Los hechos ocurridos frente al Congreso vuelven a mostrar dos procesos que avanzan al mismo tiempo: una utilización cada vez más riesgosa y políticamente degradante del personal policial y, frente a ella, una sociedad que registra, identifica, reconstruye e interpela de manera ascendente toda la cadena de decisiones. El problema ya no termina en quién golpeó o quién disparó, sino en quién ordenó, quién condujo y quién decidió colocar a esos trabajadores uniformados en semejante escenario.
Una escena que ya no puede explicarse como un simple operativo
Lo ocurrido frente al Congreso no debería analizarse como un episodio aislado ni reducirse al viejo esquema de manifestantes violentos contra policías que intentan restablecer el orden, porque esa simplificación sirve para ordenar un relato político, pero resulta insuficiente para comprender lo que está ocurriendo en las calles argentinas, donde la protesta social, la respuesta coercitiva del Estado y la observación ciudadana se entrelazan cada vez con mayor intensidad.
Dentro de una movilización pueden existir personas violentas, provocadores, grupos organizados para producir incidentes o individuos dispuestos a atacar a la fuerza pública, y tampoco puede sostenerse seriamente que la Policía deba permanecer inmóvil frente a una agresión concreta. La obligación profesional consiste precisamente en distinguir, individualizar, graduar y actuar dentro de la ley, porque una cosa es neutralizar a quien arroja una piedra y otra muy distinta es convertir a toda una concentración heterogénea en un enemigo colectivo sobre el cual descargar gases, golpes, persecuciones o detenciones indiscriminadas.
Lo preocupante es que esa diferencia empieza a borrarse con demasiada frecuencia, mientras el personal policial y de seguridad queda colocado en el lugar más visible de una decisión que no adopta, pero cuyas consecuencias sociales, jurídicas y personales termina absorbiendo casi en soledad.
El problema de los infiltrados y de las identidades ambiguas
Uno de los aspectos más peligrosos de este tipo de operativos es la presencia, real o presunta, de personas que actúan de civil, infiltrados, agentes encubiertos o individuos que utilizan prendas, elementos o indumentaria policial sin una identificación suficientemente clara, porque en un escenario de alta tensión cualquier ambigüedad de ese tipo puede convertirse en un multiplicador del conflicto.
No toda presencia de personal de civil es necesariamente ilegal, ya que existen funciones operativas, preventivas y de inteligencia que pueden justificar determinadas modalidades de actuación, pero el problema comienza cuando esas personas intervienen físicamente dentro de una protesta, participan en detenciones, se mezclan con manifestantes o actúan junto a formaciones uniformadas sin que resulte posible determinar con precisión quiénes son, a qué estructura pertenecen y bajo qué cadena de mando están actuando.
Eso es peligroso para los manifestantes, porque instala la sospecha de provocaciones y rompe cualquier posibilidad de diferenciar con claridad entre ciudadano y agente estatal; también es peligroso para la propia fuerza, porque cualquier acción violenta ejecutada por una persona con ropa policial o apariencia operativa puede ser atribuida posteriormente al conjunto del dispositivo; y es particularmente peligroso para el policía uniformado, que puede terminar pagando políticamente por una acción que ni siquiera conocía o controlaba.
En una sociedad hipervigilada, saturada de teléfonos, cámaras, transmisiones en vivo y archivos digitales, jugar con esas zonas grises no es astucia operativa, sino una forma de imprudencia institucional.
El poder ya no observa solo: también es observado
Éste es uno de los ejes centrales de El poder observado, mi trabajo de próxima publicación, porque durante décadas el Estado mantuvo una posición privilegiada en materia de vigilancia: observaba, registraba, fotografiaba, filmaba, identificaba y construía el relato oficial de un procedimiento, mientras el ciudadano disponía de escasas herramientas para disputar esa reconstrucción.
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Hoy esa relación cambió de manera profunda. Un operativo puede ser registrado simultáneamente desde decenas de dispositivos, reconstruido desde distintos ángulos y comparado posteriormente con transmisiones, fotografías, comunicaciones públicas y archivos previos. El parte oficial dejó de monopolizar la verdad de lo ocurrido y la transparencia ya no depende exclusivamente de que el Estado decida informar. En consecuencia, el antiguo observador también sabe ahora que está siendo observado.
Esa observación social no es necesariamente ordenada, imparcial ni jurídicamente prolija; puede producir errores, identificaciones equivocadas, acusaciones injustas o linchamientos digitales, pero también puede reconstruir responsabilidades, demostrar abusos, proteger a policías falsamente acusados y revelar contradicciones entre el relato oficial y lo que efectivamente ocurrió.
