Espionaje, poder y continuidades

Pullaro recicla el espionaje. Inteligencia sin control y costos que paga la policía.

Por Alberto Rubén Martínez (*)

Desde hace tiempo, APROPOL viene advirtiendo sobre un riesgo central para la democracia y para las propias fuerzas de seguridad: el crecimiento de un sistema de inteligencia sin control legislativo ni contrapesos efectivos. Lejos de corregir esa deriva, el gobernador Maximiliano Pullaro ha optado por reacomodar y respaldar a funcionarios que formaron parte de estructuras investigadas por operar fuera de todo marco legal, como en el caso del Director General Maximiliano Bertolotti.

VIDEO: Para la posteridad, Pullaro admite estar al frente de inteligencia de manera directa y periódica

Esta decisión no puede leerse como una mera omisión o desprolijidad administrativa. Es una definición política, que dice más sobre los vínculos de poder que sobre una política de seguridad basada en reglas claras, legalidad y responsabilidad institucional.

Inteligencia fortalecida, controles debilitados

El reciclaje de Bertolotti se produce, además, en un contexto particularmente delicado: la Bicameral de Control de Inteligencia se encuentra inactiva o seriamente debilitada, mientras se avanza en el fortalecimiento de estructuras de inteligencia policial sin que existan mecanismos reales de fiscalización, límites normativos claros ni transparencia pública.

En otras palabras, lo que el gobierno provincial termina legitimando con sus decisiones es un aparato que históricamente ha funcionado con opacidad, sin controles democráticos efectivos y bajo lógicas políticas antes que técnicas o profesionales. El problema no es solo quién ocupa los cargos, sino qué modelo de inteligencia se consolida.

Una continuidad que deslegitima a las fuerzas y expone a sus trabajadores

Desde APROPOL ya lo señalamos en informes anteriores —“Fuerte denuncia sobre la deriva autoritaria y el vaciamiento de la policía en Santa Fe” y “Un servicio de inteligencia con poco control: cuando el Estado cruza una línea peligrosa”—: estas prácticas no son hechos aislados, sino la expresión de un modelo de gestión basado en la sospecha permanente antes que en la legalidad.

Lo más grave es que esta continuidad política —ascender y reubicar en posiciones estratégicas a quienes tuvieron responsabilidades en prácticas cuestionadas— no solo desprecia las normas, sino que deslegitima al conjunto del cuerpo policial. Porque cuando el poder político actúa así, queda claro quién termina pagando el costo real:

• no los jerarcas reciclados,
• no los estrategas de gabinete,
• sino los efectivos que están en la calle, con jornadas extremas, salarios deteriorados, presión permanente y sin respaldo jurídico ni institucional cuando la justicia pone límites.

¿Es esta la inteligencia que merece Santa Fe?

La decisión de Pullaro de conservar y reciclar a Bertolotti como jefe de inteligencia deja al descubierto las prioridades del gobierno provincial:

• Se prefiere mantener dentro del sistema a un protagonista de una causa por espionaje ilegal, antes que apartarlo preventivamente.
• Se apuesta a la impunidad institucional, en lugar de establecer reglas claras de actuación.
• Se fortalece un aparato de inteligencia sin control legislativo efectivo, sin bicameral activa y sin rendición pública de cuentas.

Todo esto tiene un nombre: impunidad política. Y no se trata solo de una mala decisión administrativa, sino de una declaración de principios:

• que para algunos el poder político está por encima de la legalidad;
• que la sospecha sobre el “otro” se financia con inteligencia irregular;
• y que la policía sigue siendo utilizada como instrumento, no como garante de derechos.

La pregunta que sigue sin respuesta

Si Pullaro recicla a quien incluso lo habría espiado a él, ¿qué confianza pueden tener los trabajadores policiales en la imparcialidad de sus mandos?

Si un esquema de inteligencia cargado de sombras termina fortalecido en lugar de investigado a fondo, ¿qué mensaje recibe un efectivo que espera reglas claras, respaldo institucional y justicia interna?

Desde APROPOL lo advertimos hace años y lo reafirmamos hoy: no puede haber seguridad legítima sin legalidad, sin control democrático y sin responsabilidad política.

La sospecha estructural no solo divide a la sociedad: termina por corroer a quienes más trabajan para sostenerla.

El ascenso de Maximiliano Bertolotti y una causa que vuelve a incomodar al poder en Santa Fe.

La causa

Lejos de tratarse de un expediente cerrado o marginal, la causa continúa generando tensión institucional, no solo por la gravedad de los hechos investigados, sino porque involucra a funcionarios que hoy siguen ocupando cargos de alta jerarquía, lo que plantea interrogantes profundos sobre responsabilidades políticas, continuidades estructurales y mecanismos de protección interna.

