Fue designado por el nuevo interventor de la Policía de Rosario. Sobre él pesa una orden judicial de restricción de acercamiento por una causa de violencia institucional. Una oficial, hoy en actividad, lo señala como quien la habría inducido a la prostitución cuando tenía 16 años.
Por Alberto Martínez (*)
Mal arranque
En el marco de la reciente intervención de la Unidad Regional II Rosario, el flamante interventor Claudio “Droopy” Romano designó como asesor a un comisario que:
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Fue señalado en un testimonio reservado por una oficial de policía que afirma que, cuando tenía 16 años, fue inducida a participar de actividades sexuales en un “privado” junto a otra menor, bajo el supuesto amparo y dirección de este oficial.
Grave denuncia de trata en las filas policiales: una oficial señala a un comisario en actividad
- Fue señalado en un testimonio reservado por una oficial de policía que afirma que, cuando tenía 16 años, fue inducida a participar de actividades sexuales en un “privado” junto a otra menor, bajo el supuesto amparo y dirección de este oficial.
Testimonio es contundente
La oficial ha radicado una denuncia penal y ha brindado su testimonio en entornos institucionales y sindicales, manifestando temor por posibles represalias.
“Esto no es una acusación al azar. Es un grito por justicia y por memoria dentro de una institución que todavía calla demasiado.”
Designar a quien debería estar bajo revisión, no en funciones
Más allá de la instancia judicial, el criterio político y ético de esta designación es, como mínimo, imprudente.
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Se trata de una persona con antecedentes administrativos sensibles.
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Sobre quien pesan acusaciones de gravedad vinculadas a hechos ocurridos cuando la víctima era menor de edad.
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Que fue incorporado a una gestión que se presentó como ‘renovadora’ y ‘depuradora’ tras un escándalo de corrupción.
¿Quién responde por esto?
El Ministerio de Seguridad aún no se ha pronunciado.
¿Sabían de estas acusaciones? ¿Avalaron el nombramiento? ¿Escucharon a la víctima?
De acuerdo con lo establecido en el Protocolo de Actuación para la Prevención y Atención frente a Situaciones de Violencia de Género en el Ámbito Laboral (Decreto Provincial N.º 0008/19), vigente en todo el ámbito de la administración pública de Santa Fe, incluida la Policía, corresponde como medida urgente y precautoria el traslado inmediato del agente denunciado, a fin de resguardar la integridad psíquica y física de la persona denunciante. Esta medida se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 7 del protocolo, que indica: “Se podrán adoptar medidas como el cambio de dependencia, función o lugar de trabajo de la persona denunciada, sin que ello implique una sanción disciplinaria, en tanto persista el riesgo o la situación de violencia.”
Por tanto, y conforme a esta norma de cumplimiento obligatorio, no es la denunciante quien debe ser reubicada o soportar el contacto con su agresor, sino el acusado quien debe ser inmediatamente apartado del ámbito de influencia o cercanía. La actual designación como “asesor” en un área de conducción de la fuerza colisiona abiertamente con este mandato legal y vulnera el deber de cuidado institucional hacia una víctima con denuncia judicial en curso y orden de restricción vigente.
Desde APROPOL exigimos:
- Aplicación de los establecido en el Protocolo de Actuación para la Prevención y Atención frente a Situaciones de Violencia de Género en el Ámbito Laboral (Decreto Provincial N.º 0008/19)
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Separación preventiva del asesor designado.
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Auditoría urgente de los antecedentes de cada funcionario incluido en la intervención.
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Protección efectiva a la oficial que se animó a hablar.
La «Preguntonta del día»
¿Qué haría Romano si le clavan un fijo con un tipo así frente al negocio de la Plaza Pringles?
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¡Quien quiera oir que oiga!
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública. Especialista en seguridad y derechos laborales de los trabajadores policiales y penitenciarios.
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