El gobernador habló de “manos negras” y “operaciones” para defender al MPA y a María Cecilia Vranicich, pero no identificó responsables ni aportó pruebas públicas. El episodio reaviva una discusión más amplia: la relación del poder con los medios que no se alinean con su relato y el contraste con el Pullaro de 2017, que denunciaba operaciones cuando una investigación fiscal alcanzaba su propia gestión.
El gobernador Maximiliano Pullaro decidió llevar varios escalones más arriba su defensa del Ministerio Público de la Acusación. Ya no se trató solamente de reivindicar la actuación de los fiscales ni de destacar su papel dentro de la política de seguridad provincial, sino de denunciar públicamente que existirían sectores interesados en desprestigiar al organismo y que esas maniobras habrían encontrado expresión en distintos medios de comunicación.
La afirmación fue realizada en Rosario, durante las Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales, ante fiscales y procuradores de distintas provincias, funcionarios judiciales y autoridades vinculadas con la seguridad. En ese escenario, Pullaro dejó en claro que el respaldo no era meramente institucional, sino también personal, al señalar que su gobierno iba a defender la labor del MPA y, de manera expresa, “el liderazgo y la conducción” de María Cecilia Vranicich. Recordemos que también apunto contra los abogados penalistas y los exhorto a «no hacerse los zonzos».
Inmediatamente después habló de “manos negras” que buscarían desprestigiar al organismo y, en declaraciones posteriores, profundizó esa idea al afirmar que en el último tiempo habían observado “muchas operaciones en muchos medios de comunicación”, aunque aclarando que no responsabilizaba directamente a esos medios.
La acusación no es menor porque, si efectivamente existe una maniobra organizada destinada a erosionar la conducción del organismo encargado de la persecución penal provincial, la cuestión excede ampliamente una simple disputa sobre coberturas periodísticas y pasa a tener una dimensión institucional considerable. los medios que hoy incomodan al gobierno son precisamente aquellos que no asumieron como propia la narrativa oficial sobre seguridad, Justicia y MPA; por eso la denuncia de “operaciones” puede leerse también como un intento de deslegitimar a quienes mantienen una posición crítica.
¿Quiénes son las “manos negras”?
Hasta ahora, sin embargo, Pullaro no identificó públicamente quiénes serían los responsables de esas operaciones, tampoco explicó qué publicaciones integrarían la supuesta maniobra, qué información difundida sería falsa ni cuáles son los elementos concretos que le permiten sostener que detrás de determinadas críticas existe una acción coordinada.
Esa ausencia de precisiones resulta importante porque una cosa es considerar injusta, tendenciosa o equivocada una publicación y otra bastante distinta es sostener que detrás de numerosas notas existen intereses ocultos destinados a desprestigiar una institución estatal y a debilitar a quien la conduce.
Si el gobernador dispone de información concreta sobre actores políticos, económicos, judiciales o de cualquier otra naturaleza que intentan interferir sobre el funcionamiento del MPA, sería razonable que esa información fuera conocida y, eventualmente, puesta a disposición de las autoridades competentes. De lo contrario, la palabra “operación” corre el riesgo de transformarse en una categoría demasiado amplia, capaz de englobar cualquier investigación periodística, crítica institucional o cuestionamiento público.
Un respaldo que tiene nombre y apellido
Pullaro no se limitó a defender una estructura abstracta. Eligió respaldar directamente a María Cecilia Vranicich y reivindicar su “liderazgo y conducción”, lo que revela que el gobernador interpreta los cuestionamientos recientes no sólo como ataques al organismo, sino también como intentos de erosionar personalmente a la fiscal general.
Ese apoyo político adquiere especial relevancia porque el MPA atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. La investigación sobre el exfiscal Mariano Ríos Artacho reabrió interrogantes sobre los controles internos del organismo y sobre la capacidad de detectar irregularidades que, según las imputaciones conocidas, se habrían desarrollado durante años dentro de la propia estructura.