1. La disputa por la competencia: un intento fallido de correr la causa

Uno de los ejes centrales de la estrategia defensiva fue intentar trasladar la causa a la Justicia Federal, alegando que los hechos investigados encuadrarían en una violación a la Ley Nacional de Inteligencia (25.520).

Sin embargo, en al menos tres instancias —dos provinciales y una federal— esa pretensión fue rechazada:

• La Justicia santafesina entendió que las tareas de inteligencia criminal cuestionadas se circunscribieron al ámbito provincial.
• No se acreditó la intervención de organismos nacionales de inteligencia.
• El entonces juez federal Reinaldo Rodríguez también descartó la competencia federal.

Como sintetizó el abogado querellante Ignacio Alfonso Garrone, la clave no está solo en la norma invocada, sino en el territorio, los sujetos involucrados y el interés jurídico afectado, criterio avalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y replicado por la Corte Suprema de Santa Fe.

La consecuencia es clara: la causa sigue su curso en el ámbito provincial, sin atajos posibles.

2. El núcleo de la acusación: inteligencia ilegal con fines políticos

Según la querella, el caso expone con particular crudeza un modo de funcionamiento del poder:

una estructura jerárquica que habría utilizado recursos del Estado para producir información ilegal con fines de persecución política.

El episodio más explícito se remonta al 2 de abril de 2020, cuando —según consta en la causa— Marcelo Saín habría impartido una orden contraria a derecho a un grupo de funcionarios, entre ellos Maximiliano Bertolotti, para generar un escenario que derivara en problemas legales para el empresario periodístico Nahuel Caputto, considerado un adversario político.

La orden, registrada en un audio enviado a un grupo de WhatsApp oficial, es particularmente grave porque:

• No existía denuncia anónima real que justificara la actuación.
• No se abrió ninguna IPP en el sistema del Ministerio Público de la Acusación.
• No se informó a la Fiscalía sobre el supuesto despliegue policial.

En términos simples: se habría creado un pretexto ficticio para habilitar tareas de inteligencia.

3. “Perfilar” personas: del lenguaje al delito

Un elemento central del expediente es el uso explícito del término “perfilar”, utilizado por el propio Saín en mensajes posteriores, al ordenar avanzar “en nuestros términos” contra Caputto, incluso aludiendo a un supuesto acuerdo político de alto nivel.

El concepto no es menor: en el campo de la inteligencia, “perfilar” implica recolectar, clasificar y sistematizar información personal, política, económica y social, algo estrictamente prohibido fuera de los márgenes legales y judiciales.

Meses después, ese interés habría continuado mediante la elaboración de un informe titulado “El cuarto poder en la provincia de Santa Fe”, que, si bien se nutría en parte de fuentes abiertas, tenía un objetivo claro: mapear y condicionar actores del sistema mediático, afectando directamente la libertad de prensa.

4. Una estructura más amplia: asociación ilícita e inteligencia paralela

La acusación describe un esquema que habría funcionado entre 2019 y 2021, con:

• Una conducción jerárquica desde el Ministerio de Seguridad.
• Acceso irregular a bases de datos públicas y privadas (Veraz, Nosis, Migraciones, Renaper, DNRPA, registros judiciales).
• Elaboración de dossiers sobre funcionarios, periodistas, empresarios, sindicalistas y militantes sociales.
• Uso político de la información obtenida.
• Un clima interno de temor, informalidad y órdenes verbales.

El hallazgo de documentación triturada y dispositivos electrónicos en oficinas oficiales refuerza, según la querella, la hipótesis de una inteligencia clandestina que excedía ampliamente cualquier investigación penal legítima.

5. El dato político incómodo: ascensos, silencios y continuidades

En este contexto, el ascenso de Maximiliano Bertolotti —hoy en una posición clave dentro del esquema de seguridad provincial— no puede leerse como un hecho administrativo aislado.

Plantea preguntas incómodas pero necesarias:

• ¿Cómo se evalúan las responsabilidades de quienes están imputados o seriamente cuestionados en causas de esta magnitud?
• ¿Qué mensaje se envía a la sociedad y a los propios trabajadores del Estado cuando las trayectorias judiciales no pesan en las decisiones políticas?
• ¿Estamos ante un caso de renovación real o de continuidad estructural del poder de vigilancia?

6. Una causa testigo

Esta investigación no es solo un expediente penal. Es una causa testigo sobre:

• Los límites del poder estatal.
• El uso (y abuso) de la inteligencia.
• La fragilidad de la libertad de prensa.
• Y la facilidad con la que la sospecha se convierte en método de gobierno.

En definitiva, el problema no es solo quién espió, sino qué tipo de Estado se construye cuando espiarse entre adversarios se vuelve una práctica tolerada.

Y la pregunta sigue abierta: ¿habrá juicio, responsabilidades y sanciones reales, o el tiempo —como tantas veces— terminará licuando la verdad?

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«Quien quiera oir que oiga»

(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor del libro Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP)

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