TRAMPOLÍN: ¿la seguridad se convirtió en una fábrica de carreras políticas y judiciales?

Los casos en los que funcionarios políticos y judiciales santafesinos aparecen acompañados por una aceitada maquinaria propagandística permiten abrir una discusión más amplia e incómoda: ¿Qué ocurre cuando la seguridad pública deja de ser entendida principalmente como un derecho humano y una construcción colectiva para transformarse también en una plataforma de posicionamiento personal?

Operativos, detenciones, derribos de búnkeres, discursos de dureza y causas de alto impacto pueden generar prestigio, exposición y capital político o profesional; el problema comienza cuando esa lógica condiciona las prioridades del sistema y las garantías de ciudadanos y policías pasan a ser tratadas como obstáculos prescindibles, mientras puertas adentro de las fuerzas crece entre los trabajadores una sensación de agotamiento, abandono y desprotección.

El episodio ocurrido días atrás con los jefes de Microtráfico de Venado Tuerto funciona como un disparador inmediato, pero la discusión viene de mucho antes. Una investigación iniciada a partir de la delación genérica de un narcotraficante derivó en la detención y exposición pública de los responsables de una dependencia sensible, mientras una parte importante de la evidencia todavía se esperaba de los teléfonos secuestrados. Más allá de lo que finalmente determine la causa, el caso obliga a mirar quiénes aparecen alrededor de un modelo que convirtió a la seguridad en uno de los principales escenarios de construcción de poder en Santa Fe y quiénes pueden obtener de ese escenario activos para sus propias trayectorias.

El caso más inmediato es Federico Angelini, porque intervino públicamente cuando los jefes de Microtráfico todavía no habían atravesado el control judicial que luego rechazó el pedido de prisión preventiva. Desde el Gobierno se habló entonces de sacar de la institución a los “delincuentes vestidos de policías”, una definición políticamente eficaz porque transmite decisión, limpieza institucional y tolerancia cero, pero jurídicamente problemática cuando recae sobre personas que todavía están sometidas a proceso y respecto de las cuales un juez consideró después insuficientes los elementos disponibles para mantenerlas privadas de la libertad.

La cuestión adquiere otra dimensión cuando se observa que Angelini viene acumulando exposición alrededor de la seguridad y que su nombre aparece proyectado hacia futuras competencias electorales en Rosario. Eso no demuestra que sus intervenciones estén motivadas exclusivamente por una ambición personal, ni permite desconocer el trabajo desarrollado desde los cargos que ocupó, pero sí obliga a reconocer una coincidencia objetiva entre el área que proporciona hoy una enorme visibilidad política y una eventual carrera electoral construida, al menos en parte, sobre esa misma exposición.

El problema no es tener carrera, sino convertir la seguridad en combustible para ella

Es legítimo que un funcionario aspire a ocupar otro cargo y también lo es que un fiscal pretenda llegar a juez. Una democracia necesita dirigentes con aspiraciones y una Justicia con mecanismos de ascenso profesional. La discusión comienza cuando aquello que debería ser una política pública empieza simultáneamente a producir beneficios reputacionales individuales y, por lo tanto, aparecen incentivos para elevar la espectacularidad de las intervenciones.

La seguridad es especialmente fértil para ese fenómeno porque ofrece imágenes poderosas y resultados comunicacionalmente sencillos. Una detención transmite eficacia, el derribo de un búnker produce una fotografía contundente, un discurso sobre “no dar tregua” proyecta autoridad y la exposición de policías acusados de corrupción permite construir la imagen de una conducción que no protege ni siquiera a los propios.

El problema aparece después, porque una absolución, un sobreseimiento, el archivo de una causa o el levantamiento de una medida cautelar casi nunca reciben la misma cobertura. Allí existe una asimetría comunicacional decisiva: la sospecha genera capital político inmediatamente, mientras la verdad judicial puede tardar meses o años.

