En plena discusión sobre salud mental y prevención del suicidio, la documentación oficial confirma que la Provincia de Santa Fe devolvió $13.825.000 que habían sido enviados para fortalecer acciones en esa materia. La máxima responsable política del área es la ministra de Salud, Dra. Silvia Ciancio, bajo cuya gestión se formalizó la devolución de esos recursos no ejecutados.
Documentación oficial del Gobierno provincial confirma que durante 2023 quedaron sin ejecutar fondos nacionales destinados a fortalecer políticas de salud mental y prevención del suicidio. En 2024 la Provincia terminó devolviendo $13.825.000 al Ministerio de Salud de la Nación. El antecedente adquiere especial gravedad frente a una problemática que exige planificación, continuidad y capacidad efectiva de intervención estatal.
La documentación oficial del propio Gobierno de Santa Fe deja registrado un dato difícil de relativizar: la Provincia dispuso de fondos específicamente destinados al abordaje integral de la salud mental y la prevención del suicidio, no los utilizó durante 2023 y finalmente tuvo que devolverlos a la Nación.
No se trata de una estimación, una denuncia política ni una interpretación construida a partir de datos parciales. Está consignado expresamente en el Decreto provincial Nº 2200/2024 y en las planillas presupuestarias que integraron el expediente administrativo correspondiente.
El monto fue de $13.825.000.
Fondos destinados a prevención del suicidio
Los recursos provenían de la Fuente de Financiamiento 5197, denominada “Estrategia Federal de Abordaje Integral de la Salud Mental”, y habían sido otorgados en el marco de la denominada Línea 5: “Fortalecer líneas de acción para el abordaje integral en el marco de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio Nº 27.130”.
Santa Fe había adherido a esa estrategia mediante un convenio de cooperación y asistencia técnica, por lo que los fondos tenían una finalidad determinada: desarrollar acciones concretas vinculadas con salud mental y prevención del suicidio.
Sin embargo, al concluir 2023 quedó un saldo sin utilizar.
El propio Decreto 2200/2024 reconoce que la modificación presupuestaria realizada al año siguiente tenía como finalidad incorporar al ejercicio 2024 el “Saldo No Invertido durante el año 2023”.
La expresión administrativa puede parecer fría. Su significado político es mucho más sencillo: había dinero disponible para prevención del suicidio y no fue gastado.
Trece millones que volvieron a Nación
La documentación presupuestaria permite reconstruir incluso el mecanismo mediante el cual se concretó la devolución.
El 22 de abril de 2024 se registró el Compromiso Preventivo Nº 792 por $13.825.000. Allí se señala expresamente que se trataba de la devolución al Ministerio de Salud de la Nación por el sobrante del subsidio otorgado para atender las acciones comprendidas dentro de la Línea 5.
Posteriormente, mediante el Decreto 2200/2024, el Poder Ejecutivo provincial amplió formalmente recursos y erogaciones presupuestarias por la misma suma para permitir la operatoria contable.
El artículo 5º finalmente autorizó al Ministerio de Salud santafesino a transferir los $13.825.000 al Ministerio de Salud de la Nación, mediante el sistema RECAUDA, en concepto de devolución del importe no invertido.
No hubo entonces una reasignación hacia otro programa provincial, ni una utilización posterior para la misma finalidad.
El dinero volvió a Nación.
Cuando el problema no es solamente conseguir recursos
Con frecuencia, frente a las deficiencias de las políticas públicas de salud mental, la primera explicación oficial suele ser la falta de presupuesto. Este expediente muestra que el problema puede ser bastante más complejo.
Aquí los recursos existían, habían sido asignados, tenían una finalidad concreta y aun así quedaron sin ejecutar.
Ese dato obliga a discutir no solamente cuánto dinero se destina a salud mental, sino también la capacidad del Estado para transformar las partidas presupuestarias en políticas efectivas, dispositivos territoriales, equipos interdisciplinarios, prevención, asistencia y seguimiento.
Una partida presupuestaria que permanece inmóvil en una cuenta pública no previene ningún suicidio.
Una señal de alarma que merece explicaciones
Resultaría simplista afirmar que la utilización de aquellos $13,8 millones habría evitado determinados episodios posteriores. Ningún documento permite establecer semejante relación causal y sería irresponsable sostenerla.
Pero resulta igualmente improcedente minimizar el hecho de que recursos específicamente asignados para prevenir el suicidio no hayan sido utilizados.
La prevención exige continuidad, planificación y capacidad institucional. También requiere identificar poblaciones particularmente expuestas, fortalecer los dispositivos existentes y garantizar acceso efectivo a acompañamiento profesional antes de que una crisis se transforme en tragedia.
Desde esa perspectiva, la devolución de fondos merece una explicación pública.
- ¿Para qué acciones habían sido originalmente proyectados?
- ¿Por qué no pudieron ejecutarse?
- ¿Qué programas quedaron pendientes?
- ¿Qué mecanismos de prevención se implementaron efectivamente durante ese período?
- ¿Se determinaron responsabilidades administrativas por la falta de ejecución?
- Y, fundamentalmente, ¿qué cambió desde entonces para impedir que una situación semejante vuelva a repetirse?
Salud mental no puede ser solamente una respuesta después de la tragedia
En materia de prevención del suicidio, el Estado no puede limitarse a reaccionar cuando ocurre un episodio grave.
La verdadera política pública comienza antes: detectando factores de riesgo, construyendo redes de asistencia, formando equipos profesionales, garantizando seguimiento y ofreciendo espacios de atención accesibles.
Por eso este antecedente presupuestario tiene importancia más allá de los $13.825.000 involucrados.
Expone la distancia que puede existir entre anunciar una política, recibir los recursos para implementarla y convertir esos recursos en acciones concretas.
En salud mental esa distancia no constituye únicamente una deficiencia administrativa.
Puede convertirse en una ausencia estatal precisamente cuando alguien más necesita encontrarla.
Y cuando existen fondos destinados específicamente a prevenir el suicidio que terminan siendo devueltos porque no fueron utilizados, corresponde preguntar por qué.
No para hacer arqueología presupuestaria.
Sino para impedir que la próxima respuesta estatal vuelva a llegar después de la tragedia.
El decreto:
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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