Mientras los suicidios, las crisis psiquiátricas, el desgaste extremo y el colapso emocional avanzan silenciosamente dentro de las fuerzas de seguridad de Santa Fe, la Dirección Provincial de Bienestar del Personal de las Fuerzas de Seguridad permanece envuelta en un discurso institucional que no se corresponde con la realidad cotidiana que viven miles de trabajadores.
Por Alberto Rubén Martínez (*)
Por ello, desde este medio, en mi carácter de periodista, investigador y trabajador vinculado a la defensa de los derechos del personal policial y penitenciario, exigimos formalmente una rendición pública, detallada y verificable de la gestión encabezada por el actual Director Provincial de Bienestar del Personal de las Fuerzas de Seguridad, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Santa Fe, Ignacio “Pacho” Paz.
No se trata de una cuestión política. Se trata de vidas humanas.
Qué exigimos conocer: información concreta, no slogans
El Ministerio de Justicia y Seguridad ha difundido comunicados donde se enumeran programas, convenios y acciones, pero nunca ha presentado una evaluación pública seria sobre su impacto real.
Por ello exigimos que la Dirección Provincial de Bienestar informe de manera precisa:
1. Situación actual del sistema de bienestar policial y penitenciario
- Cantidad total de policías y penitenciarios bajo seguimiento psicológico activo.
- Cantidad de intervenciones realizadas por crisis suicida desde 2023 a la fecha.
- Cantidad de profesionales disponibles (psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales).
- Distribución territorial de los servicios de asistencia.
- Tiempos reales de espera para acceder a atención.
2. Indicadores objetivos de gestión
- Número total de suicidios consumados por año desde la creación del área.
- Número de intentos de suicidio registrados.
- Número de protocolos activados y resultados obtenidos.
- Cantidad de casos con seguimiento activo.
- Cantidad de bajas laborales por causas psiquiátricas.
- Cantidad de reincorporaciones supervisadas.
3. Instrumentación concreta de los programas anunciados
- Fecha de creación efectiva del Programa de Prevención del Suicidio.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Cantidad de intervenciones realizadas.
- Resultados obtenidos y casos evitados.
- Cantidad de policías y penitenciarios efectivamente asistidos.
4. Evaluación real de resultados
- Qué objetivos se propusieron.
- Qué metas se alcanzaron.
- Qué indicadores mejoraron.
- Qué falló y qué medidas correctivas se adoptaron.
Porque un programa que no puede mostrar resultados medibles no es una política pública: es una declaración de intención.
Registro nominal no oficial
- 04/02/2026 – Suboficial Oscar “Chimi” Valdez
Fuerza: Policía de Santa Fe
Localidad: Rosario - 31/01/2026 – Suboficial Maximiliano Javier Trujillo
Fuerza: Policía de Santa Fe
Localidad: Rosario - 22/01/2026 – Suboficial César Muga
Fuerza: Policía de Santa Fe (interno detenido)
Localidad: Coronda - 27/12/2025 – Suboficial Bruno Escobar
Fuerza: Policía de Santa Fe
Localidad: Rosario - 26/05/2025 – Suboficial Brian Torres
Fuerza: Policía de Santa Fe (PDI)
Localidad: Rosario - 22/04/2025 – Director de Policía Diego Alejandro Gamero
Fuerza: Policía de Santa Fe
Localidad: Coronda / Santa Fe - 15/04/2025 – Suboficial Brisa Mailén Rojas
Fuerza: Policía de Santa Fe
Localidad: Rosario - 04/04/2025 – Oficial Diego Martínez
Fuerza: Policía de Santa Fe
Localidad: Helvecia - 22/02/2025 – Comisario Supervisor Sebastián Andrés Decaillet
Fuerza: Policía de Santa Fe