Ese mecanismo es una de las expresiones más claras de lo que desarrollamos en Gobernar mediante la sospecha: la sospecha no funciona solamente como punto inicial de una investigación, sino que puede transformarse en un producto político capaz de generar legitimidad para quien aparece administrándola.

Figueroa Escauriza: cuando una política pública se convierte en eslogan personal

Existe un antecedente particularmente ilustrativo porque mostró el mecanismo de manera casi explícita durante una campaña electoral. En marzo de 2025 analizamos el caso de Matías Figueroa Escauriza, entonces funcionario provincial y candidato a concejal de Rosario, cuya propaganda lo presentaba como “el tipo que le sacó los bienes a los narcos”.

La frase era electoralmente formidable, pero institucionalmente mucho más discutible. Figueroa Escauriza no investigaba organizaciones criminales, no efectuaba allanamientos ni ordenaba decomisos; su función comenzaba después de que policías, fiscales y jueces hubieran producido la investigación, el secuestro y la decisión judicial correspondiente. Desde la agencia encargada de administrar los bienes decomisados coordinaba su utilización o subasta, una tarea pública importante, aunque claramente distinta de “sacarle” personalmente esos bienes al narcotráfico.

El problema no estaba en comunicar una gestión legítima, sino en apropiar individualmente una política estatal compleja en la que participaban fiscales, jueces, policías, investigadores y organismos administrativos, hasta transformar una función complementaria en una epopeya electoral personal.

El ejemplo resulta valioso porque permite entender de qué hablamos cuando utilizamos la palabra “trampolín”: no hace falta inventar resultados, alcanza con tomar una política pública colectiva, seleccionar la parte comunicacionalmente más atractiva y convertirla en atributo personal del candidato, mientras quienes realizaron allanamientos, investigaciones, seguimientos y detenciones permanecen generalmente fuera del afiche.

Carbone: de fiscal visible a una trayectoria proyectada hacia la Justicia federal

El recorrido de Franco Carbone ofrece una variante judicial del mismo fenómeno y debe analizarse con particular prudencia, porque progresar profesionalmente como consecuencia de una buena tarea no tiene nada de reprochable.

Carbone se convirtió en una de las caras más visibles de las investigaciones vinculadas al microtráfico, apareció repetidamente en procedimientos y conferencias de prensa de alto impacto y construyó una trayectoria reconocible alrededor de un área que posee enorme relevancia política y mediática. En la actualidad esa trayectoria lo proyecta hacia una posición de mayor jerarquía dentro de la Justicia Federal.

El problema no consiste en afirmar que haya producido causas para conseguir ese crecimiento, porque no tenemos elementos que permitan semejante conclusión. Lo que debemos observar es qué clase de comportamientos premia el propio sistema.

Si las investigaciones más espectaculares generan exposición, reconocimiento y oportunidades profesionales superiores, existe un incentivo institucional objetivo para privilegiar aquello que produce impacto. No hace falta ninguna conspiración para que ese mecanismo opere; basta con que funcionarios inteligentes comprendan qué conductas son recompensadas y qué clase de causas producen mayor visibilidad.

Reconquista: cuando el discurso pretende adelantarse a la prueba

Este problema ya había aparecido con claridad en una audiencia realizada en Reconquista por una presunta filtración de información vinculada con procedimientos antidrogas, episodio que analizamos oportunamente bajo el título “Falacias fiscales”.

En aquella audiencia observamos cómo el discurso podía comenzar a adelantarse respecto de aquello que la evidencia todavía debía demostrar. Se vinculó emocionalmente la investigación con la muerte de dos comisarios de la PDI en un accidente vial, aunque no existía una relación causal demostrada entre ambos episodios; al mismo tiempo se utilizaron expresiones como “la punta del iceberg”, se atribuyó a dos personas el fracaso de determinados allanamientos y se habló de una “gravedad institucional inusitada” mientras la propia investigación continuaba abierta.

Aquella nota no afirmaba que las imputaciones fueran falsas. Señalaba algo diferente y mucho más importante: una cosa es la prueba que debe convencer a un juez y otra el relato destinado a convencer a la opinión pública. Cuando ambos planos se confunden, la condena social puede llegar mucho antes que la sentencia.

