Una editorial de Datos Duros TV expone la contradicción entre el discurso de Pullaro contra abogados y contadores vinculados al narcotráfico y la actuación de una abogada ligada al oficialismo que ejerce la defensa de un imputado por drogas.
Una editorial de Huber Cracogna en Datos Duros TV expuso una contradicción incómoda para el discurso de Maximiliano Pullaro: mientras el gobernador reclama “ir por los abogados y contadores” vinculados a organizaciones criminales, una profesional identificada públicamente con el equipo del diputado radical Dionisio Scarpín ejerció la defensa de un imputado en una causa por comercialización de estupefacientes. La cuestión no es criminalizar a la defensora —porque defender es un derecho constitucional— sino señalar la inconsistencia política de un discurso que pretende convertir profesiones y vínculos en categorías sospechosas.
Huber Cracogna, periodista de Datos Duros TV, puso sobre la mesa una contradicción que merece ser analizada con bastante más detenimiento que el que permiten las consignas de ocasión. Bajo el título “Discurso Disruptivo: Mientras Pullaro Declara La Guerra A Abogados, Su Militancia Defiende A Narcos”, el comunicador tomó como punto de partida las últimas declaraciones del gobernador Maximiliano Pullaro y las contrastó con un caso concreto del norte santafesino.
El planteo aparece pocos días después de que Pullaro afirmara en Rosario que el nuevo desafío del Estado era avanzar sobre “los abogados y los contadores que son parte de estas organizaciones criminales”. La frase fue pronunciada durante una jornada sobre crimen organizado y flujos financieros ilícitos y luego reiterada, ampliada incluso a escribanos, durante las Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales.
Ese segundo discurso agregó ingredientes todavía más fuertes. Pullaro habló de no “levantarle el pie de la cabeza al delito” y cuestionó lo que denominó “garantismo bobo”, en un escenario integrado por fiscales y procuradores de distintas jurisdicciones.
El problema, como señala Cracogna, no es que el Estado persiga a profesionales que efectivamente integren una organización criminal, participen del lavado de activos o colaboren materialmente con maniobras ilícitas. Eso no sólo es legítimo: es una obligación del sistema penal. El problema aparece cuando el discurso político comienza a borrar la diferencia entre participar de una estructura criminal y ejercer una profesión frente a una persona acusada de un delito.
Defender a un acusado no convierte al abogado en integrante de la banda
Cracogna dedica buena parte de su editorial a una cuestión elemental del sistema constitucional argentino: ninguna persona puede ser sometida válidamente a un proceso penal sin defensa.
“Cuando un abogado defiende un narcotraficante, lo único que está haciendo no solamente es cumplir con su trabajo, sino cumplir con lo que requieren rigurosamente los procesos jurídicos”, sostiene en su exposición.
El argumento es central porque permite separar dos universos que el discurso político corre el riesgo de mezclar.
Una cosa es el abogado, contador o escribano que participa deliberadamente de maniobras de lavado, ocultamiento patrimonial, administración de bienes ilícitos o constitución de estructuras destinadas a encubrir activos criminales.
Otra completamente diferente es el abogado que representa técnicamente a una persona imputada.
La defensa penal no constituye una concesión al acusado ni una simpatía con el delito: es una condición de legitimidad del propio proceso. Sin defensa no hay juicio válido.
Por eso resulta particularmente delicado que desde la máxima autoridad política provincial se instale genéricamente la idea de “ir por los abogados y contadores”, aun cuando Pullaro haya aclarado que se refiere a quienes “son parte” de las organizaciones. El problema político está en la potencia expansiva de la fórmula: pronunciada desde el poder estatal y acompañada por expresiones como “garantismo bobo”, puede convertir una categoría profesional entera en territorio de sospecha.
El caso que Datos Duros pone frente al espejo
Cracogna introduce entonces un caso concreto.
Según su exposición, Gisela Galfrascoli habría ejercido la defensa de Eliseo Sebastián Rivero en una causa por presunta comercialización de estupefacientes en Reconquista. En la investigación reciente sobre Rivero, medios locales informaron allanamientos donde fueron secuestrados materiales presuntamente compatibles con marihuana y cocaína, plantas de cannabis, una balanza de precisión y dinero en efectivo; Rivero fue aprehendido en ese procedimiento.
Aquí corresponde una precisión indispensable: Rivero debe ser tratado como imputado o acusado, no como culpable, mientras no exista sentencia firme.
La relevancia política que encuentra Cracogna aparece por otro lado. Galfrascoli tiene una vinculación pública con el espacio político del diputado radical Dionisio Scarpín. Fuentes públicas la identifican como integrante de su equipo de trabajo y participando junto al legislador en distintas actividades territoriales.
