SAN JAVIER: Denuncian maltrato institucional y pases arbitrarios en la Policía Vial

En la Unidad Operativa Regional VII de la Dirección General de Policía Vial, con asiento en San Javier,crece el malestar.

Por Alberto Martínez (*)

“Nos quieren sacar como si fuésemos un estorbo. Madres con hijos discapacitados, obligadas a elegir entre la salud de su familia y su vocación. Algunas ya entregaron el arma.”
— Testimonio reservado de una compañera de la Vial

Desde diciembre pasado, múltiples efectivos han sido trasladados de manera compulsiva a destinos como Rosario, Reconquista o Santa Fe. Pero lo que más indignación genera es la situación de mujeres policías que son madres de niños con discapacidad o con enfermedades crónicas, forzadas al desarraigo, sin respuestas administrativas ni criterios humanitarios.

Quiénes están afectadas

Según información recabada por este medio, al menos tres mujeres policías —Suboficial Luciana Mendoza, Suboficial Mariana Giménez y Subinspector Maira Godoy— se encuentran en carpeta médica psiquiátrica tras haber sido trasladadas abruptamente, perdiendo no solo su destino sino también su estabilidad emocional y familiar. Una de ellas, madre de una hija con el 100% de discapacidad, fue enviada a Rosario, a más de 300 kilómetros, sin que le respondieran el recurso administrativo que presentó en tiempo y forma.

Denuncias graves contra el comisario Villanueva

El principal señalado es el Comisario Supervisor Juan Villanueva, actual jefe de la Unidad VII, acusado de:

• Solicitar traslados sin justificación ni criterio operativo.

• Amenazar con excluir de la Vial a quienes presenten licencias médicas.

• Exigir al personal, entre diciembre y marzo, que informara por escrito qué hacían en sus francos, medida sin sustento normativo.

• Desmantelar la unidad, reduciendo de 43 a solo 20 los efectivos en funciones.

• Generar un clima de miedo y malestar institucional que llevó a algunas trabajadoras al límite: entregar el arma reglamentaria por no poder resistir más la presión.

Impacto en la salud mental

Estas situaciones han derivado en cuadros de estrés crónico, depresión y aislamiento institucional. Como reflejo de otros casos como el de la oficial Caren Altamirano, la salud mental policial sigue siendo ignorada, y los mecanismos de contención no funcionan. Lo que debiera ser prevención y acompañamiento, hoy se convierte en castigo y abandono.

¿Y la legalidad de estos traslados?

Las afectadas afirman haber presentado recursos administrativos que nunca fueron respondidos, violando así los principios de debido proceso y derecho de defensa. Esto contradice la normativa vigente en materia de traslados y protección de derechos laborales, especialmente cuando hay personas con responsabilidades familiares especiales.

Además, en Santa Fe rige el Régimen de Cambio de Destino (Decreto 4584/77) y la Ley Orgánica de la Policía (1975), que establecen causales y procedimientos específicos para los traslados, que no pueden ser discrecionales ni utilizados como medida disciplinaria encubierta.

Listado de personal de la Vial – Unidad Operativa Regional VII (San Javier) que fue trasladado:

1. Oficial Grandolio

2. Inspector Betoschi

3. Inspector Uviedo

4. Subinspector Godoy Maira

5. Suboficial Giménez Mariana

6. Suboficial Mendoza Luciana

7. Suboficial Andino

8. Suboficial Solís

9. Suboficial Sartor

10. Subinspector López

11. Oficial Avendaño

12. Suboficial Constante

13. Suboficial Zacarías

14. Subinspector Montiel

15. Oficial Aguirre

16. Oficial Rivero

Un llamado urgente a las autoridades

Desde APROPOL instamos al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe a:

• Investigar de inmediato las acciones del Comisario Supervisor Juan Villanueva.

• Revisar todos los traslados realizados desde diciembre de 2024 a la fecha.

• Garantizar el regreso de las trabajadoras trasladadas de forma injustificada.

• Reconocer los derechos de las madres policías con hijos a cargo y con discapacidades.

• Activar protocolos de prevención en salud mental y evitar nuevas tragedias.

«Cuando se maltrata a una madre policía, se abandona a un hijo con necesidades. Y eso no se llama servicio público, se llama crueldad institucional.»

¡Quién quiera oír que oiga!

(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública. Especialista en seguridad y derechos laborales de los trabajadores policiales y penitenciarios.

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