Por eso sostengo que estamos ingresando en una etapa de trazabilidad social ascendente, en la cual la sociedad ya no pregunta solamente quién empujó, quién golpeó o quién disparó, sino que empieza a preguntar quién dio la orden, quién dirigió el dispositivo, qué protocolo estaba vigente, qué funcionario diseñó la estrategia y qué decisión política convirtió un conflicto social en una intervención coercitiva. Esa mirada busca reconstruir el recorrido completo de la actuación estatal, desde el agente que ejecuta hasta las órdenes, supervisiones, incentivos y decisiones políticas que conforman el contexto operativo.
La protesta también interpela al que está detrás del escudo
Hay otro fenómeno que merece atención porque modifica silenciosamente la lógica del operativo y porque el poder político parece no haber terminado de comprenderlo. Cada vez con mayor frecuencia, los manifestantes no se limitan a confrontar con la fuerza, sino que intentan hablarle directamente al policía que está detrás del uniforme, recordándole que también es trabajador, que también tiene salarios, familias, padres que envejecen, hijos que estudian y problemas económicos semejantes a los de quienes están protestando.
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No siempre esa interpelación produce un efecto visible, y sería ingenuo idealizarla, porque existen órdenes, tensiones, agresiones y situaciones en las que la distancia entre ambas partes resulta enorme. Sin embargo, también hay momentos en los que la protesta deja de ser solamente una confrontación y empieza a parecerse, aunque sea durante algunos minutos, a una asamblea espontánea en la que el manifestante intenta atravesar simbólicamente el escudo para hablarle a la persona que está adentro.
El Estado puede ordenar una formación, establecer un perímetro y disponer un avance, pero no puede controlar completamente aquello que cada policía escucha ni lo que esas palabras producen cuando termina el servicio, porque después de horas de tensión, ruido, insultos, empujones, órdenes contradictorias y desgaste físico, ese trabajador vuelve a su casa, donde comienza otra conversación con su pareja, sus hijos, sus hermanos o sus padres, todos ellos expuestos a las mismas imágenes que circularon durante la jornada.
La humillación del personal policial también tiene un responsable político
Hay algo que quienes conducen estos operativos deberían comprender antes de que el desgaste se vuelva irreversible: el personal policial está siendo expuesto de manera creciente a situaciones profundamente humillantes, porque quienes diseñan protocolos, despliegues y estrategias de control del espacio público no son quienes reciben los insultos, los empujones, los escupitajos, las piedras ni las cámaras a pocos centímetros del rostro, y tampoco son quienes posteriormente aparecen identificados en redes sociales, señalados públicamente o mencionados en una denuncia judicial.
Ese costo desciende por la cadena jerárquica hasta alcanzar al trabajador uniformado. Mientras el operativo funciona y produce la imagen de control que el poder político desea exhibir, el éxito pertenece al Gobierno; cuando aparece una imagen difícil de justificar o cuando un procedimiento genera consecuencias judiciales, la responsabilidad empieza a descender rápidamente hasta encontrar un nombre, un legajo y una placa.
Ese mecanismo es precisamente el que vengo describiendo desde hace tiempo como el policía fusible, porque la política diseña la escena y el trabajador termina administrando sus consecuencias. La responsabilidad individual existe, naturalmente, pero no puede utilizarse para ocultar quién ordenó, quién supervisó, qué mandos condujeron y qué lógica política produjo finalmente la intervención.
Pero el uniforme tampoco habilita la indignidad
Nada de lo anterior debe interpretarse como una defensa automática de cualquier conducta policial, porque hacerlo sería tan irresponsable como culpar al conjunto de la fuerza por los abusos de algunos. Hay acciones que no admiten justificación profesional, y golpear innecesariamente a un jubilado, agredir a una persona con discapacidad, patear a alguien que se encuentra en el suelo o descargar violencia sobre quien no representa una amenaza concreta no es cumplimiento del deber, ni disciplina, ni firmeza.
Es una degradación de la función.
La verticalidad no convierte a una persona en autómata y la disciplina no elimina el deber de reconocer límites evidentes. Una fuerza que pretende reclamar respeto debe empezar por ejercer autoridad de manera respetable, porque cada imagen de brutalidad gratuita no solamente lesiona a la víctima inmediata, sino que degrada a miles de policías que cumplen correctamente su tarea y terminan identificados socialmente con conductas que jamás aceptarían.