Las falacias pueden ganar una conferencia de prensa, pero no deberían sustituir nunca a la prueba.

Edery y Schiappa Pietra: la experiencia de los “fiscales estrella”

Santa Fe posee además antecedentes que aconsejan ser particularmente cuidadosos con la construcción mediática de funcionarios judiciales convertidos en personajes.

Durante años, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra fueron presentados como algunas de las figuras centrales de la persecución del crimen organizado, asociados a investigaciones importantes y a condenas relevantes contra estructuras criminales. Ese trabajo debe ser reconocido y no tendría sentido borrarlo retrospectivamente.

Sin embargo, posteriormente aparecieron denuncias de policías que afirmaron haber sido involucrados injustamente en investigaciones. El excomisario Ernesto Andriozzi sostuvo que se había utilizado una escucha presuntamente adulterada para obtener allanamientos, mientras que Ariel Zancocchia denunció que se había armado una causa en su contra. Es indispensable aclarar que se trata de denuncias y acusaciones, no de hechos judicialmente probados contra los fiscales, y que un proceso disciplinario posterior fue archivado respecto de las faltas graves.

Justamente por eso el antecedente resulta útil: no para condenar retrospectivamente a quienes fueron presentados como “fiscales estrellas”, sino para recordar que ningún funcionario debería quedar protegido de los controles por el capital simbólico acumulado durante años de exposición mediática.

La Justicia pierde cuando transforma a sus funcionarios en héroes personales, porque tarde o temprano aparece la tentación de identificar la crítica al funcionario con un ataque a la institución.

Galfrascoli: del “delincuente con uniforme” a la lógica de los números

Algo semejante puede observarse con Rolando Galfrascoli, director provincial de Investigación Criminal, cuya presencia se volvió habitual en anuncios de allanamientos, detenciones y resultados operativos.

No se trata únicamente de la cantidad de procedimientos comunicados. Ya en junio de este año analizamos sus declaraciones cuando calificó como “delincuentes con uniforme” a dos integrantes de la PDI que estaban sometidos a investigación y llegó a anticipar públicamente que serían exonerados.

El problema era institucionalmente profundo: una exoneración es la sanción administrativa más grave y requiere sumario, derecho de defensa, producción de pruebas y resolución fundada. Si un funcionario anuncia el resultado antes de que termine el procedimiento, aparece inevitablemente la pregunta sobre qué sentido conserva el proceso administrativo.

A esto se suma una lógica de comunicación que presenta como demostración de eficacia la cantidad de allanamientos, aprehensiones y procedimientos realizados. Comunicar resultados es legítimo y necesario, pero actividad estatal no equivale automáticamente a eficacia estatal. Un número elevado de allanamientos puede mostrar intensidad operativa sin decir todavía nada sobre la calidad de las investigaciones ni sobre cuántas acusaciones resistirán posteriormente el control judicial.

Pullaro es el arquitecto político de esta corriente

Todos estos nombres terminan conduciendo hacia Maximiliano Pullaro, no porque pueda atribuirse personalmente cada comportamiento, sino porque estamos frente a una concepción política de la seguridad cuya construcción lleva años y que durante su gobernación adquirió una intensidad mucho mayor.

Pullaro convirtió la seguridad en uno de sus principales activos de legitimación política y la reducción de homicidios y otros indicadores violentos constituye un resultado que el Gobierno puede legítimamente exhibir. Negarlo para sostener una crítica sería intelectualmente pobre y terminaría debilitando precisamente aquello que queremos discutir.

La cuestión es qué precio institucional y humano está dispuesto a pagar un Gobierno para sostener ese activo.

Cuando la seguridad comienza a utilizarse como demostración permanente de autoridad, las garantías pueden ser presentadas como obstáculos, el control judicial como una incomodidad, la crítica como indulgencia frente al delito y el agotamiento del personal policial como una variable secundaria frente a la necesidad de mantener estadísticas y presencia territorial.