Localidad: Rosario - 13/02/2025 – Suboficial Eugenia Quiróz
Fuerza: Policía de Santa Fe
Localidad: Santa Fe - 29/09/2024 – Agente Ariadna Magalí Gavilán
Fuerza: Servicio Penitenciario de Santa Fe
Localidad: Unidad Penitenciaria Nº11 – Piñero - 09/09/2023 – Oficial Carlos Álvarez
Fuerza: Policía de Santa Fe
Localidad: Frontera - 03/08/2023 – Suboficial Jonatan Alejandro Olguín
Fuerza: Policía de Santa Fe
Localidad: Rosario - 22/06/2023 – Leonardo Abel Velásquez
Fuerza: Policía de Santa Fe (ex integrante)
Localidad: Santa Fe - 03/03/2023 – Agente Ezequiel Riquelme
Fuerza: Servicio Penitenciario de Santa Fe
Localidad: Unidad Penitenciaria Nº11 – Piñero - 29/01/2023 – Oficial Oscar Diego Ramos
Fuerza: Policía de Santa Fe
Localidad: Villa Gobernador Gálvez - 30/10/2022 – Suboficial José Antonio Maciel
Fuerza: Policía de Santa Fe
Localidad: Tacuarendí - 29/10/2022 – Suboficial Diego Nahuel Martínez
Fuerza: Policía de Santa Fe
Localidad: Avellaneda - 17/10/2022 – Oficial Marcela Carolina Nocera
Fuerza: Policía de Santa Fe
Localidad: Santa Fe - 01/09/2022 – Subinspector Iván Ramón Biaggini
Fuerza: Policía de Santa Fe
Localidad: Rosario - 01/05/2022 – Suboficial Sergio Ramírez
Fuerza: Policía de Santa Fe
Localidad: Rosario - 26/03/2022 – Cadete Alexander Ramírez
Fuerza: Policía de Santa Fe
Localidad: Santa Fe - 09/03/2022 – Suboficial Jesica Quiróz
Fuerza: Policía de Santa Fe
Localidad: Rosario - 07/02/2022 – Suboficial Blas Omar Pase
Fuerza: Policía de Santa Fe
Localidad: Santo Tomé - 07/02/2022 – Oficial Estefanía Yob
Fuerza: Policía de Santa Fe
Localidad: Santa Fe - 28/01/2022 – Oficial David Ragusa
Fuerza: Policía de Santa Fe
Localidad: Rosario - 25/01/2022 – Suboficial Elisabeth Zamaro
Fuerza: Policía de Santa Fe
Localidad: Santa Fe - 25/01/2022 – Suboficial Gabriel Robles
Fuerza: Policía de Santa Fe
Localidad: Murphy - 09/01/2022 – Oficial Marcelo Finos
Fuerza: Policía de Santa Fe
Localidad: San Javier - 02/01/2022 – Suboficial Florencia Angini
Fuerza: Policía de Santa Fe
Localidad: Laguna Paiva - 02/01/2022 – Subinspector Darío Martínez
Fuerza: Policía de Santa Fe
Localidad: San Vicente - 18/11/2021 – Suboficial Juan José Ignacio Vico
Fuerza: Policía de Santa Fe
Localidad: Rosario - 15/02/2020 – Oficial Adriana Juárez
Fuerza: Policía de Santa Fe
Localidad: Santa Fe
Consideraciones finales: El presente registro identifica un total de33 suicidios documentados, Distribuidos en Policía de la Provincia de Santa Fe (31 casos) y (Servicio Penitenciario de Santa Fe (2 casos)
Este registro constituye evidencia empírica relevante para el análisis de las condiciones institucionales que afectan al personal de seguridad pública y representa un insumo fundamental para el desarrollo de políticas públicas orientadas a la prevención, protección y dignificación del trabajador estatal.
Cada nombre aquí consignado representa una vida, una trayectoria profesional y una historia personal cuya pérdida interpela no sólo a las instituciones, sino al conjunto del sistema político y social.
sabemos que puede haber faltantes y apelamos a la colaboración de los lectores para corregirlo. A falta de estadísticas oficiales debemos apelar a nuestros modestos registros periodísticos.
Una ley vigente que el Estado se niega a aplicar
El punto más grave de esta situación es que existe una herramienta legal concreta, vigente y obligatoria que el Estado provincial se niega sistemáticamente a implementar: la Ley Provincial Nº 12.913, que crea los Comités Mixtos de Salud y Seguridad en el Trabajo.