Además, Galfrascoli integró en 2025 la lista de concejales de Unidos para Cambiar Santa Fe en Reconquista, fuerza a la que pertenece el oficialismo provincial.
Scarpín, por su parte, integra actualmente el bloque UCR de la Cámara de Diputados provincial y ocupa lugares institucionales relevantes dentro de la Legislatura santafesina.
Cracogna resume la contradicción con una fórmula provocadora: mientras desde la cima del Ejecutivo se cuestiona a los abogados que defienden a personas vinculadas con organizaciones criminales, una profesional integrada políticamente al propio oficialismo ejerce precisamente una defensa penal de ese tipo.
La contradicción no está en Galfrascoli: está en el discurso
Y aquí aparece quizá el punto más importante.
La contradicción no consiste en que Galfrascoli ejerza como abogada defensora. Si la defensa se desarrolla dentro de la ley, está ejerciendo una función perfectamente legítima.
Convertir su actuación profesional en reproche sería caer exactamente en el mismo error que se cuestiona a Pullaro.
La contradicción está en otro sitio: si defender penalmente a una persona acusada de narcotráfico es una actividad legítima cuando la realiza alguien cercano al oficialismo, también debe serlo cuando la desarrolla cualquier otro abogado.
No puede haber una Constitución para los propios y otra para los ajenos.
No puede sostenerse simultáneamente que la defensa técnica es una garantía indispensable del proceso y, al mismo tiempo, construir políticamente la figura del abogado defensor como sospechoso por asociación.
Ahí aparece la verdadera doble vara.
Una frontera que el gobernador debería definir
El propio Pullaro respondió posteriormente a cuestionamientos de abogados penalistas con otra expresión particularmente áspera: “Que no se hagan los zonzos”, insistiendo en que su señalamiento estaba dirigido a profesionales que asesoran estructuras criminales.
Pero justamente por la gravedad institucional del asunto, el gobernador debería formular una distinción mucho más precisa.
¿Habla del profesional que ejerce la defensa técnica?
¿Del abogado que asesora lícitamente a una persona que luego resulta investigada?
¿Del contador que lleva una contabilidad formal?
¿O del profesional que participa conscientemente de una maniobra criminal?
No son categorías equivalentes.
La persecución penal exige conductas concretas, prueba concreta y responsabilidad individual. Cuando esas fronteras comienzan a sustituirse por categorías amplias —“los abogados”, “los contadores”, “los escribanos”— se abre una zona de sospecha que puede resultar políticamente rentable, pero jurídicamente peligrosa.
Del delito concreto a la sospecha sobre categorías enteras
Cracogna define el discurso de Pullaro como técnicamente preocupante porque, a su juicio, transforma funciones profesionales legítimas en objetos de sospecha.
El fenómeno tiene además una consecuencia institucional evidente.
Cuando un gobernador habla frente a fiscales de todo el país, no lo hace como comentarista televisivo ni como ciudadano particular. Habla revestido de la autoridad del Estado.
Por eso las palabras importan.
Decir que hay que investigar a un profesional porque existen elementos que indican su participación en una estructura criminal es una cosa.
Sugerir que quienes defienden, asesoran o llevan las cuentas de personas investigadas integran naturalmente una zona de criminalidad es otra muy diferente.
La primera afirmación pertenece al Estado de Derecho.
La segunda comienza a acercarse peligrosamente a una doctrina de sospecha por proximidad.
El espejo que incomoda
La información aportada por Datos Duros tiene valor precisamente porque obliga a devolverle al discurso político su propia vara.
Si además ejerció legítimamente la defensa penal de una persona imputada por narcotráfico, como sostiene Cracogna, esa circunstancia no debería convertirla en sospechosa de nada.
Pero entonces tampoco puede convertirse automáticamente en sospechoso cualquier otro profesional por hacer exactamente lo mismo.
Ese es el punto que vuelve incómodo el contraste.
No se trata de señalar a una abogada por ejercer su profesión. Se trata, precisamente, de defender su derecho a ejercerla para demostrar el problema del razonamiento utilizado desde el poder.
La garantía constitucional vale para Galfrascoli, para los abogados penalistas que criticaron al gobernador y para cualquier profesional que actúe dentro de la ley.
Si existen abogados, escribanos o contadores que efectivamente participan de organizaciones criminales, que sean investigados, acusados y juzgados con pruebas.
Pero si no existe esa prueba, la profesión ejercida y el cliente defendido no pueden transformarse en sustitutos de la responsabilidad penal individual.
Ahí debería estar la frontera entre una política criminal seria y una política de sospecha.
Y es precisamente esa frontera la que el discurso de Pullaro vuelve cada vez más difícil de distinguir.
Fuente: Datos Duros TV
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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