Entonces la seguridad corre el riesgo de dejar de ser principalmente un derecho humano y una construcción comunitaria para convertirse en una mercancía política cuya fórmula podría resumirse crudamente como orden a cambio de votos.

Febrero permitió ver quién estaba pagando la cuenta

La protesta policial de febrero de 2026 dejó expuesta una parte del costo oculto detrás de aquella intensidad.

El conflicto no estuvo relacionado exclusivamente con los salarios, porque se venían acumulando jornadas extensas, recargos, endeudamiento, estrés y serios problemas vinculados con las condiciones de trabajo, en un contexto especialmente delicado por los suicidios registrados dentro de la institución y por el agotamiento que denunciaban trabajadores y familiares.

Es importante conservar precisión respecto de las palabras utilizadas entonces por el gobernador. No tenemos documentada una expresión literal en la que Pullaro haya dicho que decidió “sacrificar la vida de los policías”, por lo que no corresponde atribuírsela entre comillas.

Lo que sí resulta posible sostener es que el propio conflicto puso en evidencia hasta qué punto la política de seguridad dependía de mantener una enorme intensidad operativa y cuál podía ser el costo de reducirla. Ese es el corazón del problema: la seguridad puede mejorar para la sociedad mientras simultáneamente deteriora las condiciones de quienes están encargados de producirla, y si eso ocurre, el éxito estadístico deja de ser suficiente para considerar saludable el modelo.

Puertas adentro: qué pasa con quienes tienen que hacer cumplir la ley

Hay una dimensión que casi nunca aparece en las conferencias de prensa y que probablemente sea una de las consecuencias más profundas de este esquema: qué ocurre puertas adentro de la institución policial cuando quienes ejecutan cotidianamente la política de seguridad comienzan a sentir que el Estado les exige cada vez más pero los protege cada vez menos.

La cuestión no puede reducirse únicamente al salario. La desprotección que percibe una parte importante del personal tiene una dimensión material evidente, vinculada con ingresos insuficientes, endeudamiento, adicionales convertidos muchas veces en una necesidad para completar el sueldo, recargos, extensión de jornadas, dificultades habitacionales, gastos familiares y la posibilidad de sufrir una disminución abrupta de los haberes cuando aparece una disponibilidad o una investigación administrativa. Pero junto con esa dimensión económica existe otra menos visible y probablemente igual de corrosiva: la sensación de abandono institucional.

Un policía puede aceptar que su trabajo implica riesgos extraordinarios, horarios irregulares, exposición física y responsabilidades que no posee la mayoría de los trabajadores. Lo que resulta mucho más difícil de procesar es que, después de años de servicio, pueda percibir que ante el primer problema serio la institución que reclamó su disponibilidad permanente se distancia, la conducción política preserva su propia imagen y el trabajador queda obligado a resolver casi en soledad su defensa jurídica, su situación económica y el impacto que todo aquello produce sobre su familia.

Ahí la desprotección deja de ser exclusivamente material y adquiere una dimensión espiritual e institucional, porque comienza a deteriorarse algo esencial para cualquier organización armada: la confianza de sus integrantes en que existe reciprocidad entre aquello que la institución exige y aquello que está dispuesta a ofrecer cuando uno de sus miembros atraviesa una situación crítica.

Una fuerza policial no funciona solamente mediante reglamentos, jerarquías y órdenes. También necesita cohesión, pertenencia, confianza horizontal y, fundamentalmente, la convicción de que la cadena de mando no utiliza a sus subordinados como elementos descartables.

Cuando esa confianza empieza a romperse aparece una pregunta silenciosa, pero devastadora: si mañana me pasa a mí, ¿Quién me va a defender?

El costo material y personal de quedar bajo sospecha

La Doctrina de la Sospecha Permanente adquiere aquí una consecuencia extraordinariamente concreta. Cuando el policía deja de ser quien aplica el poder estatal y pasa a convertirse en objeto de investigación, la maquinaria puede actuar sobre él con una intensidad capaz de modificar inmediatamente su vida cotidiana.

