Pullaro, Cococcioni y Javkin bajo la lupa por operativos que vulneran derechos humanos.
Por Rubén Pombo
Tal como veníamos advirtiendo desde estas páginas, los operativos “10 bis” impulsados por el gobernador Maximiliano Pullaro, el ministro Pablo Cococcioni y el intendente Pablo Javkin están generando consecuencias graves no solo para la ciudadanía, sino también para el personal policial y municipal involucrado. La lógica del control masivo —sin orden judicial, sin motivo individualizado y con objetivos políticos— termina vulnerando derechos humanos básicos y desgastando a quienes deben ejecutar las órdenes.
Una política de seguridad que roza la ilegalidad
Bajo el pretexto de “recuperar el orden”, se multiplican los procedimientos que permiten detener personas preventivamente bajo el artículo 10 bis. En la práctica, se trata de razzias en toda regla: miles de ciudadanos demorados por averiguación de antecedentes, revisaciones sin causa y retenciones arbitrarias.
Razzias 10 bis: una práctica ilegal, ineficaz y peligrosa que expone al personal policial
Las cifras que se conocen son contundentes: por cada 4.000 detenidos, solo uno tenía pedido de captura vigente. El resto, inocentes utilizados como parte de una estadística oficial. Los uniformados, a su vez, son sometidos a presiones, extensas jornadas y protocolos confusos, que los exponen a denuncias por abuso o a conflictos con la ciudadanía.
Movilización y denuncia pública
La activista social Reina Ibáñez informa que diversas organizaciones convocaron a una movilización para este miércoles 16 de octubre frente al Concejo Municipal de Rosario, bajo la consigna “Contra el acoso y la violencia policial”.
La medida, difundida por Antonio Abbatermarco en FM Horizonte y publicada ademas Redacción Rosario, busca denunciar la persecución hacia trabajadoras y trabajadores callejeros, cuidacoches y personas del colectivo travesti-trans. Según Ibáñez, “no se trata de seguridad, sino de una política de disciplinamiento que criminaliza la pobreza y las disidencias”.
“Nos hostigan, nos levantan las cosas, nos persiguen con móviles y motos. A mí me golpearon por filmar cómo trataban a una compañera. Esto no es prevención, es abuso”, declaró Ibáñez al medio local.
Derechos vulnerados
El despliegue de los operativos 10 bis vulnera principios fundamentales del derecho:
Presunción de inocencia: nadie puede ser privado de su libertad sin motivo fundado.
Derecho al trabajo: cuidacoches y trabajadores informales son hostigados para abandonar el espacio público.
Integridad física: se reportan agresiones y requisas vejatorias.
Libertad de expresión: las denuncias y registros audiovisuales son castigados con violencia.
Un problema que también alcanza a los agentes
Paradójicamente, los mismos policías y empleados municipales que ejecutan las órdenes son víctimas indirectas de esta política. Se los obliga a cumplir metas de detención o control, sin respaldo jurídico claro, poniéndolos en riesgo de sanciones administrativas o causas judiciales. La “obediencia debida” no puede justificar violaciones a los derechos humanos ni la degradación del propio servicio público.
Responsabilidad política
Estas prácticas no son excesos aislados, sino una línea de acción planificada desde la cúpula del poder provincial y municipal. En nombre del “orden”, se reeditan lógicas propias de la Doctrina de la Sospecha Permanente: control sin garantías, castigo anticipado y disciplinamiento social.
Pullaro y Cococcioni insisten en que “la Rosario violenta se terminó”. Pero la violencia institucional también mata, aunque no deje marcas visibles. Y cuando el Estado sospecha de todos, termina destruyendo la confianza que sostiene su legitimidad.
Un llamado a repensar la seguridad
La verdadera seguridad no se construye con razzias ni con miedo. Se construye con justicia, trabajo digno y respeto por la ley. Lo demás es pura estadística con olor a autoritarismo.
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