Ése es también el límite de cualquier defensa seria del trabajador policial: no se puede proteger al policía justificando aquello que precisamente destruye la legitimidad de la institución y expone a todos sus integrantes a una condena social generalizada.
El jubilado podría ser su padre
Existe además una contradicción social que cada operativo de estas características vuelve más evidente. El policía enviado a contener una protesta puede compartir con quienes tiene enfrente buena parte de los mismos problemas materiales, porque puede tener un padre jubilado que perdió poder adquisitivo, un hijo con discapacidad que depende de prestaciones estatales, una esposa docente, un hermano despedido o una familia obligada a endeudarse para mantener su nivel de vida.
El uniforme otorga autoridad funcional, pero no cambia automáticamente la posición social de quien lo lleva.
Por eso resulta profundamente problemático colocar sistemáticamente a trabajadores uniformados frente a otros trabajadores y convertir conflictos salariales, previsionales, educativos o sanitarios en problemas de seguridad. Una protesta jubilatoria, una protesta universitaria o un reclamo de personas con discapacidad no nacen como problemas policiales, sino que se transforman en tales cuando la política fracasa en resolverlos por otras vías y decide trasladar sus consecuencias hacia la calle.
Entonces aparece el policía y termina pagando el costo de un conflicto que no creó.
La trazabilidad ahora empieza a subir
Este es el aspecto que probablemente más incomode a quienes todavía piensan el poder con categorías del siglo pasado, porque antes resultaba relativamente sencillo detener el análisis en el último eslabón y hoy cada vez resulta más difícil hacerlo.
Si un policía golpea a un manifestante, las imágenes pueden mostrarlo; si estaba acompañado por un superior, también; si una formación avanzó coordinadamente, las cámaras pueden reconstruir la secuencia; y si existió una orden general, las comunicaciones, testimonios y registros pueden eventualmente demostrarla. La trazabilidad social ascendente consiste precisamente en seguir la actuación estatal desde abajo hacia arriba hasta reconstruir quién ordenó, quién supervisó, quién toleró y quién decidió.
Esa lógica no elimina la responsabilidad individual, sino que la completa, porque una democracia seria no puede conformarse con identificar al agente que ejecutó una conducta y cerrar allí el expediente político.
El costo empieza a acumularse
Hay algo que los gobiernos deberían comprender antes de que sea tarde: estos episodios no desaparecen cuando se levantan las vallas, porque las imágenes permanecen, los videos circulan, los nombres aparecen, las familias los ven, los compañeros los comentan, los abogados los archivan, las organizaciones los comparan y los propios policías observan cómo algunos integrantes de la fuerza quedan expuestos públicamente mientras quienes diseñaron el operativo continúan protegidos por la distancia jerárquica.
Todo eso tiene un costo sobre la legitimidad institucional, sobre la confianza social y sobre la relación entre el trabajador policial y el poder político que lo conduce. También tiene un costo interno, porque ningún sistema puede exigir indefinidamente sacrificio, obediencia, exposición jurídica y desgaste social sin devolver protección, claridad normativa y responsabilidad política proporcional.
La primera advertencia es para el personal policial: cada procedimiento debe ser pensado como si estuviera siendo filmado desde múltiples ángulos, porque probablemente lo esté, y cada actuación quedará potencialmente sometida a revisión. La segunda advertencia es para quienes conducen: tampoco podrán seguir confiando indefinidamente en que la responsabilidad terminará siempre abajo, porque la sociedad está aprendiendo a mirar hacia arriba, a reconstruir la cadena y a conectar al agente con el mando, al mando con el protocolo y al protocolo con la decisión política.
Eso es, en esencia, El poder observado.
El Estado conserva el monopolio legítimo de la coerción, pero está perdiendo algo que durante demasiado tiempo dio por asegurado: el monopolio del relato sobre cómo la ejerce. Cuando una sociedad empieza a mirar con semejante intensidad a quienes ejercen el poder, ya no alcanza con controlar la calle, porque también hay que poder explicar lo que se hizo en ella, quién lo ordenó y por qué.
El poder que observa ya está siendo observado, y esa mirada empieza desde abajo, pero cada vez con mayor claridad deja de terminar allí.
“Quien quiera oír que oiga”
(*) Ex oficial de la PSF. Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente(DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV), «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI) ,«Gobernar mediante la sospecha», «Ciudadanía de Segunda Clase (CSC)» , ¿En nombre del odio? y «La Masacre de Rosario».
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