Una disponibilidad preventiva puede afectar ingresos antes de que exista una sentencia, una causa penal obliga a organizar una defensa técnica, la exposición pública puede destruir una reputación construida durante décadas y el señalamiento administrativo puede paralizar ascensos, destinos o perspectivas profesionales. Si finalmente la acusación pierde fuerza, buena parte de esos daños ya habrá ocurrido.

En términos prácticos, la presunción de inocencia puede continuar escrita en la Constitución mientras la persona soporta un castigo económico, profesional y social efectivo.

Ese es uno de los mecanismos mediante los cuales la Ciudadanía de Segunda Clase deja de ser una abstracción. El trabajador policial posee más obligaciones que un ciudadano común debido a las facultades extraordinarias que el Estado le concede, pero cuando ese mismo Estado dirige su aparato contra él puede descubrir que sus garantías son más débiles, sus mecanismos de defensa más precarios y su capacidad económica para soportar una acusación mucho menor que la de quienes toman las decisiones desde niveles superiores.

La desprotección también rompe el sentido de pertenencia

Existe además una dimensión todavía más delicada, porque ninguna institución puede pedir sacrificio permanente a personas que empiezan a sentir que ese sacrificio carece de reciprocidad.

Durante décadas la cultura policial construyó buena parte de su identidad alrededor de valores como servicio, camaradería, pertenencia, deber y disponibilidad. Muchos trabajadores aceptan jornadas, riesgos y exigencias extraordinarias porque consideran que forman parte de una misión que trasciende el empleo, pero esa construcción simbólica puede quebrarse cuando el mensaje institucional comienza a ser contradictorio: se exige compromiso absoluto mientras el respaldo parece condicionado, se pide actuar pero luego cada decisión operativa puede ser analizada en soledad, y se reclama sacrificio familiar mientras las consecuencias económicas de una investigación recaen directamente sobre el hogar del trabajador.

Ahí aparece un deterioro que ninguna estadística criminal registra. Puede bajar el número de homicidios mientras aumenta el desaliento dentro de la fuerza, puede incrementarse la cantidad de procedimientos mientras disminuye el sentimiento de pertenencia y puede multiplicarse la presencia policial en la calle mientras puertas adentro crece la idea de que cada uno debe salvarse como pueda.

La reciprocidad institucional también forma parte de la seguridad

Este punto obliga a incorporar otra pregunta a la discusión: ¿Qué le debe el Estado al trabajador al que exige semejante nivel de responsabilidad?

No se trata de reclamar impunidad corporativa ni protección automática frente a cualquier conducta. La reciprocidad institucional significa algo mucho más elemental: salarios que permitan vivir sin depender estructuralmente del adicional, descanso suficiente, asistencia jurídica efectiva, acompañamiento psicológico cuando sea necesario, condiciones razonables de trabajo, protocolos claros y garantías administrativas reales cuando el propio trabajador queda sometido a investigación.

Si el Estado exige profesionalismo, debe ofrecer una estructura profesional; si exige responsabilidad, tiene que proporcionar respaldo, y si reclama respeto por las garantías de los ciudadanos, también debe respetar con la misma rigurosidad las garantías del policía cuando ese policía pasa a ocupar el lugar del investigado.

De lo contrario se construye una relación profundamente desequilibrada: la institución reclama lealtad absoluta hacia arriba mientras ofrece protección relativa hacia abajo.

Primero se exprime al policía y después se lo transforma en fusible

La contradicción aparece entonces con mucha mayor claridad cuando se observa el lugar reservado al trabajador policial.

Se le exige disponibilidad, presencia, resultados, adicionales, recargos y capacidad de responder permanentemente ante situaciones complejas, pero cuando un procedimiento produce un costo institucional importante o una investigación coloca al propio agente bajo sospecha, la solidaridad vertical puede desaparecer con extraordinaria rapidez.

Allí funciona aquello que definimos como fusible policial.

