El silencio oficial y la prevención convertida en trámite.
Por Rubén Pombo
El fallecimiento del Suboficial Bruno Escobar, ocurrido en la ciudad de Rosario, vuelve a sacudir con crudeza a la familia policial santafesina. Tenía apenas 25 años, era oriundo de San Joaquín, departamento Garay, y sus camaradas lo recuerdan como un joven compañero ejemplar, sin maldad, comprometido con su trabajo y siempre dispuesto a ayudar.
La tristeza es profunda y transversal. No se trata solo de una muerte: es otra vida joven perdida dentro de una institución que, desde hace años, acumula señales de alarma que el poder político se niega sistemáticamente a escuchar.
Desde APROPOL y los medios que integramos este espacio, acompañamos con respeto y dolor a su familia, amigos y compañeros. Que para Bruno brille la luz que no tiene fin.
Un fenómeno que no es aislado
El caso de Bruno Escobar no es un hecho aislado, ni puede seguir siendo tratado como una tragedia individual o privada. Forma parte de una secuencia dolorosa que se repite y se profundiza, mientras la respuesta oficial oscila entre la negación, el silencio y la banalización burocrática.
En reiteradas publicaciones hemos advertido sobre esta problemática estructural. Los títulos cambian. El patrón se repite.
Prevención formal, desprotección real
Desde APROPOL hemos solicitado formalmente información oficial sobre la cantidad de suicidios, intentos, licencias psiquiátricas y dispositivos de acompañamiento existentes, con el objetivo de investigar seriamente el fenómeno y proponer soluciones concretas.
El resultado es el silencio.
El expediente administrativo iniciado no ha sido respondido, lo que configura una dolosa tarea de ocultamiento por parte de la gestión provincial. No se trata de desorden ni de demora: se trata de una decisión política de no mirar.
A ello se suma otro dato grave: la negativa sistemática a activar los Comités Mixtos de Salud y Seguridad en el Trabajo, previstos por la Ley Provincial N.º 12.913, que garantizan la participación paritaria de los trabajadores para detectar riesgos psicosociales, condiciones laborales dañinas y situaciones de emergencia.
No hay comités.
No hay estadísticas públicas.
No hay política preventiva real.
Cuando el Estado abandona, la soledad mata
La combinación es conocida y letal:
- jornadas excesivas,
- salarios deteriorados,
- presión jerárquica constante,
- estigmatización del que pide ayuda,
- licencias médicas cuestionadas,
- y un discurso oficial que habla de “cuidado” mientras practica castigo y sospecha.
La salud mental, en este contexto, se convierte en un problema individual cuando en realidad es un problema institucional y político.
Una gestión que se aleja de los estándares democráticos
La reiteración de suicidios, la ausencia de respuestas, el ocultamiento de información y la negativa a habilitar mecanismos legales de participación de los trabajadores no son hechos neutros. Expresan una gestión con deriva autoritaria y de baja intensidad democrática, que prefiere administrar el silencio antes que asumir responsabilidades.
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No hay seguridad pública posible si quienes deben garantizarla están solos, exhaustos y desamparados.
Una pregunta que sigue sin respuesta
¿Cuántas muertes más serán necesarias para que el Estado deje de mirar para otro lado?
¿Cuántos expedientes cajoneados justifican una vida perdida?
Recordar a Bruno Escobar no es solo un acto de dolor. Es también un acto de responsabilidad colectiva.
Porque el silencio también mata.
Y porque la prevención real empieza cuando el poder se anima, de una vez, a escuchar.
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