada desde el interior de la propia fuerza que resulta todavía más preocupante.
Según fuentes policiales, en academias internas se habrían transmitido verbalmente pautas mediante las cuales determinadas cantidades de actuaciones permitirían acceder a medios francos o francos completos.
Entre los ejemplos señalados aparecen cierta cantidad de actas, aprehensiones y procedimientos con secuestro. Una aprehensión podría valer medio franco y una aprehensión acompañada de secuestro, un franco completo.
No se conoce hasta el momento una orden escrita que formalice ese esquema, por lo que corresponde hablar de una práctica denunciada y pendiente de comprobación administrativa. Sin embargo, las fuentes aseguran que los medios francos otorgados sí quedarían asentados en los libros de guardia, lo que permitiría verificar con relativa facilidad si esa modalidad existe.
La combinación resulta especialmente delicada: por un lado, recargos y pérdida de descanso; por el otro, la posibilidad de recuperar horas libres mediante productividad operativa.
Una forma de coerción que termina bajando a la calle
Cuando el trabajador policial depende del cumplimiento de determinados números para obtener descanso, el franco deja de ser un derecho y empieza a funcionar como premio.
Ese mecanismo genera una forma de coerción interna.
El policía sabe que si no produce determinadas actuaciones puede seguir sometido a recargos, mientras que si alcanza ciertos objetivos consigue medio franco o un franco completo. De esa manera, la presión administrativa puede terminar trasladándose directamente hacia el ciudadano.
El problema no consiste en afirmar que cada procedimiento sea ilegal o arbitrario, sino en advertir que un sistema de incentivos mal diseñado puede empujar intervenciones que, en otras circunstancias, probablemente serían tratadas de otra manera.
En los pueblos chicos, los conflictos no terminan cuando se va el patrullero
En localidades pequeñas, esta lógica resulta todavía más peligrosa porque las consecuencias son persistentes.
El policía conoce al vecino y el vecino conoce al policía. Las familias se cruzan cotidianamente, comparten escuelas, clubes, comercios y espacios públicos. Una intervención innecesariamente dura puede dejar resentimientos que sobreviven durante años y convertir un conflicto circunstancial en una ruptura difícil de recomponer.
Por eso, en estos lugares la vieja “cintura policial” tiene un valor enorme. Saber cuándo intervenir, cuándo bajar la intensidad y cuándo evitar que un problema menor termine convertido en un enfrentamiento forma parte del oficio tanto como detener a quien realmente debe ser detenido.
Una conducción basada en cupos y recompensas corre el riesgo de destruir precisamente esa capacidad.
Acebal dejó algo más que una imagen polémica
El episodio necesita una explicación oficial completa sobre cuántos móviles participaron, quién dispuso su concurrencia y en qué momento fueron convocados.
Pero también debería servir para revisar algo más profundo: si existen cupos estadísticos, si se utilizan recargos como forma de presión y si se otorgan francos como recompensa por determinados procedimientos.
Si esos mecanismos existen, el problema ya no sería un exceso puntual en Acebal.
Sería una forma de conducción.
Y cuando una fuerza comienza a premiar la cantidad por encima del criterio, puede terminar generando exactamente aquello que después intenta explicar: más conflictos, más tensión y menos confianza entre policías y vecinos.
Fuente consultada: Aire Libre (Acebal)
(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.
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