El funcionario político conserva su relato de gestión, el fiscal mantiene su investigación, la conducción comunica que nadie será protegido y el policía investigado queda enfrentado a una disponibilidad, una reducción salarial, gastos de defensa, daño reputacional y una incertidumbre que puede extenderse durante años. Si después resulta absuelto, sobreseído o la acusación pierde fuerza, la conferencia de prensa reparadora casi nunca existe.

En junio ya habíamos advertido sobre efectivos sometidos a disponibilidades preventivas, sumarios interminables, afectaciones salariales y carreras dañadas para terminar posteriormente absueltos o sobreseídos. La discusión no consistía en otorgar impunidad al policía, sino en recordar que la presunción de inocencia no es un privilegio y que las instituciones deben ser capaces simultáneamente de expulsar a quien delinque y proteger rigurosamente a quien todavía no ha sido declarado culpable.

Una fuerza agotada también es un problema de seguridad pública

La paradoja final es que esta desprotección no perjudica solamente a los policías, porque también termina afectando a la sociedad.

Un trabajador agotado, endeudado, preocupado por su familia, resentido con su propia institución o convencido de que cualquier intervención puede dejarlo solo difícilmente se encuentre en las mejores condiciones para ejercer una función que exige equilibrio, criterio, autocontrol y capacidad de tomar decisiones en segundos.

Por eso las condiciones laborales del personal policial no son un asunto corporativo separado de la seguridad pública, sino una parte constitutiva de ella.

La comunidad necesita policías controlados, pero también necesita policías respaldados; necesita procedimientos transparentes y sometidos a revisión, pero también trabajadores capaces de ejercer autoridad sin sentir que una decisión razonable puede transformarse en su ruina personal si posteriormente cambia el clima político.

Una política de seguridad que acumula éxitos hacia afuera mientras deteriora silenciosamente a quienes deben sostenerla desde adentro contiene una fragilidad estructural que tarde o temprano termina apareciendo.

Ese es quizás uno de los costos menos visibles de convertir la seguridad en trampolín: mientras algunos construyen carreras sobre los resultados, otros comienzan a preguntarse cuánto más pueden soportar para seguir produciéndolos.

El sistema puede fabricar incentivos sin que nadie se reúna para hacerlo

El riesgo más serio no consiste necesariamente en imaginar una mesa donde políticos, fiscales y funcionarios acuerdan utilizar la seguridad para ascender, porque los sistemas reales funcionan de una manera mucho más sutil.

Cuando un fiscal observa que determinadas investigaciones producen reconocimiento público, prestigio institucional y eventualmente mejores oportunidades profesionales, aparece un incentivo objetivo. Cuando un político descubre que cada operativo, cada detención y cada discurso de dureza mejora su perfil electoral, ocurre lo mismo. Cuando un funcionario comprende que una conferencia de prensa repleta de cifras extraordinarias lo convierte en una figura reconocible, el mecanismo vuelve a repetirse.

Nadie necesita coordinarlo porque el propio sistema comienza a premiar la espectacularidad.

Y cuando la espectacularidad se convierte en moneda profesional, las garantías constitucionales comienzan a competir no solamente contra una determinada ideología de seguridad, sino también contra intereses concretos de carrera.

Quién controla al que capitaliza la sospecha

Allí vuelve a aparecer Gobernar mediante la sospecha.

El problema no consiste simplemente en que el Estado sospeche demasiado. La cuestión se vuelve mucho más delicada cuando determinados actores institucionales pueden obtener beneficios políticos, profesionales o reputacionales de esa sospecha.

Cuantos más sospechosos públicos existen, más actividad puede exhibirse; cuantos más operativos se realizan, más contundente parece una gestión, y cuantas más estructuras se anuncian como desarticuladas, mayor puede presentarse el éxito.

Pero un Estado de Derecho no debería medirse solamente por su capacidad para identificar enemigos y desplegar poder sobre ellos, sino también por su capacidad de contenerse cuando todavía no posee pruebas suficientes. Esa segunda virtud produce muchas menos fotografías, pero probablemente diga bastante más sobre la calidad democrática de una institución.