Es precisamente en ese contexto donde Pullaro coloca la denuncia sobre las “operaciones”. La Política Online, en una nota firmada por Hernán Lascano, vinculó el malestar del gobierno con publicaciones que cuestionaron el manejo institucional del caso Ríos Artacho y describió la interpretación oficial como la existencia de sectores interesados en debilitar a Vranicich.
El cuadro político, por lo tanto, aparece bastante claro: el gobierno considera que existe una ofensiva contra la conducción del MPA. Lo que sigue sin conocerse con igual claridad es cuál es la prueba concreta de esa ofensiva.
Cuando cuestionar al MPA puede ser presentado como “operar”
El problema institucional empieza a aparecer cuando se intenta establecer dónde termina una investigación periodística legítima y dónde comienza una operación organizada. Las instituciones públicas no están exentas de críticas y mucho menos una institución con el nivel de poder que posee el Ministerio Público.
Los fiscales deciden qué hechos investigar, qué hipótesis impulsar, qué medidas solicitar, qué prisiones preventivas sostener, qué acuerdos celebrar y qué acusaciones llevar a juicio. Ese poder, precisamente porque es enorme, requiere transparencia, controles y escrutinio público.
Por eso, si el gobernador considera que determinadas publicaciones no son simplemente críticas, sino parte de una maniobra coordinada, debería explicar cuál es la diferencia y qué elementos objetivos permiten establecerla. De otro modo, la defensa del MPA puede terminar generando un efecto paradójico: colocar bajo sospecha a cualquiera que investigue o cuestione su funcionamiento.
El recuerdo incómodo de 2017
La defensa actual del gobernador también obliga a mirar hacia atrás porque la relación de Pullaro con el Ministerio Público no siempre fue tan armónica. En 2017, cuando era ministro de Seguridad, los fiscales Roberto Apullán y María Laura Martí investigaban presuntas irregularidades vinculadas con funcionarios policiales y, en ese contexto, fue intervenida una línea telefónica utilizada por el entonces ministro.
Las escuchas incluyeron conversaciones de Pullaro con el exjefe policial Adrián Rodríguez, con autoridades del Ministerio Público y con funcionarios políticos. La investigación generó una crisis institucional de gran magnitud y la reacción del actual gobernador fue muy distinta de la que exhibe hoy.
Pullaro denunció entonces lo que definió como “operaciones oscuras y sistemáticas”, habló de sectores interesados en golpear su gestión y presentó actuaciones para investigar cómo se habían producido las intervenciones telefónicas. En declaraciones posteriores llegó incluso a sostener que los fiscales involucrados habían sido “instrumento de alguien” y afirmó que quería saber si detrás existían sectores políticos o policiales interesados en desplazarlo del Ministerio de Seguridad.
El contraste con la actualidad resulta inevitable.
Ayer las operaciones venían desde la investigación; hoy vendrían contra el MPA
No se trata de afirmar que ambas situaciones sean idénticas ni de desconocer que aquella investigación tuvo derivaciones posteriores y que Pullaro no terminó imputado por los hechos que motivaron las escuchas. Pero el paralelismo político existe y ayuda a entender por qué la denuncia actual merece ser examinada con especial atención.
Cuando una investigación del MPA alcanzó sus comunicaciones y afectó directamente a su gestión como ministro, Pullaro sospechó de las motivaciones de los fiscales y habló de operaciones. Hoy, cuando conduce el Poder Ejecutivo y mantiene una relación pública de fuerte cooperación con la conducción del Ministerio Público, vuelve a utilizar el lenguaje de las operaciones, pero esta vez para defender a los fiscales y a la propia Vranicich.
Las operaciones, en definitiva, cambiaron de lugar. En 2017, el problema parecía estar detrás de quienes investigaban. En 2026, según el gobernador, estaría detrás de quienes cuestionan al organismo.