Esta ley establece:
- participación paritaria,
- elección democrática de delegados en actividad,
- espacios institucionales para detectar riesgos psicosociales,
- capacidad real de intervención preventiva.
No se trata de una propuesta. Es una obligación legal. Sin embargo, estos comités no han sido constituidos.
El actual gobernador Maximiliano Pullaro, cuando fue ministro de Seguridad, bloqueó su implementación. Hoy, como gobernador, mantiene el mismo modelo: control sin participación, disciplina sin derechos y prevención sin trabajadores.
Sin participación real, no hay prevención posible.
Un pedido de informes ignorado deliberadamente
Hace más de un año solicitamos formalmente al Ministerio de Justicia y Seguridad información pública detallada sobre suicidios, intentos, protocolos activados, fondos ejecutados y funcionamiento del sistema de bienestar.
Ese pedido continúa sin respuesta. No hubo contestación, aclaración ni explicación. Este silencio no es administrativo. Es político. El Estado tiene la obligación legal de responder. Cuando no lo hace, incurre en responsabilidad institucional.
Mientras tanto, el pedido formal de acceso a la información pública (SIE 00101-0332181-0) presentado por quien firma esta nota, en carácter de periodista e investigador independiente, sigue sin respuesta por parte del Ministerio de Seguridad de Santa Fe.
¿Tanto cuesta entregar datos sobre un tema que le cuesta la vida a nuestros compañeros?
La Defensoría del Pueblo también eligió el silencio
La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, institución creada precisamente para proteger a los ciudadanos frente a los abusos o incumplimientos del Estado, dio la espalda a un reclamo formal vinculado a los suicidios en las fuerzas de seguridad. La queja presentada denunciaba el incumplimiento del Ministerio de Seguridad en responder pedidos de acceso a la información pública, incluyendo datos específicos sobre suicidios policiales. Sin embargo, pese al vencimiento de los plazos legales, no hubo respuesta sustancial ni acción concreta.
Este silencio no es una omisión menor: constituye una renuncia institucional a su función esencial. El derecho a la información pública está garantizado por la Constitución Nacional, tratados internacionales y leyes específicas, y el propio principio republicano exige que el Estado rinda cuentas ante la sociedad. Cuando ni siquiera el organismo encargado de defender al ciudadano frente al poder actúa, el mensaje es devastador: el trabajador queda completamente solo frente al aparato estatal.
La Defensoría no fue creada para archivar reclamos incómodos, sino para defender derechos vulnerados. No intervenir frente a una problemática tan grave —que involucra la vida y la muerte de servidores públicos— no es neutralidad: es abandono institucional.
Una conducción que debe responder
El actual Director Provincial de Bienestar, Ignacio “Pacho” Paz, ocupa un cargo de máxima responsabilidad en un área crítica. Bajo su gestión se han anunciado programas, convenios y protocolos.
Es momento de que informe públicamente:
- qué resultados concretos obtuvo su gestión;
- cuántas vidas fueron efectivamente asistidas;
- qué medidas preventivas se implementaron;
- y qué evaluación objetiva existe sobre su propio desempeño institucional.
No alcanza con difundir flyers, no alcanza con anunciar convenios, no alcanza con declaraciones. La sociedad y los propios trabajadores tienen derecho a conocer la verdad.
El silencio también es una forma de responsabilidad
No hay política de bienestar sin transparencia ni prevención sin participación. No hay cuidado sin rendición de cuentas. Y no hay seguridad pública posible cuando el propio Estado abandona a quienes tienen la responsabilidad de sostenerla.
Por ello exigimos:
- rendición pública inmediata de la Dirección Provincial de Bienestar;
- publicación completa de estadísticas oficiales;
- implementación efectiva de la Ley 12.913;
- auditoría independiente del sistema de bienestar;
- y participación real de los trabajadores en las políticas que afectan su propia salud.
Porque cada vida perdida no es un número. Es una responsabilidad institucional que el Estado ya no puede seguir ignorando.
–
«Quien quiera oir que oiga»
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor del libro Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP) y «La Teoría del Foco y la Vara» (que será lanzado en marzo próximo)
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