La seguridad es un derecho, no una franquicia electoral

La crítica tampoco debería conducir al extremo opuesto y negar los resultados obtenidos en la reducción de determinados niveles de violencia. La pregunta que corresponde formular es qué tipo de seguridad queremos construir a partir de esos avances.

Una seguridad democrática debería estar vinculada con la comunidad, la prevención, la Justicia, el desarrollo urbano, la profesionalización policial, la participación ciudadana, los controles sociales y garantías efectivas para todas las personas.

Una lógica de seguridad intensiva, en cambio, puede terminar estructurándose alrededor del despliegue coercitivo permanente, la multiplicación de procedimientos, las métricas de actividad y la figura del dirigente que promete protección a cambio de ampliar cada vez más la capacidad de intervención del Estado.

Cuando predomina ese segundo modelo, las personas corren el riesgo de transformarse en instrumentos de una maquinaria política y comunicacional: el sospechoso permite demostrar eficacia, el policía agotado garantiza presencia territorial, el policía acusado demuestra depuración, el fiscal visible acumula prestigio, el funcionario político acumula capital electoral y quien encabeza el sistema puede presentar todos esos movimientos como demostración de liderazgo.

La pregunta que debería empezar a incomodar

El caso de Venado Tuerto vuelve especialmente actual esta discusión porque muestra una estructura estatal capaz de desarticular la conducción de una dependencia destinada a combatir el microtráfico a partir de una delación que inicialmente ni siquiera identificó por nombre a los funcionarios, detenerlos y presentarlos públicamente bajo una narrativa de corrupción mientras todavía se esperaba que los dispositivos secuestrados aportaran nuevos elementos a la investigación.

En esa misma escena aparecen Angelini construyendo un perfil político alrededor de la seguridad, Carbone proyectando una trayectoria judicial que puede llevarlo hacia la Justicia Federal, Galfrascoli como una de las caras públicas de la intensidad operativa y Pullaro como el principal arquitecto político de un modelo que convirtió a la seguridad en uno de sus mayores activos. A ese cuadro debe agregarse el antecedente de Figueroa Escauriza, que mostró casi didácticamente cómo una política pública construida por numerosas instituciones puede ser reducida en campaña a un eslogan personal: “el tipo que le sacó los bienes a los narcos”.

Nada de esto prueba que cada uno de esos funcionarios haya actuado con una intención espuria y sería irresponsable presentarlo de esa manera, pero el conjunto configura un sistema de incentivos que merece ser observado críticamente.

Porque cuando la seguridad comienza a producir prestigio, candidaturas, ascensos profesionales y poder, la pregunta deja de ser únicamente quién combate mejor al delito y comienza a aparecer otra bastante más incómoda: ¿Quién controla a quienes obtienen capital personal de combatirlo?

Y todavía queda una más, quizá mucho más importante para quienes están abajo del sistema: ¿Qué recibe a cambio el trabajador policial al que se le exige poner el cuerpo, sostener las estadísticas y absorber las consecuencias cuando algo sale mal?

Ese es el límite que Santa Fe debería discutir antes de que el éxito estadístico termine justificando cualquier precio. Las garantías constitucionales, la dignidad de los ciudadanos, la salud material y espiritual de los trabajadores policiales y la presunción de inocencia no pueden convertirse en variables de ajuste para construir carreras políticas o judiciales.

La seguridad es demasiado importante para reducirla a un trampolín. Es un derecho humano, una construcción de la comunidad y una responsabilidad del Estado que debe alcanzar tanto a quienes necesitan protección frente al delito como a quienes diariamente son enviados a la calle para proporcionarla. Si algunos construyen carreras sobre la seguridad mientras quienes la sostienen comienzan a sentirse solos, agotados y descartables, entonces el problema ya no es solamente policial: es institucional, político y profundamente democrático.

“Quien quiera oír que oiga”

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