Una historia institucional mucho más compleja
Aquella crisis de 2017 tampoco admite simplificaciones. Los jueces que intervinieron sostuvieron entonces que las escuchas habían sido judicialmente autorizadas dentro de una investigación por presuntos hechos de corrupción y que, inicialmente, quienes participaban de la pesquisa afirmaban desconocer que una de las líneas pertenecía al ministro.
Posteriormente, Apullán y Martí denunciaron haber encontrado obstáculos internos mientras investigaban lo que describían como un entramado de corrupción político-policial con protección judicial y sostuvieron que terminaron desplazados de determinadas causas. Más tarde también existieron actuaciones contra los propios fiscales, lo que convirtió aquel episodio en una verdadera batalla institucional dentro del sistema de persecución penal santafesino.
Justamente por eso resulta pertinente recordarlo ahora, porque muestra que Pullaro conoció desde el otro lado el poder de una investigación fiscal y reclamó entonces controles, explicaciones y responsabilidades.
¿Qué cambió entre aquel MPA y este MPA?
La pregunta aparece sola: ¿Qué ocurrió para que aquel funcionario que denunciaba operaciones alrededor de una investigación fiscal hoy se convierta en uno de los defensores políticos más enfáticos del Ministerio Público?
Parte de la respuesta puede encontrarse en la política de seguridad. Pullaro atribuye una porción importante de la reducción de homicidios y de la recuperación territorial en Rosario al trabajo coordinado entre policías, fiscales, Justicia y Poder Ejecutivo, y durante su intervención sostuvo que los resultados obtenidos se habían conseguido “juntos”.
Esa proximidad funcional, sin embargo, también obliga a reafirmar una frontera. El MPA puede coordinar acciones con el gobierno, pero no puede transformarse en una extensión de su política criminal ni en una dependencia funcional del Ministerio de Seguridad. Su independencia se vuelve realmente significativa cuando debe investigar a funcionarios, policías o dirigentes cercanos al poder.
La defensa cerrada también merece preguntas
Que el gobernador defienda al Ministerio Público frente a una eventual presión ilegal puede ser perfectamente legítimo. Lo que resulta necesario es saber cuál es la naturaleza de esa presión.
¿Conoce Pullaro quiénes serían los responsables de las operaciones? ¿Existen investigaciones abiertas? ¿Fueron identificadas las supuestas “manos negras”? ¿Hay funcionarios judiciales, dirigentes políticos, sectores económicos o actores del propio sistema de Justicia involucrados? ¿Se presentó alguna denuncia?
O, por el contrario, ¿se está utilizando la expresión “operación” para describir una sucesión de publicaciones críticas y cuestionamientos al funcionamiento interno del organismo?
La diferencia es sustancial.
Del MPA incómodo al MPA integrado al relato de seguridad
El contraste entre 2017 y 2026 no demuestra por sí mismo una subordinación institucional, pero sí revela una transformación política evidente. Aquel Ministerio Público podía convertirse en una fuente de enorme incomodidad para el ministro de Seguridad. El actual aparece públicamente integrado al relato gubernamental sobre el éxito de la política de seguridad.
Eso no significa necesariamente que el MPA haya perdido independencia, pero precisamente para preservar esa independencia sería inconveniente que su defensa institucional quedara confundida con la defensa política que realiza el gobernador.
El Ministerio Público necesita autonomía tanto frente a quienes intenten presionarlo como frente a quienes pretendan abrazarlo demasiado fuerte.
La memoria también forma parte del control institucional
Pullaro tenía derecho en 2017 a cuestionar una investigación que consideraba irregular y tiene derecho ahora a defender al MPA si considera que está siendo objeto de una maniobra. Pero ambos episodios deberían quedar sometidos al mismo estándar: hechos, nombres y pruebas.
Cuando entonces afirmó que los fiscales habían sido “instrumentos de alguien”, reclamaba saber quién estaba detrás. Hoy corresponde formular exactamente la misma pregunta respecto de las “manos negras” que, según sostiene, intentan desprestigiar al organismo.
Porque una fiscalía verdaderamente independiente no necesita ser protegida de las críticas, sino de las presiones. Y no es lo mismo.
Las investigaciones periodísticas, las críticas académicas, las denuncias de abogados o los cuestionamientos de ciudadanos forman parte del funcionamiento democrático. Una operación ilegal destinada a condicionar fiscales sería otra cosa muy distinta.
Si Pullaro afirma que esa operación existe, debería explicar qué elementos concretos sostienen semejante acusación.
Hasta entonces queda una paradoja política difícil de ignorar: el mismo dirigente que cuando una investigación fiscal se acercó a su gestión denunció operaciones oscuras, hoy denuncia otras operaciones para defender a la conducción del organismo que entonces cuestionaba.
La pregunta de fondo, por lo tanto, no debería ser quién está políticamente junto al Ministerio Público, sino algo bastante más importante: si el MPA puede conservar la misma independencia cuando trabaja coordinadamente con el poder que cuando debe investigarlo.
El problema no es sólo el complot
La discusión abierta por las palabras de Pullaro no termina en determinar si realmente existe una operación contra el MPA o contra María Cecilia Vranicich. Hay una cuestión más profunda, que tiene que ver con la forma en que el gobernador parece concebir el conflicto político y el disenso.
En su discurso aparece con frecuencia una lógica binaria: quienes acompañan una política, una gestión o una determinada lectura de la seguridad quedan del lado correcto; quienes cuestionan, investigan o contradicen corren el riesgo de ser incorporados al universo de los operadores, las “manos negras”, los sectores oscuros o los intereses que conspiran contra aquello que el gobierno considera correcto.
Ese modo de leer la política resulta especialmente delicado cuando proviene de alguien que concentra una enorme cantidad de resortes estatales. No porque el ejercicio de esos poderes sea ilegítimo por sí mismo, sino porque cuanto mayor es la capacidad institucional de un gobierno, mayor debería ser también su tolerancia frente al desacuerdo.
Un adversario no es un enemigo
El adversario comparte el mismo espacio político, institucional o democrático y disputa dentro de él; el enemigo, en cambio, es esta fuera de ese espacio común. Enemigo significa únicamente aquel que no permite que yo viva. Mi enemigo no es el que piensa de otra forma, el que tiene otro color de piel, el que vive en otro lugar. Sino simplemente y únicamente aquel que no permite que yo exista.
El adversario compite, contradice, cuestiona y busca desplazar al otro, pero reconoce —al menos en principio— reglas compartidas, legitimidad recíproca y un marco común de convivencia. El enemigo, en cambio, es percibido como alguien cuya sola existencia o influencia debe ser neutralizada, excluida o eliminada del espacio de disputa.
Un periodista crítico no es necesariamente un operador. Un fiscal que investiga al poder no es por eso instrumento de alguien. Un abogado que cuestiona una política criminal no integra automáticamente una organización delictiva. Y un medio que no acompaña el relato oficial no se convierte, por ese solo hecho, en parte de una conspiración.
Ese límite es fundamental porque el poder democrático no se mide solamente por su capacidad para imponer decisiones, reducir delitos o construir mayorías, sino también por su disposición a aceptar voces que no controla.
Por eso la pregunta final que deja esta denuncia no es solamente quiénes serían las “manos negras” que, según Pullaro, operan contra el MPA. La pregunta más incómoda es otra: ¿Qué lugar queda, dentro de esa concepción del poder, para el adversario democrático que no se deja alinear, disciplinar ni domesticar?
“Quien quiera oír que oiga”
(*) Ex oficial de la PSF. Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral – UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV), «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI) ,«Gobernar mediante la sospecha», «Ciudadanía de Segunda Clase (CSC)» , ¿En nombre del odio? y «La Masacre de Rosario».
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